Políticas

6/8/2026

El senador “libertario” Benegas Lynch hace negocios con la extranjerización de las tierras

Milei gobierna para los intereses del capital financiero y para el provecho de sus amigos.

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Milei junto a Joaquín Benegas Lynch y su banda.

El escándalo que envuelve al senador nacional oficialista Joaquín Benegas Lynch deja al desnudo el verdadero carácter de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el gobierno de Javier Milei, y puntualmente la desistida modificación a la Ley de Tierras: la eventual ampliación del cupo de tierras para ventas a extranjeros hubiera beneficiado directamente al senador “libertario” y hombre cercano a Milei, quien gestiona una empresa, justamente, dedicada a esos propósitos.

Joaquín Benegas Lynch, senador de La Libertad Avanza por Entre Ríos, es fundador y director de Glocal Terra, una firma especializada en la venta e intermediación de tierras para inversores extranjeros en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. La propia empresa, con una página web íntegramente en inglés, promociona oportunidades de inversión que van desde establecimientos agrícolas en el cinturón sojero hasta estancias ganaderas, viñedos mendocinos y propiedades en la Patagonia.

El senador “libertario” y sus negocios

La firma asegura haber operado con más de 3.000.000 de hectáreas en mercados latinoamericanos y ofrece asesoramiento integral para la adquisición de tierras. El senador “libertario” no solo sostenía una posición ideológica favorable a la extranjerización del suelo argentino: también tiene un interés económico directo en que ese negocio se expanda.

Benegas Lynch integra el bloque que debía aportar los votos para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales –en el proyecto original se eliminaba todo límite- que pueden quedar en manos de personas o empresas extranjeras. La modificación no significaba una simple reforma administrativa, sino una oportunidad comercial para quienes lucran con ese mercado.

El gobierno retrocedió ante la crisis política

El creciente rechazo popular a la ley, con convocatorias y manifestaciones en todo el país,  terminó profundizando la crisis política alrededor de ese capítulo, con el gobierno bajando las modificaciones directas a la Ley de Tierras, donde quedó de manifiesto perseveraba la defensa de un interés comercial en cabeza e grandes latifundistas, especuladores inmobiliarios y del capital financiero.

La revelación de los negocios de Benegas Lynch también provocó un fuerte revuelo incluso entre sectores aliados al oficialismo, donde los votos no se encontraban garantizados y el nivel de exposición y rechazo ante la medida oficialista implicaba un fuerte golpe político.

El gobierno se vio obligado a retirar de la sesión el apartado que modificaba la Ley de Tierras, al no contar con los votos necesarios para aprobarlo, en lo que representa una derrota parcial para la ofensiva oficialista y confirma que la movilización y la denuncia política pueden hacer fracasar los planes entreguistas del gobierno.

Pero el conflicto también expone el carácter de clase de La Libertad Avanza, con un gobierno que para la tribuna proclama combatir los privilegios de la “casta”, pero en los hechos impulsa reformas en favor de los capitalistas y coloca en posiciones decisivas a funcionarios cuyas actividades privadas coinciden llamativamente con las leyes que promueven.

Derrotemos toda la ley en su totalidad

El retiro del capítulo sobre la extranjerización de las tierras no clausura la pelea. Continúa vigente la necesidad de derrotar integralmente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, concebido para fortalecer los derechos de los grandes terratenientes  y especuladores.

Entre sus consecuencias más graves se encuentra la habilitación de desalojos exprés contra comunidades originarias que habitan ancestralmente sus territorios, consolidando un régimen de persecución y despojo en beneficio de terratenientes, grupos inmobiliarios y capitales privados.

La defensa del territorio, de las comunidades originarias y de los recursos estratégicos del país exige rechazar en su conjunto esta legislación reaccionaria. El caso Benegas Lynch no constituye una excepción ni un hecho aislado: pone de manifiesto que detrás del discurso “libertario” sobre la propiedad privada se esconden negocios concretos que buscan profundizar la entrega de la tierra al gran capital. Reforcemos la movilización de este 6 de agosto que se caiga la totalidad del proyecto oficialista.

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