Las polémicas corren el riesgo de transformarse en inconducentes cuando se corre el tema central de debate. Para que no ocurra lo mismo en el debate que recorre al Frente de Izquierda sobre el pedido de condena a CFK, queremos ir al grano. En una respuesta al Partido Obrero, el PTS insiste con que no estarían probados los vínculos de Cristina Kirchner con los hechos de corrupción por los cuales se la acusa, en idéntica postura con la defensa de los propios abogados de la expresidenta. Nos preguntamos: ¿el PTS se ha convertido en abogado de defensor de Cristina Fernández? La función de un partido revolucionario es defender a los trabajadores del ataque que reciben del gobierno que ella integra y llamarlos a romper con el peronismo, no a solidarizarse con él.

En tuits de sus dirigentes como en un artículo de La Izquierda Diario el PTS concentró sus críticas en la cercanía entre jueces y fiscales con el macrismo, pero de esa ligazón deriva que “no se pudo probar un vínculo directo de Cristina Kirchner con los hechos”, y luego presenta como refuerzo de ello el hecho de que la acusación sea por “asociación ilícita”. Así, llega a la conclusión de que “para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgadas por jurados populares”. Es una posición solidaria con la defensa que ensayó la propia expresidenta, quien en su discurso no demostró su inocencia sino que incriminó además al personal político del macrismo y al elenco judicial.

Por el contrario, para el Partido Obrero la existencia de una persecución judicial por parte de un Justicia colonizada por los partidos y lobbies patronales, de uno u otro campo, convive con el hecho de la responsabilidad de Cristina en la corrupción de su gobierno. Desde ya, el alegato del fiscal Luciani está lejos de abarcar toda la trama de corrupción manifestada en la causa, lo cual revela la manipulación en la acusación y la intención de proscripción política que persigue, pero es innegable la responsabilidad de Cristina en estos negociados, al igual que la de Macri y sus funcionarios. A la luz de esto es que el PO cuestionó a las fuerzas de izquierda que niegan estos hechos, lo cual las coloca como colaboradoras del operativo del kichnerismo por autoabsolverse.

En su respuesta, Guillermo Pistonesi intenta demostrar que no habría tal divergencia de posiciones, y como prueba de que la acusación sería infundada destaca que el referido artículo de LID sostenía que “la falta de imparcialidad en este juicio no niega la corrupción sistemática en la obra pública, ni confirma que Cristina Kirchner no tenga responsabilidad”… ¡pero así dicho tampoco estaría confirmada su culpabilidad!

En realidad, para los trabajadores la corruptela durante los gobiernos de Néstor y Cristina tuvo costos muy altos. Lo sufrimos en particular los militantes del Partido Obrero, cuando asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra por apoyar la lucha de los tercerizados ferroviarios, atacada a fuego por la burocracia de Pedraza y la Unión Ferroviaria precisamente porque golpeaba sobre un enorme entramado de corrupción con las concesiones públicas a costa de la superexplotación laboral. Un año y medio después la misma triada siniestra de funcionarios, privatizadas y burocracia sindical que lucraba con las concesiones de las líneas de trenes a base del vaciamiento decantó en la Masacre de Once.

En lugar de valerse de la corrupción revelada y de la propia autoincriminación de la líder del camporismo para denunciar, ante los trabajadores, que los mismos que les exigen un esfuerzo soportando el ajuste son quienes se enriquecieron junto a la patria contratista gracias al manejo de los fondos públicos, el PTS concluye que “la situación vuelve a dejar en evidencia que este Poder Judicial no puede investigar la corrupción que surge en los muchos negociados entre el Estado y los grandes capitalistas”. Pero de hecho el poder judicial investiga y llega a conclusiones. Una cosa es denunciar el carácter de clase de la justicia y otra es negar en bloque todos los resultados de una investigación judicial.

Tal es así que Pistonesi vuelve a llegar a la misma conclusión en que hicieran eje los tuits de Bregman: que las causas por corrupción deben llevarse a cabo mediante juicios por jurado. Esto, que valdría para Cristina Fernandez de Kirchner, no fue dicho en otros juicios por corrupción de dirigentes políticos de distintas fuerzas; es un argumento a medida. Pero el PTS presenta los juicios por jurados como si fueran tribunales populares, cuando en realidad son parte de la maquinaria del Estado burgués, vigente ya en varias provincias, en los juicios penales en Estados Unidos y en otros países. No implica una democratización sustancial del sistema de Justicia, donde jueces y abogados siguen llevando la voz cantante y aplicando la legislación capitalista.

Todo rechazo al pedido de condena proscriptiva debe partir a la vez de la crítica al operativo político del kirchnerismo por presentarse como perseguido por representar las necesidades populares. El desarrollo del Frente de Izquierda como alternativa política de los trabajadores depende de su capacidad por combatir a este régimen de corruptelas y ajustadores desde un campo de independencia política.

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