A la izquierda del coro que salió a festejar el acuerdo de deuda sellado por el gobierno se ubicaron Patria Grande y el Partido Comunista Revolucionario, en lo que reafirma su compromiso con la orientación proimperialista de Fernández y anuncia que actuarán en su defensa.

Itaí Hagman, referente de Patria Grande y diputado del Frente de Todos, lo catalogó en el Congreso de “muy buena noticia para la Argentina”, pese a que admitió que era el pago de una “deuda tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales”. La irresponsabilidad, claro, la ciñó de manera indirecta solo a la gestión macrista, omitiendo el colosal aporte de 12 años de gestión kirchnerista al endeudamiento nacional.

Años atrás, cuando desde el Partido Obrero ya advertíamos a esta corriente nacionalista su tendencia a integrarse al kirchnerismo, todavía marchaba bajo la consigna del “no pago de la deuda externa”. Ahora Hagman sale a la defensa de “una deuda sustentable, que se pueda pagar”, con una definición que es un embuste. Aseguró que debe ser “compatible con el objetivo principal que es la reactivación del aparato productivo y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo argentino” y que los “sectores exultantes porque hoy subieron sus activos (…) son los que van a tener que hacer el mayor esfuerzo para pagar la deuda interna” con el pueblo, cuyas penurias recordó para la tribuna. Pero el acuerdo con los fondos preanuncia la profundización de un ajuste ya en marcha, la flexibilización laboral y la liquidación total de las jubilaciones, que es lo que reclaman como garantías los bonistas y el FMI. La deuda es y seguirá siendo un mecanismo de dominación imperialista sobre el país, que bloquea su desarrollo productivo, y cuya única “sustentabilidad” pasa por el desangre popular. Que la UIA haya sido una de las principales interesadas en el acuerdo revela que no hay reactivación del aparato productivo posible de la mano de la burguesía nacional, más allá de los sueños de Hagman.

Por su parte, las medidas tomadas y presentadas por el gobierno como “reactivadoras” –acuerdos de suspensiones, subsidios ATP a costa de la Anses- han implicado de hecho un desmejoramiento para el pueblo, mostrando que la unidad de intereses entre los trabajadores y ese empresariado nacional solo existe en los discursos de los Fernández y sus diputados. El “pueblo” gasta la mitad de sus ingresos en impuestos –en primer lugar el IVA-, mientras que los capitalistas acaban de hacerse de una moratoria impositiva.

Lo que se abre, por el contrario, es un escenario de mayores batallas entre los distintos sectores de los capitalistas locales por subsidios y beneficios impositivos, y junto a ello de presiones colosales de un capital financiero ante el cual el gobierno reculó sistemáticamente hasta llegar al acuerdo. Las promesas de Hagman de atenciones a la “deuda con el pueblo” van en sintonía con las que se hicieran sobre un impuesto a las grandes fortunas, sobre la expropiación a Vicentin y sobre la estatización de las privatizadas que han dejado sin luz a decenas de miles en la pandemia. Como ellas, barnizan a un gobierno entregador de “nacional y popular”, y como estas quedarán en la nada.

Por el PCR habló el diputado nacional y secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien dijo que “el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán forcejearon muy duro con los grupos muy poderosos”, en un uso verdaderamente creativo del lenguaje luego de meses de ofertas una más gravosa que la otra, que concluyeron con el compromiso de pagar 95.000 millones de dólares por una deuda de 68.000. Alderete pidió de cualquier manera que “se suspendan los pagos hasta saber qué parte de la deuda es lícita y cuál no” y se investigue, cuando el sentido de acordar es justamente el contrario, y cuando una investigación a fondo solo puede concluir con el no pago de la deuda, usurera y refinanciada hasta el hartazgo.

Las declaraciones de los bolivarianos de Patria Grande y los maoístas del CCC-PCR no son solo engaños a la población trabajadora, sino el anuncio de que actuarán como garantes del ajuste que se prepara y de la entrega colonial, jugando un rol reaccionario ante las convulsiones sociales que vendrán con ellos. Es lo que han venido haciendo ya desde el gobierno macrista, con la tregua del Triunvirato Vaticano pese al hambre arrasadora, y profundizaron con su voto a principio de año a favor de la entrada de tropas yanquis al país, defensas apasionadas -como la de Hagman- al ajuste jubilatorio y la política de cooptación orquestada desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad conducido por Elizabeth Gómez Alcorta (Patria Grande), con el objetivo de contener al movimiento de mujeres mientras crece la violencia contra ellas y continúan las muertes por aborto clandestino.

El rechazo al pago de la deuda constituye un elemento central e insustituible de defensa nacional. Que la izquierda de conciliación de clases, que se proclama “antiimperialista”, haya renunciado a ese rechazo hasta de palabra, muestra sus límites insalvables.

La izquierda revolucionaria tiene el enorme desafío de profundizar la organización de los trabajadores y trabajadoras, de manera independiente del Estado, para enfrentar el pacto colonial y el ajuste y preparar una salida propia. Es el objetivo que persiguen el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad, por el que impulsamos el Plenario del Sindicalismo Combativo del día 12 de agosto, las luchas en curso y todas las que vendrán.

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