Políticas

23/3/2023|1665

El robo perpetuo a los jubilados por parte de los gobiernos capitalistas

Un historial detrás del decreto de Massa que obliga a la Anses a rematar sus activos para financiar la corrida al dólar.

La contracara son los haberes previsionales de indigencia.

El decreto de Massa, que obliga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses -y al resto de los organismos públicos- a desprenderse de sus bonos en dólares, es una estafa de enorme magnitud para los actuales y futuros jubilados. El Ministerio de Economía saldrá a rematar los activos de la entidad para financiar la corrida cambiaria, y le dará a cambio bonos del Tesoro con alto riesgo de default. Ya es tradición de los sucesivos gobiernos meter mano de los fondos jubilatorios para auxiliar al Estado en quiebra y pagarle a los especuladores.

Por un lado, el Tesoro le pagará U$S 2.500 millones que le adeuda al FGS de la Anses (correspondientes a bonos en dólares nominados en moneda extranjera), no con divisas sino con títulos en pesos. A su vez, la Anses venderá en la Bolsa local a privados bonos en dólares bajo legislación nacional, por debajo de su valor nominal que llega a U$S 11.150 millones. Los especuladores que compren esos bonos -a bajo precio gracias a la medida oficial-, los utilizarán para pasarse a los dólares financieros y continuar la corrida.

Así, el FGS se quedará con el 30% de los pesos obtenidos de esa transacción desventajosa y colocará el 70% en bonos del Tesoro. De este modo, se agrava la exposición del patrimonio de los jubilados a un Tesoro que está al borde del default. La cual ya es muy alta puesto que, hasta el segundo trimestre 2022, tenía el 73% de su cartera invertida en esos títulos.

Los sucesivos gobiernos fueron agravando esa exposición. Luego del 2008, el kirchnerismo no pudo seguir pagando la deuda externa con reservas y comenzó a hacerlo endeudándose con el Banco Central y la Anses. Ambas entidades recibieron a cambio títulos que nunca iban a cobrar y que fueron desvalorizándose al compás de la inflación, los cuales representaban el 65% de los activos del FGS al finalizar el mandato de Cristina Kirchner, según el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Como vemos, no hubo desendeudamiento alguno bajo la década K, sino un incremento de la deuda con los jubilados para pagarle a los acreedores privados, a costa de vaciar la caja previsional que debería utilizarse para garantizar el 82% a los jubilados; medida que la propia CFK vetó bajo su mandato.

El gobierno de Cambiemos, por su parte, también recurrió al FGS para hacer frente a vencimientos del Tesoro con la banca privada. En 2019, se le encajó al FGS letras del Tesoro defaulteadas, cuya cotización de mercado llegaba apenas al 60% del valor nominal. Lo anterior, sumado a la devaluación del período, hizo que el fondo de los jubilados se redujera 70% en dólares entre 2015 y 2019 (Página 12, 24/9/2019).

Hoy en día, el 26,5% de los bonos del Tesoro están en manos del FGS, según la consultora PxQ. La participación de este organismo público en las licitaciones de deuda crece a la par que disminuye la participación del sector privado, que opta por ir deshaciéndose de sus tenencias en pesos para dolarizarse.

Es decir, buena parte de los vencimientos del Tesoro que cobran los bancos y los fondos de inversión se paga con la plata de los jubilados, la cual, en definitiva, es usada para financiar la corrida hacia los dólares financieros que impulsan estos agentes privados que salen del mercado de deuda en pesos. Muestra de ello es que, tras la corrida contra los bonos CER de junio-julio del 2022, el gobierno obligó al FGS y al Banco Central a salir a la compra de los mismos para revalorizarlos.

Uno tras otro, los gobiernos capitalistas dilapidan los activos que deberían funcionar como reaseguro del sistema previsional para llenar los bolsillos de los tenedores de deuda y los fugadores. La contracara de este saqueo son las jubilaciones de miseria que cobran quienes trabajaron y aportaron toda su vida. Debemos poner fin a semejante robo, luchando por un FGS controlado por los trabajadores activos y jubilados.