El gobierno viene alistando un decreto para otorgarle mayor disponibilidad de divisas a aquellas petroleras que incrementen su producción. La medida apunta a reducir los niveles de importación de energía, en función de preservar las reservas del Banco Central para cumplir con las exigencias del FMI. Contradictoriamente, la flexibilización del cepo por esta vía puede desatar una fuga mayor.

Si bien se desconocen los detalles del decreto, podemos afirmar que tener acceso a los dólares es una demanda de primer orden por parte de las empresas hidrocarburíferas, en pos de girar sus ganancias al exterior con mayor facilidad. Y, en ese sentido, extorsionan con no revertir la huelga de inversiones en la que están sumidas si el gobierno no les concede dicha prerrogativa. Al mismo tiempo, presionan por un precio sostén que equipare a los precios internacionales en alza, lo cual devendrá en nuevos tarifazos sobre los usuarios de gas y luz.

Por su parte, el oficialismo está apremiado por aumentar la producción de petróleo y gas en suelo local puesto que ha pegado un salto el precio internacional de estos insumos tras el estallido de la guerra, con lo que las importaciones se vuelven cada vez más costosas, provocando una sangría de divisas. Las consultoras privadas estiman que, en estas condiciones, el país gastará alrededor de USD 12.000 millones durante el 2022 importando energía, alcanzando un déficit de la balanza comercial energética de aproximadamente USD 5.000 millones. Lo anterior atenta contra los objetivos de acumulación de reservas impuestos por el FMI.

Sin embargo, flexibilizar las restricciones cambiarias para las petroleras no necesariamente redundará en un crecimiento de la inversión ni mucho menos traerá solución alguna al déficit energético. Además, nada garantiza que esta iniciativa proporcione un impacto positivo en las reservas, ya que los pulpos petroleros quedarían eximidos de liquidar la totalidad de los dólares provenientes de sus ventas al exterior.

Por otra parte, este régimen cambiario especial tropieza con las dificultades que viene encontrando el Banco Central para retener los dólares que ingresan al país, con lo cual será difícil que prospere. Como podemos ver, el superávit comercial del primer cuatrimestre por USD 2.830 millones no se tradujo en una mejora de las reservas ya que primó la fuga de capitales bajo sus diferentes variantes. El gobierno pone el acento en promover las inversiones foráneas profundizando los incentivos al capital para que arriben divisas, sin embargo, da vía libre al saqueo mediante el cual se dilapida el saldo comercial de Argentina.

Todas estas contradicciones son producto del “síndrome de la frazada corta” que condiciona el conjunto de la política oficial, orientada a cumplir un acuerdo inviable con el FMI. El telón de fondo es la bancarrota del Estado a la cual han contribuido los sucesivos gobiernos en su tarea de defender las ganancias de la clase capitalista. De esta encerrona saldremos con un programa obrero y popular que conduzca al país hacia un destino de desarrollo al servicio de las mayorías.

 

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