La caída impenitente del ingreso real de los sectores populares, fruto de la miseria salarial, la escalada inflacionaria, la desocupación y la precarización laboral, dio como resultado que, entre 2016 y 2021, hubiera una transferencia de recursos del trabajo al capital por $7,7 billones, el equivalente a U$D 70 mil millones (a la cotización oficial de diciembre 2021). El programa del FMI, cuyo cumplimiento es la principal tarea del nuevo “superministro” Massa, no hará más que profundizar este saqueo al bolsillo de los trabajadores para nutrir el de los capitalistas.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) junto con Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que analiza la distribución del ingreso en la Argentina durante el período mencionado.

En primer lugar, el estudio arroja que la producción de valor en el país se redujo un 3,4% en ese tiempo, dando cuenta de una creciente reprimarización de la economía nacional. Por otro lado, la participación de los asalariados (tanto registrados como no registrados) en el ingreso total retrocedió 8,7 puntos porcentuales entre 2016 y 2021, mientras que la participación del excedente del capital (lo que reciben los empresarios) aumentó 6,8 puntos.

A su vez, la masa salarial sobre el total del valor agregado cayó 19% entre 2016 y 2021. En cambio, el excedente empresario creció un 12,9%. Como vemos, tanto el gobierno de Cambiemos como el del Frente de Todos se encargaron de mejorar las ganancias de la clase capitalista, a costa de hundir cada vez más en la miseria a la población trabajadora. Al mismo tiempo, los cuentapropistas elevaron su participación dentro de la economía un 14,9%, lo cual es un indicio de cómo aumentó el trabajo precario bajo la figura del monotributo. La complicidad de las burocracias sindicales en dejar pasar esta confiscación al salario y fraude laboral es total.

La situación es aún más grave en el caso de la industria. Allí la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el ingreso total descendió 18,6 puntos porcentuales, mientras que la participación del excedente empresario subió 15,8 puntos. Como vemos, las patronales industriales amansaron fortunas valiéndose de una pérdida del salario real de sus trabajadores -del 38,9% ente 2016 y 2021- y de la suba de precios, la cual fue del 494,2% en el sector. Sin embargo, no tienen ningún reparo en reclamar, como condición para desandar la huelga de inversiones que protagonizan, una reforma laboral y un levantamiento del cepo que les permita girar sus utilidades al exterior con mayor facilidad. Se ve a todas luces que, a contramano de lo que sostienen los capitalistas, lo que paraliza la economía no es el costo laboral sino el costo empresario, ya que el excedente de capital creció sin ningún correlato en los niveles de inversión.

Por otro lado, el informe evidencia que el rebote pospandemia, que significó un crecimiento industrial del 15,8% en 2021, no se tradujo en una mejora en los salarios -los mismos cayeron ese año 6,5% en términos reales- ni en las condiciones de trabajo, por el contrario, se profundizó la precarización laboral. En ese sentido, el empleo asalariado en el sector se redujo un 4,5% en 2021 fundamentalmente porque muchos trabajadores de las fábricas fueron reemplazados por cuentapropistas. Los únicos que mejoraron fueron los balances contables de las empresas, a costa de una mayor explotación obrera.

Lógicamente, los ingresos de los trabajadores informales son los más deteriorados. Sin ir más lejos, según el índice salarial del Indec de mayo 2022, los sueldos del sector privado no registrado tuvieron una caída real del 1,9% mensual, del 7,9% interanual y del 7,02% en el acumulado del año.

La hoja de ruta del FMI promete empeorar esta realidad, ya que incluye una devaluación de la moneda, tarifazos en los servicios y nuevos aumentos en el combustible. El ingreso de Sergio Massa al gabinete, con el apoyo de todas las alas de la coalición oficial, tiene por objetivo apuntalar esas medidas, perforando más todavía el bolsillo popular. Por lo tanto, corresponde que defendamos nuestros ingresos, los puestos de trabajo y los convenios colectivos peleando por un paro nacional y un plan de lucha que ponga las reivindicaciones del pueblo trabajador en el centro de la agenda política.