Políticas
26/6/2024
El Rigi y la disputa capitalista por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado
En qué consiste la disputa entre la provincia de Buenos Aires y la de Río Negro por ser sede de este proyecto.
Gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La instalación por parte de YPF y la petrolera malaya Petronas de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) que serviría para transformar el gas extraído de Vaca Muerta en un material exportable se ha convertido en un factor de controversia política nacional. La inversión podría ascender a 40-50 mil millones de dólares de forma escalonada hasta el 2031, y se espera que genere exportaciones por más de 30.000 millones de dólares al año en cuanto la obra esté terminada y la planta comience a operar.
La sanción de la Ley Bases, que se confirmaría este jueves, cambió el escenario en el cual se basaba el proyecto previamente. El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi) establece beneficios adicionales para la instalación de este tipo de industrias extractivistas. Según Página/12, la planta crearía 6.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción, y 3.000 durante el período de funcionamiento.
La reforma laboral establecida en la Ley Bases, con precarización, despidos a gusto de la patronal e imposibilidad de reclamar u organizarse frente a los atropellos también implicaría “mejores condiciones” para los inversores en ese sentido. Por ello, a la espera de mejores beneficios para la clase capitalista, el inicio del proyecto aún no se concretó y está en discusión la provincia que lo albergará, en una disputa entre Buenos Aires (Bahía Blanca) y Río Negro (Punta Colorada).
En lo referido a la industria del petróleo, el gas y los hidrocarburos hay que reconocer que la idea de establecer regímenes especiales de “incentivo” para las grandes inversiones no es nada original: Alberto Fernández ya había impulsado un proyecto de promoción del GNL a la medida de la empresa Petronas, con rebajas impositivas (IVA, ganancias, exenciones y “estabilidad fiscal”), disponibilidad de divisas para girar al exterior, reducción de las alícuotas de derecho a la exportación, entre otras; anteriormente, Cristina Kirchner y Kicillof tuvieron su propio Rigi, cuando firmaron un acuerdo secreto que establecía ventajas excepcionales a la estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta.
La disputa por el negocio y la sede del proyecto
El capítulo del Rigi en el Senado fue aprobado con 38 votos a favor (incluidos tres senadores de UxP) y 32 en contra, mostrando el apoyo transversal al esquema de negocios que reclama el gran capital. Una vez refrendada en Diputados, la disputa se trasladará a las provincias que deben dar su adhesión al régimen.
Desde los inicios del proyecto, la ciudad de Bahía Blanca fue presentada por algunos medios y funcionarios interesados como la “receptora natural” de estas inversiones, dado que cuenta con un puerto de gran calado, buena accesibilidad urbana, un desarrollo industrial previo, recursos humanos y algunas condiciones jurídicas que exigen las empresas. A tal efecto, la provincia informó que ya había “reservado” 1.500 hectáreas en la costa del estuario para la instalación de las plantas, aunque sin un estudio de impacto ambiental en un delicado ecosistema ya en crisis por la actividad portuaria e industrial actual. Esto último resulta importante, ya que según la revista Environmental Research Health las consecuencias de las terminales de GNL en Estados Unidos por los contaminantes emitidos son enfermedades respiratorias y muertes.
En las últimas semanas, el gobernador de Río Negro, Weretilneck, comenzó a negociar que la sede de la inversión sea Punta Colorada, en su provincia, a cambio del apoyo a la Ley Bases y particularmente al Rigi, el cual el oficialismo bonaerense no acompañó en el Congreso. En caso de concretarse en dicha provincia, la planta de GNL se sumaría al oleoducto “Vaca Muerta Sur”, cuya construcción ya comenzó y que tendrá su terminal de exportación justamente en Punta Colorada. En ese contexto, el gobierno nacional, y particularmente el titular de YPF Horacio Marín, comenzó a presionar a Kicillof para que Buenos Aires adhiera al Rigi, bajo la extorsión de enviar el proyecto a donde sea más rentable para los inversores.
