El mismo día en el que se conoció el nefasto DNU de Milei, que declara a la educación un servicio esencial con el objetivo de erradicar todos los derechos de protesta de la docencia, aspecto clave para hacer pasar todos los embates de la Ley Ómnibus en contra de la escuela pública, se reunió por primera vez el Consejo Federal de Educación bajo la era del liberfacho, presidido por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

De dicho organismo participan todos los ministros de educación de las provincias -nueve de ellos son peronistas. Ninguno impugnó en el CFE el DNU, ni siquiera en lo referido a la educación. Seis días después, esos embates se explicitaron en el también nefasto proyecto de Ley Ómnibus.

El silencio no sólo es aleccionador respeto a la gobernabilidad de Milei que sostiene el peronismo. Es también la moneda de cambio por la designación de una ministra de Unión por la Patria como vicepresidenta del CFE, la segunda autoridad después Torrendell, la santiagueña Mariela Nassif.

Tampoco se conoce rechazo alguno de parte de los integrantes del CFE a la asfixia presupuestaria que implica mantener un presupuesto nacional en los mismos valores del 2023, año que terminó con la inflación récord del 211,4%.

Por el contrario, escucharon atentamente el discurso de Torrendell, que describió a la motosierra antieducativa como una “política educativa participativa: no implica anarquismo, ni desorden, tampoco centralismo, sino que debemos encontrar de qué manera podemos cooperar”. El deslucido Torrendell resaltó ante los ministros provinciales que “el desafío es institucionalizar, lo cual no quiere decir burocratizar, sino cumplir las normas, ver qué nos falta, mejorar a partir de lo que hay” (El Litoral, 21/12/2023). Pasó factura y anunció el ajuste antieducativo bajo la completa aceptación de todos los jefes de la educación de las provincias, incluyendo a los ministros PJ-kirchneristas.

El ajuste de los gobernadores

Los gobernadores de todos los signos ya avisaron que si hay ajuste a sus recursos de parte del gobierno nacional ajustarán a los trabajadores de sus provincias, incluso a la educación pública.

Esta política ya tuvo lugar en la provincia de La Rioja, en la cual el peronista Ricardo Quintela ajustó salud y educación. Pero el lugar más emblemático del ajuste provincial está con Kicillof en Buenos Aires. Alberto Sileoni, el ministro de educación bonaerense, ya anunció que no podrá sostener ni el crecimiento de la matrícula -ante el éxodo de alumnos de la educación privada-, ni los comedores escolares -ante el aumento exponencial del hambre. Con los “aumentos” a las asignaciones sociales festejados por Milei, la pauperización de la comunidad educativa es insostenible. Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2024 son de $33.000 por hijo; la Asignación por Embarazo de $33.000; y la AUH de $66.057. Antes de la actual estampida inflacionaria, el Indec calculó el gasto para sostener a un hijo en $150 mil.

Los fuegos de artificio de Kicillof y Sileoni en las redes sólo son un taparrabos para ocultar su coincidencia con el brutal ajustazo y con el planteo de que los costos de la crisis capitalista los pague clase obrera. Además, la idea de ir a paritarias -propuestas por la propia burocracia sindical- que reduzcan el horario de trabajo para no aumentar el salario pone en jaque la meneada quinta hora de la escuela primaria, lo que sería, no sólo un ajuste, sino un verdadero papelón.

Ctera institucionalizó la gobernabilidad para Milei

La ofensiva antieducativa que está en marcha es la más anunciada de toda la historia. Sin embargo, Ctera se negó a desenvolver un plan de lucha contra la política del actual gobierno antiobrero. El planteo público de Hugo Yasky de que no hay que salir a la lucha y dejar que esto decante ya tuvo su expresión política en un acta firmada el 5 de enero en una reunión con el gobierno que, según la burocracia sindical, garantizó que mantendría la mal llamada paritaria nacional docente. Sonia Alesso y Roberto Baradel terminaron la reunión con el gobierno y se marcharon tranquilos a sus casas.

Esta firma es la consolidación de la política de la burocracia yaskysta de sostener dos ajustes: el de Milei y el de los gobernadores peronistas, pero fundamentalmente el ajustazo del gobernador Axel Kicillof.

En esa sintonía, Baradel declaró que su preocupación es que “la política que trajo Milei tiene que ver con recortar todo tipo de transferencias con el gobierno provincial”, lo que obligaría a “buscar un esquema para defender el salario docente, las jubilaciones, la obra social provincial (Ioma), y los recursos que necesita la provincia de Buenos Aires y que tiene que girar el Estado Nacional para poder sostener un funcionamiento que dé respuesta a todos los bonaerenses” (Página 12, 12/1).

¿Qué esquema, Baradel? Lo que hay que hacer es poner en pie a Ctera, convocar asambleas abiertas y lanzar un plan de lucha nacional y provincial por el salario, las jubilaciones y por Ioma, no un esquema de defensa de las rentas del gobierno ajustador de Kicillof.

Mientras la burocracia anda en esta porquería, en la provincia de Buenos Aires el salario inicial de una/un maestra/o de grado es de $265 mil y de $ 353 mil con la máxima antigüedad, frente a una canasta de pobreza de $500 mil que todos los economistas señalan trepará a $ 600 mil en enero.

El 24, todos al paro y a la movilización en una columna independiente

La CGT y las CTAs convocan al paro del próximo 24, pero con el horizonte de presionar a los diputados/senadores y a la Justicia para que rechacen o al menos restrinjan los alcances del DNU y del proyecto de Ley Ómnibus. Al igual que los gobernadores y legisladores de todo el arco del peronismo, buscan una negociación con Milei; son enemigos de que la movilización popular derrote al gobierno derechista. Responden a la voz de mando de Cristina y de Massa, contrarios al paro arrancado por las bases a la CGT; pregonan darle tiempo y aire al gobierno archi antiobrero.

Llamamos a la docencia combativa a parar masivamente y a movilizarse el 24 en forma independiente de la burocracia sindical, junto al movimiento piquetero y los sindicatos combativos como el Sutna, AGD-UBA, los sindicatos docentes multicolores, etc, y a sumarse al plenario del 20 de enero convocado por el Frente de Lucha Piquetero, el Sutna y otras organizaciones en las instalaciones del predio recreativo de El Jagüel perteneciente al sindicato del neumático. Será una instancia para organizar una columna independiente con todos los sectores en lucha.

El paro y la movilización de la docencia combativa fortalecerán la organización de un plan de lucha en febrero para organizar el no inicio. En esa orientación, invitamos a las y los trabajadores de la educación, los sectores en lucha de la comunidad educativa y del movimiento estudiantil que enfrentan el ajuste, a sumarse al XVI Congreso Nacional de Tribuna Docente, que se realizará los días 17 y 18 de febrero en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

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