Mientras la segunda ola augura un inminente colapso sanitario en Argentina, Martín Guzmán está de gira por Europa concentrado en las negociaciones con el Club de París y el FMI para acordar el repago de la deuda. En este cuadro el gobierno acaba de quedar en un off side difícil de disimular: mientras pide una mayor porción de los dólares que el Fondo va a repartir, con la mira puesta en poder pagar los próximos vencimientos, los funcionarios del organismo objetan que deben usarse para gastos de salud y la compra de vacunas. Más aún, dejaron en claro que no reemplazan a los programas que financian “reformas estructurales”, es decir que tampoco compensa el ajuste comprometido para llegar a un acuerdo.

El ministro de Economía participó de la asamblea de primavera (boreal) del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con la clara intención de mendigar una reasignación de los 650.000 millones de dólares que se repartirán con los llamados Derechos Especiales de Giro -que se emiten con la intención de contrarrestar la crisis mundial. A la Argentina le tocarían unos 4.300 millones, pero Guzmán reclama que la cuota de los países de mayores ingresos puedan ser redistribuidas a los que enfrentan mayores necesidades. No hablaba sin embargo de necesidades sociales o sanitarias.

La apuesta oficial es poder hacer frente al vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París en mayo, y luego otros dos con el FMI en septiembre y diciembre por más de 4.000 millones en total. Con ese aire espera pilotear la situación financiera del país hasta las elecciones legislativas, y recién después cerrar un nuevo programa con el Fondo para el repago de los 50.000 millones de dólares que se le deben al organismo. En el interín el país se dirige hacia un abismo, pero el ministro sigue insistiendo en que logrará cumplir con un ajuste fiscal mayor al delineado en el Presupuesto 2021, lo cual está en la raíz de la resistencia a implementar restricciones y medidas de aislamiento para frenar los contagios de coronavirus.

Es en parte lo que respondieron los funcionarios fondomonetaristas. Geoffrey Okamoto, el vice del organismo, explicitó a los medios que los DEG no suplantan los “préstamos del FMI que apoyan programas de reformas estructurales en los países” ni una “necesaria reestructuración de la deuda”. Con ello desairó al gobierno argentino por partida doble: tanto en relación al pedido de mayores fondos como al planteo de un acuerdo “flexible” que no condicione toda la política económica. El ajuste que se lleva adelante ahora, a costa de negar hasta una nueva ronda del IFE, es solo la previa del verdadero zarpazo que vendrá después, para garantizar el repago de la deuda.

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La sola negociación está costando carísima al país. No hablamos solo del cepo presupuestario sobre la salud (que además de la carencia de camas, vacunas y test se expresa en los reclamos de los trabajadores del sector) y la asistencia social (cuando el propio Indec reconoce una pauperización generalizada y se masifican los reclamos piqueteros). El sostenimiento de la precaria pax cambiaria mediante operaciones usurarias como la venta y recompra de bonos soberanos consume la mayor parte de las divisas que ingresan por los altos precios de la soja. Si este es el cuadro en la época de bonanza en que se liquida la cosecha, los interrogantes sobre lo que pasará la segunda mitad son cada vez mayores.

El otro aspecto es que para desalentar la corrida contra el peso el gobierno se comprometió a reducir la emisión monetaria. Para cumplirlo -es decir, para pagar los vencimientos en moneda local y además financiar el déficit fiscal sin que el Banco Central emita más billetes- se está superendeudando en pesos, pero solo capta prestamistas al precio de atar los intereses a la inflación o al dólar.

Al mismo tiempo, también en función de evitar una estampida hacia el dólar, sigue creciendo la deuda del Banco Central (Leliq y pases pasivos). Es una bola de nieve, que solo en marzo se incrementó unos 325.000 millones de pesos, pero que además de crecer termina generando emisión, porque en el primer trimestre del año ya se pagaron más de 260.000 millones de pesos en concepto de intereses -prácticamente lo mismo que se gastó el año pasado en el IFE. Es el costo de la supuesta estabilidad financiera que celebra el gobierno.

Lo peor es que todo el “esfuerzo” apunta a consagrar un acuerdo que nos llevará al abismo. Ante el reclamo de Guzmán de que se contemple la fragilidad de la situación argentina para atenuar el costo del repago, Kristalina Georgieva respondió que las tasas de interés se fijan por los riesgos que implica ser un “prestamista de última instancia”. Las “reformas estructurales” a las que se refieren los funcionarios del FMI están parcialmente en marcha, como lo saben los jubilados a quienes les robaron la movilidad o los petroleros a quienes les desgajaron el convenio colectivo, con consecuencias desastrosas para las familias trabajadoras y ninguna ventaja en términos de desarrollo económico. Y como prácticamente no hay manera de que Argentina devuelva en 10 años 50.000 millones de dólares, vamos derecho a nuevas renegociaciones que mantendrán la tutela de esta cueva del capital financiero sobre la economía nacional por varias décadas.

La única salida a este laberinto es romper con el FMI y el Club de París, investigar la deuda externa fraudulenta para evitar pagar esa hipoteca usuraria, y proceder a nacionalizar la banca y el comercio exterior para poner fin al saqueo sistemático de la nación. Sería el puntapié para invertir los recursos del país en un abordaje real de la pandemia, y luego en un plan de desarrollo nacional sobre nuevas bases.

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