La novela de la inflación sumó un nuevo capítulo. Un día después de que el gobierno anunciara un “acuerdo” con los empresarios de las principales cadenas de supermercados para retrotraer los precios de 600 productos a los valores del 10 de marzo, ahora estos últimos hicieron ver que no se trataría de una conformidad entre las dos partes. La “guerra contra la inflación” del gobierno no es más que un slogan mediático por el que improvisa una y otra vez negociaciones que ya fracasaron en numerosas ocasiones con las alimenticias y los supermercados, buscando encubrir que es su propia política económica, supeditada al acuerdo con el FMI, la que nos lleva a este cuadro inflacionario.

Quienes nos gobiernan buscan barrer bajo la alfombra como son, por ejemplo, los naftazos y los tarifazos que ellos mismos habilitaron una parte sustancial de los aumentos de precios. En el centro de la escena aparece una economía dirigida y orquestada bajo el telón del pacto con el Fondo Monetario Internacional, que es de por sí un acuerdo de características inflacionarias. Las tendencias inevitables a una devaluación que no sólo licúe la deuda en pesos, sino también el poder adquisitivo; los ataques contra el salario y toda la batería de medidas que demandará cumplir con los compromisos sellados auguran que la inflación sólo tendrá hacia adelante una profundización cada vez mayor a pesar de sus políticas publicitarias.

Mientras tanto, los artilugios de las empresas para escaparle una vez más a estos controles ya están planteados. Tal es así que en las reuniones de los últimos días los funcionarios acusaron a estas últimas de retacear la presencia de algunos productos en las góndolas, lo que ya es a esta altura una postal repetida una y otra vez para esquivar los distintos controles, congelamientos y regulaciones de precios. Entre los productos más afectados se encuentran los aceites, lo que termina de tirar por la borda toda la política oficial para maniatar la inflación: hablamos de un producto para el que se creó un fideicomiso tal cual se quiere hacer con el trigo, mientras predomina la comercialización de los granos en el mercado interno a los disparados precios del mercado internacional.

Ahora bien, la medida en sí misma es inconducente por todos lados. Si esta regresión pretende volver a los precios del 10 de marzo, vale señalar que solamente entre enero y febrero los productos alimenticios acumularon un 12% en el promedio general de inflación, pero pudiendo llegar a porcentajes mayores en almacenes y comercios barriales. Este “dislate” es reconocido por el propio gobierno, que admite que según el Indec algunos bienes pueden reportar una diferencia de hasta el 50%, mientras los supermercadistas aducen que se trataría de entre un 35% y un 40% (La Nación, 22/3).

A pesar de sus propias advertencias, sin embargo, esta “marcha atrás” en los precios entraría en rigor para las grandes cadenas comerciales, como todos los programas de controles y congelamientos de precios. Si atendemos a que la estimación nos dice que los trabajadores adquieren el 70% de los bienes y productos en comercios minoristas, estamos ante una resolución que no sólo fracasará por el mismo sendero que han fracasado otros controles similares, siendo burlados en las góndolas con impunidad por las empresas, sino que directamente ni se intentará poner en marcha en aquellos lugares en que la población laboriosa realiza cotidianamente sus compras.

De hecho, uno de los “reproches” que le hace el gobierno a empresas como La Serenísima o Molinos Río del Plata es su prioridad para abastecer a los comercios de proximidad por sobre las grandes cadenas de supermercados, para, según ellos, “boicotear +Precios Cuidados”. Es ya directamente un despropósito.

De esta manera, el gobierno no pasa de medidas para la tribuna, mientras los salarios son devorados semana a semana. En este marco vale recordar que recientemente el Consejo del Salario ratificó un aumento en cuotas del 45% para el mínimo vital y móvil a terminar de aplicarse en diciembre, cuando la inflación haya totalizado entre un 55% y un 60%, según coinciden la mayor parte de los analistas económicos. Vale señalar también que el gobierno viene buscando fijar un techo paritario en la orden de un 40%, lo que de fondo demuestra que no tiene el más mínimo interés genuino de defender el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación incontenible.

Hay que poner un punto final de una buena vez por todas. Romper el pacto rubricado con el FMI es su condición indiscernible; y demanda también avanzar hacia los puntos sensibles de este régimen de saqueo contra el bolsillo popular. Abrir los libros de las empresas de toda la cadena de valor y nacionalizarla de punta a punta bajo control obrero, junto con el comercio exterior del país. Recomponer genuinamente los salarios y los ingresos populares, a un monto que sea acorde al coste de una canasta básica familiar. Solo bajo esta perspectiva podremos derrotar la carestía.

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