Aduana detectó sobrefacturación de importaciones por más de u$s1.650 millones, una maniobra utilizada por las empresas para beneficiarse con la brecha cambiaria, promoviendo la fuga de divisas. El gobierno, presionado por la acuciante crisis de reservas del Central, inició el año pasado este operativo de auditoría que desnuda, sobre todo, el resultado de la privatización de los puertos de y de la Hidrovía, principal vía de contrabando.

Estas empresas traen mercadería del exterior y la hacen facturar desde un tercer destino a un precio mucho mayor, logrando acceder a más dólares a cotización oficial. Este diferencial de divisas se fuga de esta manera del país, o se reingresa mediante circuitos paralelos aprovechando la diferencia de cotización con los otros tipos de cambio.

Esto involucra a las principales exportadoras del país, como son las cerealeras, pero incluso se pudo confirmar que una empresa que importaba equipos para Vaca Muerta simuló una operación triangulada con Estados Unidos para sobrefacturar la importación. Las multinacionales no solo saquean los recursos nacionales, sino que se enriquecen a costa del desfalco del Central, a pesar de que en su mayoría cuentan además con exenciones impositivas y beneficios cambiarios otorgados por el gobierno.

Estas prácticas son moneda corriente y provocan una sangría que hasta pone en juego el cumplimiento de las metas fiscales y de acumulación de reservas fijada por el FMI, lo que pone al gobierno en la necesidad de intervenir. Sin embargo, el cepo a las importaciones y el acuerdo firmado por Massa, que habilita el acceso a la información tributaria sobre las multinacionales estadounidenses que triangulan con filiales instaladas en Argentina, no logran revertir el problema, puesto que mantiene inalterable todo un régimen de saqueo por parte de los capitalistas, lo que permite que proliferen esos mecanismos.

Es esta la estructura sobre la que opera por ejemplo el narcotráfico, cuya columna vertebral son los puertos privados ubicados a orillas del Paraná, en la Hidrovía, algo que también involucra a otros eslabones como los bancos, el juego para el lavado de dinero o la venta de armas. La privatización de estos puertos, llevada adelante durante el gobierno de Menem, le otorgó el control a los pulpos capitalistas de un área estratégica del país, como lo es el comercio exterior.

Este esquema ha sido sostenido por todos los gobiernos, que se han dedicado a incentivar las exportaciones de los agronegocios, las mineras y todos los que despachan mercadería y materias primas desde los puertos privados del Paraná. Esto incluye, además de la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, también el negocio del narcotráfico.

Sin ir más lejos, el puerto de Rosario se convirtió en la puerta de salida de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y otros rincones del planeta. En septiembre del año pasado, se encontraron 1.658 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en US$60 millones, en bolsones con expeller de maíz cuyo destino era Dubai. Se detectaron otros 1.434 kilos escondidos en contenedores de maní, valuados en US$40 millones. En el puerto de la compañía Vicentín se encontraron otros 1500 kilos de cocaína.

Queda claro entonces que para terminar todo este tipo de negocios turbios hay que atacar los intereses empresarios que están detrás, y echar a los políticos capitalistas que son sus cómplices. La apertura de los libros de las empresas y la nacionalización de los puertos y del comercio exterior, y su colocación en manos de los trabajadores, sería un paso fundamental en ese sentido, dado que es la población laboriosa la que paga con hambre y carestía las consecuencias de este régimen de saqueo, y, por lo tanto, es la única clase social interesada en terminar con semejante oprobio.

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