El nombramiento de Sergio Massa como “superministro”, lejos de significar un relanzamiento del gobierno, es apenas su último cartucho para intentar llevar a término el mandato presidencial. Es un alfil de la Casa Blanca que se aferrará lo más posible a los lineamientos del FMI, agravando los choques sociales con las masas y al interior de la propia clase capitalista.

Los mercados saludaron la noticia apaciguando la efervescencia de los dólares paralelos, asumiendo que la designación de Massa es señal de mayor devaluación y ajuste. Esa orientación, sin embargo, abrirá un escenario de crisis. Por un lado, la suba del dólar oficial agravaría la estampida inflacionaria echando leña al fuego al descontento popular e incrementando los costos industriales.

A su vez, pondría al rojo vivo la cuestión de las tarifas del gas y la luz, ya que el precio del gas -insumo base de toda la cadena energética- se encuentra dolarizado. Recordemos que el gobierno viene evitando aplicar un tarifazo en shock porque, si bien busca recortar los subsidios energéticos para adecuarse a las metas fiscales del FMI, es consciente de que el humor social no toleraría semejante golpe al bolsillo.

Por otra parte, una devaluación en regla desarmaría el esquema de deuda en pesos montado sobre el Tesoro y el Banco Central, desatando una corrida cambiaria -y hasta bancaria- de gran envergadura, lo cual haría volar por los aires el propio acuerdo con el Fondo. La otra opción sería acompasar la suba de las tasas de interés con el ritmo devaluatorio, lo cual elevaría al paroxismo los costos usurarios del endeudamiento nominado en moneda local y encarecería el crédito bancario profundizando la recesión económica.

Como si fuera poco, tendrá bajo su órbita a la cartera de Producción y Agricultura, donde se concentran las relaciones entre importadores y exportadores. En ese sentido, deberá lidiar con los intereses cruzados de las distintas fracciones capitalistas: entre los que acopian la cosecha a la espera de una devaluación y las patronales industriales que reclaman libre acceso al dólar barato para importar insumos, sin los cuales aseguran que deberán parar la producción.

Massa, a su turno, toma la tarea de reforzar el ajuste fiscal, en función de cumplir con las metas anuales del Fondo Monetario. Con las dificultades que supone, por ejemplo, reducir los subsidios energéticos y liberar las tarifas o podar la asistencia social sin que el pueblo, hundido en la pobreza, salga a ganar las calles. No olvidemos que el gobierno se disponía a congelar los planes sociales pero se vio obligado a largar un bono de $11.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo como respuesta a la lucha del movimiento piquetero. El temor a la reacción popular envuelve a todo el régimen político.

Al mismo tiempo, medidas que apuntan en esa dirección, como el ajuste sobre las transferencias provinciales, los subsidios al transporte y los fondos destinados a la obra pública, horadarán tempranamente la relación entre el nuevo “superministro” y la liga de gobernadores del PJ que hoy depositan cierta expectativa en su figura. Los mismos que en las vísperas de su llegada al gabinete se reunieron con Alberto Fernández para expresarle sus demandas.

Finalmente, el gobierno tiene pocas condiciones para revertir el agotamiento de su gestión, dado que ató su suerte a un acuerdo con el FMI destinado al fracaso. Ahora, con el único propósito de evitar un adelantamiento de las elecciones, quema las naves con el “operativo Massa”, lo cual no solucionará la crisis pero de seguro traerá aparejado nuevos ataques contra los trabajadores. Tenemos el desafío y la necesidad de enfrentar cada uno de ellos por medio del paro nacional y el plan de lucha.

 

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