Políticas

29/11/2024

El peor octógono: exceso de malnutrición

La alimentación de la población se degrada al ritmo del poder adquisitivo.

El gobierno quiere eliminar la Ley de Etiquetado Frontal.

Mientras el gobierno se jacta de que la pobreza estaría bajando, la calidad de vida de los argentinos viene cayendo el picada. Los ingresos de la población son pulverizados sistemáticamente a costa de tarifazos y paritarias a la baja, lo que trae como consecuencia la degradación cuantitativa y cualitativa de procesos básicos para la subsistencia como la alimentación.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), en 2024 el consumo de carne vacuna en el país cayó drásticamente, marcando el nivel más bajo en 28 años. Esto es producto principalmente de la pulverización salarial e impacta de lleno en la calidad de la alimentación de la población.

Entre enero y octubre, el consumo per cápita de carne vacuna se desplomó un 11,2% en comparación con 2023. Eso lleva a que los consumidores opten por proteínas más accesibles como el pollo y el cerdo. Tal es así que el consumo de la proteína avícola se ubica hoy en 47 kg por habitante al año y la de huevos en 21,2 kg (equivalentes a 336 unidades) anuales per cápita, totalizando 68 kilos por persona al año. Sucede que con el precio de un kilo de carne vacuna, se pueden comprar tres kilos de pollo o dos y medio de cerdo.

Vale destacar que, pesar de esta caída interna en el consumo, la producción nacional de carne vacuna no disminuyó. En octubre, la faena de animales alcanzó las 290.000 toneladas res con hueso, el volumen más alto en 15 meses. Sin embargo, esta producción no se destina al consumo local, sino que se está exportando en grandes cantidades. Las exportaciones de carne vacuna llegaron a 784.000 toneladas en los primeros diez meses del año, un aumento del 12% interanual. 

En septiembre, el precio promedio por tonelada exportada subió un 8,4% respecto al mes anterior, lo que presiona sobre el precio del precio local. Lo mismo sucede con los lácteos. Hasta ahora, 1990 había sido el año con menor consumo de leche de la historia, con 162 litros per cápita. Hoy, 2024 le rompió la marca: es el peor año d la historia, con 156 litros. En tanto, Mastellone tuvo un variación positiva de su patrimonio neto del 2050%. Mientras privan a la población de su consumo, los capitalistas amasan ganancias millonarias.

Esta es solo una de las expresiones del derrumbe del poder adquisitivo de los salarios, cuya contracara es una alimentación sumamente deficitaria. Según Unicef y el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), el día anterior a la encuesta el 16% de las niñas y los niños menores a dos años no consumió frutas ni verduras, mientras que el 54% consumió bebidas endulzadas (leche chocolatada o saborizada, yogur, gaseosas, jugos) y alimentos no saludables como galletitas, amasados de pastelería, productos de copetín, aderezos, fiambres y embutidos, los cuales son mucho más baratos y rendidores que los alimentos nutritivos. A esto se agrega que la lactancia se ve frecuentemente interrumpida por la necesidad que tienen las madres de volver al trabajo para que no les descuenten los días.

Además, un porcentaje significativo consume comidas con sal o azúcar agregada regularmente, con mayor prevalencia entre las familias de bajos recursos. Sucede que los productores, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, utilizan técnicas como la sustitución de materias primas por otras más baratas y de menor calidad para reducir el costo de producción, pero también se valen de la sobreutilización de sales y azúcares para conservar los productos durante una mayor cantidad de tiempo, de manera tal de exprimir al máximo la capacidad productiva, lo que además supone una enorme ganancia para las azucareras y salineras.

Esto se traduce, lógicamente, en alimentos repletos de sales y azúcares, que es lo que ha demostrado la Ley de Sellos, la cual fue muy combatida por el lobby azucarero y ahora el gobierno busca eliminar congraciándose aún más con estos capitalistas. Si bien la misma no resuelve la alimentación de la población, dado que la calidad y la cantidad que una familia puede comprar depende de su poder adquisitivo y la producción alimenticia está en manos de un puñado de capitalistas, la generalización de octógonos en los envases generó un impacto al desnudar que todos los productos que consumimos diariamente poseen exceso de calorías, de azúcares y de sodio.

Este factor es un claro impulsor de enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, algo que se está viendo cada vez en niños, de la mano de la desnutrición. Por citar un ejemplo, la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2018 dejó en evidencia que en nuestro país el 41% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), de entre 5 a 17 años, presentó exceso de peso (prevalencia de sobrepeso 20,7% y de obesidad 20,4%), situación que se agravó con la pandemia. Según la Sociedad Argentina de Diabetes, los adolescentes de bajo nivel socioeconómico tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso respecto de los adolescentes del nivel socioeconómico más alto y, la población con nivel educativo “hasta primario incompleto” tiene más obesidad.

Al mismo tiempo, el 15,5% de los menores de 18 años sufrieron inseguridad alimentaria severa en el último año, según el Banco de Alimentos de Buenos Aires y alcanza al 8,6% de la población de todas las edades. Esto es producto de la brutal política de hambre y miseria que lleva adelante el gobierno, y que mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza.

En 2022, la Universidad Católica Argentina la Red Argentina de Bancos de Alimentos y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea) ya afirmaban que “Solo un 11% de los argentinos tiene una alimentación de calidad”. La calidad de los alimentos se deteriora pero los consumidores terminan pagando lo mismo o incluso más, es por eso que ha disminuido la injerencia de los alimentos dentro de los gastos en un hogar: una pareja con hijos destina el 22% del salario a alimentos y bebidas no alcohólicas, cuando lo hacía en un 25,7%. En tanto, según el Banco de Alimentos de Buenos Aires, 4,5 millones de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años que viven en hogares en los cuales, por problemas económicos, se redujo la cantidad de alimentos consumidos.

Las familias comen poco y de baja calidad producto de la pulverización de sus ingresos, mientras los capitalistas se enriquecen a mansalva. En este contexto, el gobierno le niega alimentos a los comedores populares y persigue a organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, que son quienes los montan y gestionan para alimentar a todas aquellas familias que no pueden acceder a un plato de comida. También son aquellos que combaten el hambre y pelean por trabajo genuino, para que ningún trabajador ni sus hijos pasen hambre.

La única manera de defender la nutrición de la población, de terminar con el hambre y la miseria a la que miles de niños y adultos son sometidos día a día, es terminar con la política de ajuste del gobierno.

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