La megainversión que estipula este proyecto ya está generando choques y realineamientos de todo tipo al interior de los partidos de la burguesía. El gobernador Kicillof volvió a decir que ya dio su “posición negativa con respecto al régimen (Rigi)”, aunque aclaró que su negativa no es “con respecto a un régimen de promoción de inversiones en general, sino contra esta forma que se le ha dado y a esta propuesta”. Luego pateó el tema para adelante al decir que aún la legislatura provincial no podría discutir la adhesión al Rigi porque “todavía no está votado”.
Si la provincia de Buenos Aires adhiere o no al Rigi de Milei está por verse, más teniendo en cuenta que detrás del problema hay grandes negocios en juego. Por lo pronto, tanto el peronismo como el conjunto de los bloques capitalistas de la legislatura bonaerense (a excepción del bloque oficial que responde a Milei) se pronunciaron por el puerto de Bahía Blanca como sede para la inversión. Estamos hablando del oficialismo (Unión por la Patria), de los bloques de la UCR, Coalición Cívica, ambos bloques del PRO (macristas y bullrichistas) e incluso algunos bloques libertarios que se desprendieron del bloque de La Libertad Avanza. En el caso del PRO-Libertad (el que responde a Patricia Bullrich), ya se ocupó de proponerle un “plan B” a Kicillof, al presentar un proyecto de ley para un “Rigi” especial para el Gas Natural Licuado en la provincia de Buenos Aires, que pueda garantizar los beneficios a las empresas en caso que no se adhiera al Rigi nacional.
Para el peronismo bonaerense el asunto puede generar crisis importantes, que se sumen a las tensiones ya conocidas entre Kicillof, La Cámpora y otros sectores como el massismo. Por ahora, los referentes del peronismo en la zona del proyecto, como Susbielles, el intendente de Bahía Blanca, insisten en la línea oficial de la provincia: que el gobierno nacional garantice el proyecto donde iba a ser en sus inicios.
El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Dichiara, que también es de la zona, consultado por el asunto retrucó preguntándose “¿Qué pasa si adherimos al Rigi y finalmente el proyecto se hace en Punta Colorada?”, casi como un reclamo de garantías. Finalmente, las posiciones políticas en el régimen político actual dependen de los negocios que se defienden, y para el gobierno de Kicillof sería muy problemático perder un negocio de este tipo en una provincia con crisis económica y de deuda solo por defender un relato opositor, más aún cuando es el mismo gobernador quien, como ministro de Economía nacional, estableció regímenes similares.
Un programa de la clase obrera
Más allá de “matices”, los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen una misma orientación social para el problema de la explotación del gas, el petróleo y los hidrocarburos. Tanto Milei como los gobernadores Kicillof, Weretilneck, el radicalismo, el PRO y compañía, concuerdan en concretar este negociado extractivista, que será principalmente en beneficio de grandes corporaciones que definan invertir. Lo que está en juego en lo que se presenta como la disputa por la sede del proyecto es, finalmente, quién otorga mejores condiciones para los beneficiarios, que no serán los trabajadores argentinos.
Agreguemos a esto que el proyecto busca exportar el gas producido en Vaca Muerta, donde prima el método del fracking, que consume enormes cantidades de agua y conlleva riesgos sísmicos. El proyecto tal cual se conoce implica una profundización de un esquema de saqueo y exctractivismo en nuestro país, desligado de un desarrollo industrial y económico por fuera de la primarización.
En oposición al Rigi, que habilita el saqueo capitalista de los recursos naturales y la riqueza generada por los trabajadores, y a los lobbys provinciales, que se disputan la instalación de la planta de GNL en sus respectivas provincias ofreciendo más y mayores concesiones a los inversores, defendemos la nacionalización integral de la industria energética bajo control de los trabajadores y organizaciones ambientales.
Alertamos a la población trabajadora de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro que, frente a la instalación de la planta de GNL, será necesaria la organización por un control obrero y vecinal, para que la instalación no tenga un impacto ambiental negativo, para que haya ingresos a los puestos de trabajo de forma transparente y que los mismos sean bajo convenio y con plenos derechos laborales y de organización sindical, y para finalmente para que los recursos generados se encuentren al servicio de las necesidades sociales y el desarrollo industrial del país.
