Si las vísperas del clásico sudamericano en la final de la Copa América no era suficiente condimento para la cumbre de un Mercosur que se encuentra empantanado por el dislocamiento comercial de la región, el anuncio del gobierno uruguayo de comenzar a negociar de forma unilateral acuerdos por fuera del bloque terminó de ponerle picante. Refuerza así la presión, comandada por Jair Bolsonaro, de reducir los aranceles comunes a las importaciones, lo cual es resistido por las confederaciones industriales de los cuatro países miembro. Alberto Fernández, que busca negociar un punto medio con el derechista carioca y cuestionó la decisión de Uruguay, expresa una posición defensiva e incapaz de revertir la desintegracion económica regional, porque esta obedece a la crisis capitalista y la inserción semicolonial de las naciones sudamericanas en un mercado mundial caracterizado por la guerra comercial.

Si bien la comunicación que hizo el canciller de Luis Lacalle Pou, acerca de que Uruguay encararía negociaciones extrabloque de manera unilateral -abandonando la práctica establecida de avanzar solo en común-, cayó como un baldazo de agua fría en la previa del encuentro virtual entre los mandatarios del Mercosur y Estados asociados, lo cierto es que es la decantación de una tensión que se arrastra en torno a la flexibilización arancelaria y en materia de acuerdos comerciales con otros países y bloques. El tema dominó la cumbre de marzo, celebrada a 30 años del Tratado de Asunción que le dio origen, y fue el motivo de la suspensión de una reunión de cancilleres que debía realizarse en junio. Ahora, al asumir la presidencia pro témpore del bloque, Bolsonaro reiteró que apostará por una “modernización”.

La intención de proceder a acuerdos comerciales por separado estaba sobre la mesa desde hace tiempo, debido al empantanamiento de las gestiones por poner en marcha tratados de libre comercio. Ello, sin embargo, no se debe exclusivamente a que Argentina ponga palos en la rueda -aunque se opone a algunas negociaciones, especialmente con China. Finalmente, Alberto Fernández abandonó sus críticas al acuerdo Mercosur – Unión Europea (que tanto cuestionó en campaña electoral), pero el mismo sigue trabado por las reticencias que despierta tanto en el sector agrícola del viejo continente como en las patronales industriales sudamercianas. Esto porque la liberalización arancelaria favorecería las exportaciones agroganaderas pero afectaría de lleno a sectores como las farmacéuticas o la automotrices, que deberían competir con las importaciones europeas.

Estos choques intercapitalistas son el trasfondo de la disputa, y la demostración de que el conflicto no responde a diferencias ideológicas entre presidentes. Tal es así que, una vez más, las cámaras industriales de los cuatro países salieron a cuestionar tanto las tratativas unilaterales como las propuestas de reducción del Arancel Externo Común (que grava las importaciones) y la modificación a la baja del Régimen de Origen. Las patronales advierten que no tienen capacidad para competir con industrias extranjeras y que una liberalización las llevaría a la ruina. Como observamos, esto vale más que nada para la automotriz, que está protegida con aranceles del 35%. Una baja significativa, como la propuesta por Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes de reducir unos 20 puntos todos los gravámenes, amenaza con barrer parte del parque industrial criollo. Alberto Fernández intenta acordar que se exima de la baja arancelaria al 25% de los rubros, entre los cuales se encuentran el textil, el automotriz y el químico.

Como fuera, estamos ante una declinación del comercio intrarregional, y más aún del fracaso rotundo en avanzar en una integración tras tres décadas de vigencia. Desde su pico histórico en 2011, el intercambio al interior del bloque cayó casi en una cuarta parte. No se ha registrado un desarrollo industrial en ninguno de los países, aunque sí es cierto que las empresas (a menudo multinacionales) se beneficiaron con los menores impuestos entre naciones y especialmente con la presión bajista que ejerció sobre los convenios colectivos de trabajo. Hoy tenemos a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay compitiendo por las exportaciones de los mismos productos, primarios y derivados de la soja y la carne, a los mismos destinos. Este comercio exterior colonial es la raíz del dislocamiento, agravado por las devaluaciones de las monedas respectivas.

El portazo anunciado por Lacalle Pou no solo reafirma el sentido por el cual venía insistiendo su gestión, sino que incluso tiene antecedentes en los frenteamplistas Tabaré Vázquez y José Mujica, y hasta en el colorado Jorge Batlle. Esto porque Uruguay ha sido expoliado por Brasil y Argentina, con quienes históricamente mantiene un intercambio deficitario. El objetivo principal es allanar el camino para un acuerdo con China, que es el destino de la cuarta parte de las exportaciones charrúas, y se ha convertido en uno de sus principales fuentes de financiamiento. Para el gigante asiático sería además la puerta de entrada para destrabar la resistencia de los dos socios mayoritarios a un tratado de libre comercio.

El alto impacto que esto tendría en la región es un factor de crisis. De hecho, la decisión del mandatario uruguayo de cortarse solo responde a cierto giro del gobierno brasileño, que apoyaba aquella postura a cambio de un respaldo en su intento por flexibilizar aranceles. Pero la magnitud de la crisis política en su país, el rechazo de los industriales paulistas y la proximidad de las elecciones llevaron a Bolsonaro a adoptar una posición más cuidadosa. La oposición a la baja arancelaria fue uno de las temas centrales de la sugestiva reunión que mantuvieron los expresidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso.

