En medio de una crisis política de alto voltaje, el gobierno nacional eliminó el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, dentro del cual se encontraba una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Pero el robo a los adultos mayores sigue a toda velocidad.

Milei presentó su ley de movilidad jubilatoria como un factor progresivo para la vida de los adultos mayores, porque fijaba una actualización automática por inflación mensual. Pero detrás de ello asomaba un nuevo robo, porque iba a cristalizar haberes de miseria tras la brutal confiscación que significa cumplir en marzo con el ajuste trimestral correspondiente a la fórmula actual, lo que según la consultora PxQ implicaría una suba del 35% de los haberes contra una inflación que podría llegar al 76% entre diciembre y febrero.

Este ajuste a los jubilados queda en pie, a lo que se suma que el gobierno mantiene el bono a los que cobran la mínima congelado en 55 mil pesos, que está siendo carcomido por la inflación.

El gobierno pretendía que los haberes se actualizasen en abril según el último dato del IPC de Indec, que sería el de febrero; por lo tanto, el empalme entre una movilidad y otra no hubiese contemplado la inflación del mes de enero. Esto importa porque estimaciones como las del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cuantificaban que el poder adquisitivo de los haberes caería aproximadamente un 16,4% este año; esto, calculando que los jubilados recuperaban en los últimos meses de 2024 algo de lo perdido en el primer cuatrimestre (proyectando una baja de la inflación).

Así, algunos especialistas como Claudio Caprarulo, director de Analytica, estimó que el ajuste en jubilaciones podía trepar al 1% del PBI. Que eso no soluciona ni uno de los problemas de la economía argentina lo demuestra el panorama de los últimos años, ya que lo asignado a jubilaciones y pensiones “terminó en 2023 representando el 6,7% del PBI, 1 punto por debajo de 2022 y 2,9 puntos por debajo de 2020” (El Cronista, 26/1). Según el economista Nadin Argañaraz, estaríamos ante el séptimo año consecutivo de caída real de las jubilaciones: un jubilado con la mínima que cobra bonos terminaría por perder el equivalente a 13,2 jubilaciones mínimas de 2017.

La fórmula del gobierno peronista garantizará que siga teniendo lugar este robo descomunal contra la clase obrera; esto, porque los haberes se determinan a partir de un índice que surge de sumar el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses y el 50% de la variación de los salarios (Ripte). Se trata de dos variables que vienen tendiendo a la baja debido al crecimiento del trabajo precario, a la evasión de aportes patronales y a la caída salarial producto de la escalada inflacionaria y de las paritarias a la baja firmadas por la burocracia sindical.

Milei también pretendía rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y desconocer así la deuda que el Estado mantiene con los jubilados por utilizar los aportes para pagar deuda externa, financiar la corrida cambiaria y subsidiar a distintos grupos capitalistas. Asimismo, buscaba declarar emergencia en materia previsional para modificar o suspender la movilidad por decreto e incluso para suspender el pago de los más de 250 mil juicios que los jubilados abrieron contra la Anses por recibir haberes menores a los que les corresponden.

Sin embargo, no hay que descartar que el gobierno intente volver a la carga en un futuro, valiéndose de los superpoderes que tendría si se aprueba la Ley Ómnibus.

Por eso es más necesario que nunca reforzar la intervención y la pelea de los trabajadores activos y pasivos por el 82% móvil, por un aumento de las jubilaciones equivalente al costo de la canasta básica de los adultos mayores, la restitución de los aportes patronales eliminados por Menem y Cavallo y por todas las reivindicaciones. Un plan de lucha en la perspectiva de la huelga general es el camino para derrotar al gobierno antiobrero de Milei.

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