En el marco de sus anuncios poselectorales, el gobierno informó la eliminación de las retenciones a las exportaciones de servicios. Consagra así un reclamo de sectores con las mayores empresas del país, que el año pasado representaron el segundo complejo exportador detrás de los pulpos de los agronegocios, y donde se destacan las de la llamada “economía del conocimiento”. La promesa de que estos incentivos a los capitalistas redundarán en un desarrollo nacional, con mayor generación de valor agregado y empleos de calidad, no se condice con la realidad.

En la primera fila, escuchando a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas cuando anunciaban la reducción a 0% de los derechos de exportación, estaban los ejecutivos de Mercado Libre, Globant, Argencom, Laboratorios Bagó, PWC, entre otras grandes firmas. Es claro que quienes embolsarán este beneficio no son en su mayoría ni pequeñas ni medianas empresas, sino los denominados “unicornios” -es decir aquellas compañías cuya cotización de mercado supera los 1.000 millones de dólares. En el rubro también resalta la fintech Ualá, presente en una cita la semana pasada en que Santiago Cafiero debutó en la Cancillería comprometiéndose a “hacer de cada embajada” una oficina de negocios de estas empresas en el exterior.

Ya la Ley de Economía del Conocimiento otorgaba una serie de beneficios impositivos como la reducción de hasta un 80% en las aportes patronales y hasta del 60% en el Impuesto a las Ganancias. Los CEOs del rubro, sin embargo, manifiestan que aún restan otras concesiones para generar mayores inversiones: acusando que la alta brecha cambiaria perjudica su competitividad presionan por una devaluación, y -alegando que la Ley de Contratos de Trabajo es anticuada para adecuarse a las nuevas tecnologías- exigen una reforma laboral flexibilizadora.

El caso es muy educativo para caracterizar el rumbo oficial y sobre todo la falacia discursiva que lo decora. Resulta que el principal inconveniente que acusan estas grandes empresas es que la virtualidad permite a los profesionales de mayor capacitación trabajar para firmas del exterior (freelance).

La Cámara Argentina de Empresas de Software asegura que quedan vacantes unos 5.000 puestos al año por ausencia de oferta de mano de obra calificada, y alerta por una enorme rotación de personal (en 2020 fue del 30% y este año superaría ampliamente este porcentaje). Sin embargo, mientras adjudica el problema a la falta de capacitación, reconoce a la vez que la mayoría de los empleados cobra entre 77.000 y 150.000 pesos, cuando en el extranjero los mismos trabajos remuneran unos 3.000 dólares (300.000 pesos al cambio oficial, y casi 550.000 al paralelo). Más aún, mediante la pantalla de iniciativas de formación profesional contratan de manera precaria a un universo de trabajadores que cobra muy por debajo de aquellas cifras.

Es decir que toda la fórmula del éxito de estos pulpos obedece precisamente al bajo costo laboral. Solo debido a la depreciación fenomenal de los salarios argentinos aparece, en términos relativos, este sector como uno de los que mejor paga. Esto cuando, a diferencia de la gran mayoría de las ramas industriales, los salarios representan el grueso de los gastos; según afirma Sergio Candelo, presidente de la mencionada cámara empresaria, cada puesto laboral demanda una inversión menor a la décima parte de lo que requiere la industria automotriz, y a una veinteava parte de las cementeras.

Citando las casos más resonantes, podemos ver que Mercado Libre, la empresa de mayor valor de América Latina, encuadró a sus trabajadores en un convenio adaptado a sus necesidades firmado con el sindicato de Carga y Descarga, con aval del Estado a despecho del gremio Camioneros. Globant, otro de los unicornios argentinos que cotizan en Wall Street, no solo tiene a sus programadores fuera de convenio sino además les impide sindicalizarse (DiarioAR, 25/8). Toda la contratación precaria en la rama de las fintech opera como una presión frontal contra el convenio bancario.

El lobby por una reforma laboral en regla se combina, como dijimos, con el reclamo por una devaluación. “La mejor política que se puede adoptar es alivianar la parte impositiva y de cargas sociales, como algún tipo de promoción por contratación y retención; y también corregir la existencia de tres o cuatro tipos de cambio que destruye cualquier incentivo, no solo al sector tecnología sino a todos”, declaró tras el anuncio de eliminación de retenciones Bernardo Manzella, ejecutivo de Globant (iProUP, 24/9).

En conclusión, la concesiones a los reclamos patronales, como se ve también con la Ley de Hidrocarburos o la morigeración del cepo para las exportadoras, no apuntan a un desarrollo de la economía nacional que genere puestos de trabajo de calidad y mejore la inserción del país en el mercado mundial, sino que por el contrario refuerza las presiones sobre los convenios colectivos y por una devaluación que deprecie aún más los salarios. La preocupación de los Fernández, finalmente, está puesta en ofrecer garantías de mayores exportaciones al FMI, para aceitar la firma de un acuerdo antes de marzo.

El caso permite evidenciar no solo el contraste en los anuncios oficiales de jugosos beneficios a los capitalistas y migajas a las familias trabajadoras, sino además que la agenda de la burguesía para la reactivación económica -a la se allana el gobierno- se contrapone por el vértice con las demandas de la clase obrera. En el ínterin prima una notable huelga de inversiones, las cuales según el Indec cayeron en el segundo trimestre del año a niveles del 15% del PBI (debajo de lo considerado necesario para sostener la infraestructura productiva).

Que los estímulos a estos grandes capitalistas no redundan necesariamente en un desarrollo productivo y la generación de valor agregado podemos reafirmarlo, una vez más, observando que las siderales ganancias de Mercado Libre y Globant (que en bruto fueron en 2020 de 750 y 800 millones de dólares respectivamente) fueron a parar a inversiones… en criptomonedas. El parasitismo de la burguesía nacional está en la raíz del declive económico de Argentina, superarlo requiere de un plan debatido y dirigido por la clase obrera, que en oposición a las eliminación de retenciones y devaluación de la moneda avance en la nacionalización del comercio exterior para -junto con el no pago de la deuda externa- invierta las riquezas en un desarrollo productivo y una recapitalización del país.

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