El titular del Enargas, Federico Bernal, hombre que reporta a la vicepresidenta Cristina Kirchner, insistió en la audiencia pública convocada para fijar el tarifazo al gas que el servicio debería ser considerado un derecho humano, para evitar un abordaje “fiscalista” de la cuestión. Ello, en medio de la confrontación abierta con el planteo del ministro Martín Guzmán de que aumenten un 30%.

El funcionario del ente que regula al sector de las empresas privatizadas de transporte y distribución de gas natural sostuvo públicamente que los incrementos en la boleta no debían superar un 9%. En la audiencia, argumentó que las tarifas no se deben determinar con un criterio “puramente económico o fiscal”, sino con “el mismo parámetro que uno usa para evaluar el sector de la salud, vivienda, educación, acceso a la alimentación o seguridad social”. Analicemos por qué se trata de una gran impostura.

Esta supuesta orientación “no fiscalista” oculta el aspecto fundamental que se está discutiendo. En la medida en que el precio del gas en boca de pozo que se paga a las petroleras ya ha sido fijado en dólares por el Estado (con el Plan Gas), las audiencias públicas se limitan a discutir cuánto de ese precio subsidiado pagan los usuarios y cuánto los fondos públicos. Estos últimos, sin embargo, se cobran también a los propios consumidores, como sucede en la misma boleta de gas en la que los impuestos representan casi un 25%.

El planteo de Bernal es entonces notoriamente falaz. Si la energía fuera realmente considerada “un derecho humano”, debería plantear la nacionalización integral de la industria hidrocarburífera. Caso contrario, como sucede, lo que propone es que se desembolsen unos 60.000 millones de pesos más que lo presupuestado para los pulpos petroleros. Como ya existe un déficit fiscal, es decir que el Estado gasta más de lo que recauda, ello solo podría lograrse agrandando la hipoteca del país tomando más deuda (cuando esta es indexada a la inflación o al dólar), o mediante emisión monetaria que a su vez recalentaría la aceleración inflacionaria.

En definitiva, son los trabajadores los que costean los subsidios a las petroleras, como denunció en la propia audiencia el legislador porteño del FIT Gabriel Solano. Eso es lo que encubre la visión “no fiscalista”, corriendo el eje de lo fundamental: nadie sabe cuánto cuesta producir el gas. Por lo tanto, como sea que se reparta entre usuarios y fondos estatales, se pagan a libro cerrado precios subsidiados a un puñado de grandes empresas. Este es el esquema, iniciado por Kicillof y Cristina Kirchner con el pacto secreto con Chevron y el primer Plan Gas, luego perpetuado por Macri y Aranguren con la indexación de las tarifas al dólar, que derivó en el fenomenal vaciamiento energético que sufre el país y que obligará a importar un cuarto del consumo nacional de gas para el invierno.

La impostura del kirchnerismo, por otro lado, busca despistar la atención popular de los incesantes naftazos, que desde agosto casi duplican la inflación, y son ejecutados por la gestión de YPF que se ubica bajo el ala de la vicepresidenta, con el CEO Sergio Affronti y el presidente Pablo González. Parte de esos aumentos, de nuevo, responden a incrementos impositivos a los consumidores.

Por lo demás, los parámetros que se utilizan para fijar las partidas presupuestarias para la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social, a los se refiere Bernal, también son por supuesto “fiscalistas”. Por ese motivo todas las áreas sufrieron recortes en medio de una crisis social descomunal, especialmente el robo de la movilidad jubilatoria. Recordemos, además, que las que se deciden ahora son tarifas de transición que serán aumentadas nuevamente después de las elecciones.

Solo mediante la apertura de los libros de las petroleras se podía conocer el costo real de producción del gas, y procediendo a una nacionalización integral de la industria de los hidrocarburos bajo control obrero se podrían garantizar tarifas en función de los costos locales sin la extorsión de que termine en una huelga de inversiones y un vaciamiento energéticos. El kirchnerismo, en cambio, no pasa de una impostura cuando se prepara una nueva confiscación al bolsillo popular. Los trabajadores debemos deliberar cómo enfrentamos los tarifazos que se vienen.

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