A través de la bancada del PO-FIT en la legislatura porteña, el legislador Gabriel Solano presentó un proyecto de ley para prohibir los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires por 180 días y que se garantice el acceso a la vivienda.

La crisis habitacional que hace años viene afectando a amplias capas de trabajadores en la ciudad, produciendo su expulsión del territorio porteño, se ha incrementado en los últimos meses de pandemia. La situación de despidos, cierres de fábricas y la disminución de los ingresos de los cuentapropistas y trabajadores precarizados, ha producido que miles de trabajadores inquilinos vean afectada su posibilidad de pagar los alquileres en tiempo y forma o de afrontar las subas de los mismos y se hayan visto enfrentados a un eventual desalojo.

Frente a esta situación, la única medida tomada a nivel nacional ha sido la sanción del DNU 320/20, que establece la prohibición de desalojos y aumentos de alquileres solamente hasta el 30 de septiembre, que fuera prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, produciendo que luego de esa fecha los inquilinos carguen con las abultadas deudas, a pesar de que todos los pronósticos indican que la economía no volverá a activarse en el próximo tiempo. Aun así, no hay ningún marco legal que ampare a aquellos inquilinos informales y precarizados que no cuentan con un contrato de por medio, como sucede en las villas y asentamientos, donde durante estos últimos meses se han producido decenas de desalojos sin amparo alguno.

El déficit de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que se orienta al beneficio de los especuladores inmobiliarios y el encarecimiento del suelo, ocasiona que el precio de los alquileres se encuentre muy por encima de los salarios promedio de las más de 800 mil personas que hoy en día se encuentran debajo de la línea de pobreza en el distrito, de las cuales 300 mil viven en villas no urbanizadas y con condiciones sanitarias y de habitabilidad que son un factor que incrementa las posibilidades de contagio por Covid-19.

Es necesario establecer la prohibición de desalojos en la ciudad, ya sean trabajadores que alquilan con un contrato de por medio o no, para lo cual el Estado debería establecer un registro de los inquilinos precarizados y proceder a la creación de un subsidio habitacional para aquellos que no puedan afrontar el pago de los alquileres y para los propietarios cuyo único ingreso sea el pago del mismo. Para garantizar el derecho a la vivienda digna debe garantizarse la posibilidad de acceder a una transitoria en vías de la obtención de la vivienda definitiva. Para esto el proyecto plantea la creación de un banco de tierras y viviendas ociosas que sean destinados a tal fin.

Debemos profundizar la lucha para evitar todo intento de desalojo por parte del Estado, como está planteado en Guernica, y que se garantice el acceso a la vivienda para todos los trabajadores. Por todos estos reclamos, vamos a un congreso de la vivienda en la ciudad para debatir un plan de lucha y de salida a la crisis.

https://prensaobrera.com/politicas/gran-rebelion-de-enfermeria-contra-rodriguez-larreta/