El gobierno del Frente de Todos acordó este lunes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción en la meta de acumulación de reservas para 2023, pero al precio de redoblar el ajuste para cumplir la meta de reducir el déficit primario al 1,9% del PBI.

El organismo internacional divulgó un comunicado sobre el acuerdo, en el que felicita al gobierno nacional por haber recortado la asistencia social y las jubilaciones, lo que le permitió sobrecumplir las metas 2022. Según comunicó el equipo negociador argentino, la reducción de la meta de reservas equivaldría a casi U$S 2.000 millones.

La flexibilización de las metas fue justificada por el FMI en que la sequía, que resulta en menores exportaciones de soja y otras materias primas, hacía imposible acumular reservas. Estas incluso vienen cayendo fuertemente por los pagos de deuda (entre ellos los intereses del préstamo con el propio Fondo) y el despilfarro que significa financiar la corrida cambiaria para evitar que se disparen los dólares paralelos. Ahora bien, las mismas causas deprimen también la recaudación impositiva, con lo cual que se mantenga incólume la meta de reducción del déficit fiscal significa que se llevará a cabo una mayor ofensiva contra los trabajadores.

El Fondo cuestionó la aprobación de la moratoria previsional y exigió al gobierno que reduzca el universo de beneficiarios al momento de reglamentar la ley. Asimismo, el Ejecutivo nacional tendrá que profundizar la reducción de los subsidios energéticos vía tarifazos, haciendo que los que no se registraron para pedir la subvención y los comercios paguen la tarifa plena. Esto echará más al fuego de una inflación que superó el 100% interanual, empujada por los precios de los alimentos y los precios regulados.

Esta disciplina fiscal de hierro promete atentar también contra los salarios estatales, y tiene especialmente en la mira los programas sociales. La Unidad Piquetera se encuentra realizando un acampe en pleno centro porteño para reclamar contra las bajas en el Potenciar Trabajo y los recortes en la asistencia alimentaria para los comedores populares.

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Según el economista Fernando Marull, la menor liquidación del campo provocaría una caída del PBI del 3%, y más déficit fiscal, porque el Tesoro se privaría de recaudar más de U$S3.500 millones por retenciones. Además, esto afecta a la recaudación sobre la actividad económica tomada de conjunto (al haber menos actividad, por ejemplo, cae la recaudación por IVA).

Este menor ingreso de divisas, además, podría reforzar el cepo gubernamental sobre las importaciones, agravando las tendencias recesivas de la economía nacional. En el marco del acuerdo, el gobierno tuvo que aceptar mayores restricciones para intervenir sobre el mercado paralelo de divisas y suspender la recompra de deuda. A la vez, no podrá emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo.

El Fondo le dio al gobierno el visto bueno para que pueda lanzar un nuevo dólar soja, con la mira puesta en recaudar más divisas. Esto, que sería una devaluación encubierta mayor, provocará inflación en los alimentos y seguramente nuevas extorsiones a futuro por parte del capital agrario, que querrá más prebendas económicas.

La única manera de terminar con esta expoliación del país es mediante la nacionalización bajo control de los trabajadores de la banca, del comercio exterior y de la economía general, medidas que solo pueden ser llevadas adelante por un gobierno de los trabajadores y la izquierda.

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