La crisis narco que se ahonda en Rosario empujó a una reunión entre el presidente, el gobernador Perotti y el intendente Javkin, para mostrarse haciendo algo ante una seguidilla de homicidios que mantiene impávido al gobierno y en vilo a la sociedad; y sobre todo, para tapar dos grandes escándalos que exhibieron con obscenidad los lazos de diversos estamentos del Estado con el delito organizado.

Uno fue la aparición de cajas alimentarias del “Plan Cuidar” de la Municipalidad de Rosario en la casa de los Cantero (“Los Monos”), dando cuenta que la misma formaba parte de la red de punteros de “la Muni”. Días después, se prendieron fuego las oficinas de Desarrollo Social. El otro, el desplazamiento del cuerpo de policía del hermano de la Jefa de Policía de Santa Fe, por haber robado armas incautadas por la sección de criminalística para venderlas a civiles. Emilce Chimenti había sido presentada como una renovación de la cúpula policial por su condición de mujer, tras 6 remociones de jefes sospechados de proteger a grupos narcos.

El resultado de la reunión ejecutiva es el envío de 300 Gendarmes, que se suman a los 500 que ya apostó Aníbal Fernández desde principio de año. Forma parte del latiguillo político de pretender que un reforzamiento represivo alteraría la situación, cuando ya suman 11 los envíos de esta fuerza –bajo las gestiones de los Kirchner y Macri, del “socialismo” y del peronismo en Santa Fe- que no desmanteló ni una sola red narco ni bajó la tasa de homicidio de Rosario, que cuadriplica la del país.  En esa reunión se habló de crear un comando único de seguridad que centralice el tema, frente al hecho de que la multiplicación de las fuerzas de seguridad en lugar de resolver agravó la penetración de las redes narco, a partir de la formación de diversas cajas negras con las que se soborna “a la gorra de todos los colores”.

La penetración del narcotráfico como fuerza organizadora del territorio en colaboración con el Estado los ha convertido en una suerte de “narco punteros”, por sus vínculos profusos con la burocracia sindical, los clubes de futbol, intendentes y empresarios, como se explicitó en los audios publicados durante el juicio a Mac Caddon, un ladero de Los Monos.

La Corte se mete en la crisis

Con un homicidio cada 31 horas en Rosario, la espectacularidad cada vez mayor de los crímenes,  el crecimiento de las víctimas completamente ajenas al hampa, el papelón de que se haya suspendido el juicio contra Los Monos porque “nadie sabía desmutear el Zoom” (sic), las amenazas de muerte contra fiscales, está claro que el descontrol es total y profundiza la crisis política de gobiernos desgastados que aplican el ajuste del FMI. La oportunidad de ganar terreno la vio la Corte Suprema.

“El tema del narcotráfico es tan grave que no admite disputas partidarias menores”, dijo Ricardo Lorenzetti  en sus declaraciones preparatorias de la reunión del 12 de mayo que tendrá lugar en Rosario, de la que participará toda la CSJ y el poder judicial local, parar tratar el tema del fuero federal que tiene competencia en el narcotráfico. La línea apunta a reforzar el arbitraje de la Corte en la crisis política, a partir de un tema por demás sensible en el que todo el régimen político ha hecho aguas. En primer lugar del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, ex intendente de la ciudad de Santa Fe en el ´95, una ciudad inficionada al igual que Rosario por el narco, segunda a nivel provincial en cantidad de homicidios.

En esa década se sentaron las bases para el copamiento narco de Santa Fe con la privatizaron los puertos, que son una zona liberada para los desmanejos de las cerealeras y también para el delito, como el contrabando de armas y de drogas, como se vio en ocasión del desfalco de Vicentin y su  conexión con los puertos de Paraguay.

Los funcionarios judiciales buscan justificar el cuestionamiento enorme que pesa sobre sus espaldas, marcando que el ámbito de competencia de la justicia es actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas, reclamando por más presupuesto frente a la saturación de causas y la falta de personal. Pero el poder judicial forma parte del entramado de impunidad del Estado, como parte del aparato de poder que admite que el sistema penitenciario sea  una escuela para el delito y para nada una instancia de resocialización,  por el hecho directo del involucramiento de su personal en la protección del crimen organizado, por ser una casta vitalicia que asciende junto a su ascendente político, sin que su poder pueda ser revocado por el pueblo.

Un programa de los trabajadores

Se estima que el 75% de los crímenes en Rosario fueron planificados por alguna organización ligada al narcotráfico. Para el año 2013, el 60% de las víctimas de balaceras (asesinadas o no)  se encontraban en un radio no mayor a 10 cuadras de su casa, en su enorme mayoría de los barrios populares. El 50% de las víctimas son varones menores de 25 años. Estas estadísticas que provee el Estado muestran que el fenómeno está concentrado social y geográficamente, cristalizado, a tal punto que existe un mapa del delito por barrio y los jefes de las bandas tras las rejas. Sin embargo operan con total impunidad, porque quienes tienen que reprimir el delito lo protegen, como se vio en los privilegios otorgados por el Servicio Penitenciario a las bandas. Que la mano de obra se reclute entre la capa más afectada de la población por la pobreza y la desocupación, muestra el fracaso de todos los que gobernaron las últimas décadas para darle un futuro a la juventud.

La crisis de inseguridad es una expresión de la descomposición del Estado capitalista, que protege este negocio por ser un motor económico. En Rosario existen laboratorios y cocinas de pasta base -según los expertos, desde 2013- por lo que no solo es una ciudad de tránsito sino también de producción, así como plataforma de exportación a Europa. En la city rosarina opera el “dólar banana”, que tiene una cotización específica para lavar dinero negro, algo que salió a la luz en los allanamientos de financieras que operaban legalmente en pleno centro. El Casino Center fue escenario de balaceras en distintas operaciones narco y está demostrado que el juego legal y clandestino es un gran canal del lavado. Por la protección de este negocio quedó marcado el Senador del PJ por el departamento de San Lorenzo (puertos), Armando Traferri, que no fue a juicio porque todo el arco político decidió no remover los fueros para que sea investigado pese a los audios que lo incriminaban y terminaron con la destitución, procesamiento y cárcel, del fiscal general de Rosario y de su segundo al mando.

Frente a esto, es clave una intervención independiente de los trabajadores. Como debatimos en la charla con Gabriel Solano en Rosario, la inseguridad parte de un régimen narco montado en Santa Fe, que tiene a la policía y las bandas narco operando en los barrios, al Poder Judicial y político como otra pieza clave y al sistema financiero a disposición para el lavado de dinero. Las decenas de puertos privados que bordean el río Paraná son de los principales lugares del país donde se opera el gran contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos. La lucha contra la inseguridad parte de enfrentar a este régimen narcosojero y luchar por reclamos transitorios, como la urbanización de los barrios populares, el establecimiento de corredores seguros, el control popular sobre los libros de las comisarías. No saldrá una respuesta de las disputas de camarillas entre los poderes del Estado.

https://prensaobrera.com/politicas/tenemos-que-poner-en-pie-un-movimiento-popular-con-otras-banderas-las-del-socialismo