El Consejo del Salario se reunió el pasado martes 22 y resolvió un nuevo aumento del salario mínimo, enterrado por la inflación, que implica una suba de casi 92% para todo el año y que en ningún momento se prevé que supere la canasta alimentaria de indigencia. El gobierno profundiza el ajuste sobre los trabajadores más vulnerables.

Con la participación de las principales cámaras patronales y la burocracia sindical al frente de la CGT y ambas CTAs, el gobierno avanzó en el aumento de un 20% en cuatro cuotas para actualizar el ingreso base que en noviembre llegó a escasos $57.900.

Si tomamos todo el periodo del presente 2022 el aumento implica un 92%, por debajo del umbral del 100% de inflación proyectado. Medido contra la evolución de los alimentos, el salario mínimo no logra superar nunca la canasta alimentaria: ni el pago de diciembre alcanzaría para comprar los víveres de… octubre.

Los aumentos son del 7% en diciembre, llegando a $61.953; 6% en enero ($65.427); 4% en febrero ($67.743) y 3% en marzo ($69.500). El gobierno salió a presentar este esquema como un aumento del 110,5%, año contra año, para marzo del 2023, pero se trata de una deformación estadística que implica medir el último aumento contra un mes de los más bajos. Llegado abril del 2023, y de no operar nuevos aumentos, la diferencia interanual sería tan solo del 74,5%.

La convocatoria al Consejo del Salario se produjo de espaldas a los trabajadores, en el día de la cita mundialista de la Argentina, y con una burocracia sindical que respaldó esta política hambreadora, con el voto positivo de la CGT y la CTA de los Trabajadores, y el voto negativo de la CTA Autónoma sin producir ninguna acción de lucha.

Algunos referentes de la CGT, como Pablo Moyano, en la previa a la reunión del Consejo, convocaron a los trabajadores a acompañar al gobierno del ajuste “hasta el último día”, lo que anticipó una nueva entrega por parte de una burocracia sindical cómplice de la política fondomonetarista.

Los únicos que se manifestaron fueron las organizaciones de la Unidad Piquetera, que concentraron previamente en Desarrollo Social para reclamar contra el ajuste en la asistencia a los desocupados y precarizados, y el Plenario del Sindicalismo Combativo, con una contundente movilización al Ministerio de Trabajo, en reclamo por un salario mínimo que cubra la canasta básica de pobreza de $139.738.

Con el salario mínimo por el piso, lejos de la canasta de pobreza y sin cubrir las necesidades alimentarias más elementales, la pretensión oficialista de “compensar” el ajuste con un bono de temporada para los sectores más vulnerables es menos que un paliativo: pan para diciembre y hambre para toda la vida.

Este aumento al salario mínimo solo le aporta $677 adicionales para los jubilados que cobran la mínima en el mes diciembre e implica menos de $31.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo en un fin de año recalentado por la inflación.

La alternativa de una suma fija para el conjunto de los trabajadores sigue este mismo lineamiento, “disciplinando” el proceso de paritarias y negociaciones salariales que, lucha de por medio, logran romper el ajuste del gobierno y las patronales, como los residentes de salud y los trabajadores del Sutna.

Para defender el salario hay que seguir el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras que luchan, por una recomposición general que parte de un piso salarial mínimo mayor a la canasta básica y salarios que cubran la canasta familiar, superior a $200.000.

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