Lo que nadie puede ocultar es que el impasse del Mercosur obedece a su fracaso en catapultar un desarrollo de las naciones que lo componen. Las burguesías nacionales nunca dejaron de ser socias menores del saqueo de los grandes pulpos imperialistas, que dominan sobre todo las grandes ramas de exportación. La posición de Alberto Fernández no expresa ninguna ambición nacionalista, sino una postura defensiva y hasta de parálisis, derivada de su postración al imperialismo y el capital financiero. Su viraje respecto del acuerdo Mercosur-UE obedece a la necesidad de ofrecer garantías de repago el FMI, para lo cual depende de las divisas del complejo agroexportador. Por otro lado, la resistencia a un tratado de libre comercio con China no puede ocultar que el intercambio comercial con la nación celeste, a pesar del boom sojero, es marcadamente deficitario (en 2.450 millones de dólares en los primeros cinco meses del año) porque de allí se importan bienes de capital e insumos industriales. Hasta con los propios socios del bloque registra un déficit comercial de 1.300 millones de dólares.

Para China no se trata solo de mejorar sus ventas. Es el principal comprador de las exportaciones del Mercosur, pero los capitales yanquis siguen siendo dominantes en cuanto inversión extranjera directa. Por eso la ambición del régimen de Xi Jinping en penetrar en obras de infraestructura y en ramas estratégicas: es lo que vemos en Argentina con el papel destacado de Cofco y Syngenta en la cadena agroindustrial y los préstamos para la construcción de centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, y en la ambición de quedarse con la concesión de la Hidrovía y hasta las obras de gasoductos planificadas. En definitiva, se enmarca en la apuesta estratégica incorporar a Sudamérica en la Nueva Ruta de la Seda.

Esto choca con la política exterior de Joe Biden, que pretende recomponer su injerencia imperialista en la región. Si hace tiempo que ello se expresa en la carrera por la instalación de la tecnología 5G de las telecomunicaciones, hoy lo refleja de manera destacada el lobby de sus farmacéuticas por hacerse con el mercado de vacunas contra el Covid-19 (materia en la que se adelantaron Rusia y China). Este es el trasfondo del vergonzoso decreto del gobierno argentino que, al punto de violentar una ley ya leonina, consagró todas las exigencias de Pfizer para contar con inmunidad absoluta. Lo mismo puede decirse de las idas y vueltas en torno a la licitación de la Hidrovía, que el gobierno argentino prometió colocar bajo supervisión de la OCDE.

Con todo, es una presión contradictoria, porque si el acatamiento a las exigencias del FMI condicionan toda la política económica del Frente de Todos, al mismo tiempo el repago de la deuda depende de las exportaciones agrarias a China. Es un precario equilibrio, que en todos los casos implica un saqueo de los recursos del país, una reprimarización productiva y un dominio del capital internacional. La apuesta por esquivarle al bulto recurriendo a organismos internacionales de crédito viene de sufrir una derrota en la CAF (Corporación Andina de Fomento), donde precisamente por la ausencia de apoyos del Mercosur quedó sin sustento la candidatura del argentino Christian Asinelli.

Aclaremos por último que ni el gobierno de Alberto Fernández ni las cámaras industriales que salieron con los tapones de punta contra la liquidación del esquema arancelario de Mercosur ofrecen vía alguna para el desarrollo productivo regional.  Si el primero expresa un impasse, las segundas evidencian un rol parasitario. El complejo automotriz, principal implicado en la cuestión, opera tanto en Argentina como en Brasil por debajo de la mitad de su capacidad instalada (con predominio de componentes importados), y el retiro de Ford del país carioca sacó a relucir la contracción del mercado. En este cuadro, las patronales aprovechan la volteada para presionar por incrementar la competitividad a fuerza de flexibilización laboral y reducciones impositivas (para lo cual exigen un mayor ajuste del gasto público). A los trabajadores solo le tocan los platos rotos.

El hundimiento del Mercosur es una manifestación evidente de la incapacidad del las burguesías sudamericanas, y los gobiernos (centroizquierdistas, nacionalistas y neoliberales) que se sucedieron en los distintos países durante las últimas décadas, en lograr un desarrollo industrial y superar la dependencia económica. La asociación con el capital imperialista, la fuga de capitales y el mecanismo de expoliación de la deuda externa son la base de esta tendencia declinante del capitalismo regional, que hoy enfrenta a los distintos países como exportadores primarios y los deja a la deriva en la guerra comercial que domina el mercado mundial.

Solo la unidad de la clase obrera, cuyos intereses trascienden las fronteras y no deben subordinarse a sus patronales parasitarias (como brega la burocracia sindical y los voceros nac&pop), puede abrir paso a una etapa de integración regional, sobre la base del repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para invertir la riqueza producida en una industrialización y desarrollo autónomo, en la perspectiva de una federación socialista de América Latina. La ola de rebeliones que surca desde Colombia a Chile, pasando por Paraguay y las grandes movilizaciones en Brasil, ponen sobre la mesa la justeza de este programa.

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