Los tarifazos disparados por el gobierno de Macri implican una transferencia de renta desde todos los usuarios a las empresas petroleras, que están en el negocio del gas, de US$ 2.800 millones por año. Al haberse establecido el precio promedio del gas en boca de pozo en US$ 5 por millón de BTU (la unidad que se utiliza para medir la producción de gas), los pulpos petroleros recibieron aumentos del 73% al 100%. Para que esto suceda, la población pasó de pagar el consumo residencial de US$ 1 el millón de BTU, a 8,37 dólares, luego de que los pulpos vaciaran al país de este recurso, extrayéndolo sin invertir en exploración, perforación, etc. desde la privatización de YPF. De los millones de dólares que se requieren para revertir este vaciamiento no hay ni noticias. 

 

El aumento de la tarifa del gas, va en un 80% a las petroleras y el 20% restante, a las transportadoras. En estas últimas ya ha comenzado una fuga de sus principales dueños. Transportadora Gas del Norte (TGN) es una de las compañías que operan los gasoductos. Tanto su accionista mayoritario, el “favorecido” Eurnekian, como otros socios – el fondo Blue Ridge Investments y Corporación América-  están vendiendo sus acciones, mientras la tarifa está en lo más alto y el estado contable es positivo. Es claro que especulan para llevarse enormes ganancias gracias a las medidas de gobierno, y que no tienen la menor intención de invertir en infraestructura energética para el país.

 

Quién puede anular el tarifazo

 

En medio de la movilización y la lucha popular que se desataron, tribunales de casi todo el país han fallado en contra de su aplicación, uno de ellos a nivel nacional. El gobierno recurre a la Corte Suprema para que le dé cauce a los aumentos.

 

Para ello, cuentan con la ayuda inestimable de un dictamen de 2014 de la procuradora kirchnerista Gils Carbó. Hay un hilo conductor, por lo tanto, entre los decretazos confiscatorios de Macri y los del gobierno de Cristina Kirchner.

 

Ya en marzo de 2014 Cristina usó palabras que hoy usa Aranguren para tratar de imponer el tarifazo: “la Presidenta defendió la quita de subsidios a los servicios en los domicilios. A su vez, instó al uso "razonable" de la energía.”, relata un cable de Télam del  27/3/14. Es el mismo hilo conductor que lleva hoy al gobierno de Macri y al Poder Judicial a mantener en secreto el contrato entreguista firmado por Cristina con Chevron.

 

Vamos por la única vía contra el tarifazo: sostengamos la movilización popular hasta su efectiva anulación.

 

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