La decisión de Alberto Fernández de incrementar el alcance de la Tarjeta Alimentar ha despertado una serie de críticas por parte de Emilio Pérsico y Juan Grabois, dos referentes de las organizaciones sociales ligadas al gobierno, nucleadas en la Utep. Ambos calificaron la medida como “asistencialismo puro” y plantearon que sería más inteligente crear trabajo. Luis D´Elía, posteriormente, también reprobó la iniciativa oficial. En ese sentido, vale preguntarse cuáles son las motivaciones y el alcance de esta disputa repentina.

Lo que está en el centro de la discusión es que el Estado decidió, en esta oportunidad, dirigir la asistencia social hacia una tarjeta alimentaria cuya entrega corre por cuenta del Ministerio de Desarrollo Social, las provincias y los municipios, sin que medien las organizaciones sociales. Grabois y compañía esperaban que esos fondos fueran destinados a la construcción de viviendas donde la mano de obra hubiera provenido de cooperativas de trabajo pertenecientes a la Utep. Como se ve, lejos están de denunciar que la ampliación de la Tarjeta Alimentar es un intento del gobierno de tapar el ajuste que viene aplicando.

A juzgar por su trayectoria, la supuesta preocupación de este sector acerca de la “creación de puestos de trabajo” o frente al hecho de que con la Tarjeta Alimentar “los bancos se quedan con la plata de los pobres”, o bien, en relación a que esta medida busca atomizar a los sectores populares en función de que no se agrupen en organizaciones para pelear por sus demandas, no pasa de la demagogia. En primer lugar, porque la generación de empleo que proponen es la proliferación de planes sociales cuyos montos están por debajo de la canasta de indigencia. En segundo lugar, la transferencia de ingresos de las capas más empobrecidas de la población al capital financiero sucede de forma constante a través del pago de vencimientos de deuda utilizando fondos públicos, sin embargo, esta orientación gubernamental no ha generado discrepancias con los portavoces del Triunvirato Cayetano. Por otra parte, la actividad de estas organizaciones en las barriadas no consiste en organizar a los desocupados por sus reclamos, sino por el contrario, cumplen la función de desmovilizar y contener el descontento social.

La adaptación de la Utep al gobierno y al ajuste en curso es total. Estas organizaciones no salen a las calles ante el recrudecimiento del hambre y la pobreza y han abandonado por completo la lucha por los reclamos de los desocupados. En su lugar, ofician de rueda de auxilio del rumbo fondomonetarista de la coalición gobernante, intentando evitar a toda costa un estallido social en los barrios pobres. Sin ir más lejos, Emilio Pérsico ejerce como funcionario en su rol de secretario de la Economía Social, y, como es evidente, no se puede formar parte del Estado ajustador, y, al mismo tiempo, combatir el ajuste. Es preciso no tener ningún tipo de ataduras con quienes nos hambrean para desenvolver las reivindicaciones populares de manera consecuente.

Los referentes del Triunvirato Cayetano solo alzan la voz contra alguna política oficial cuando son sus propios intereses los que están en juego. Callaron ante cada una de las medidas antipopulares del gobierno. No dijeron nada frente a la quita del IFE y la reforma antijubilatoria; tampoco emitieron opinión sobre la aplicación de sucesivos naftazos, ni se pronunciaron en contra del aumento de tarifas en puertas, ni denunciaron el carácter ficticio de las iniciativas para controlar la suba de los precios; menos aún, cuestionaron los topes salariales, el horizonte de acuerdo con el FMI y la pérdida de 296 mil empleos formales en un año. Como si esto fuera poco, convalidaron un aumento miserable del salario mínimo, que llegará a $29.160 recién en febrero 2022 cuando la canasta de pobreza actual se encuentra en $60.874.

Por lo tanto, no estamos frente a una disputa en torno a qué medida es mejor para resolver la crisis social, sino que la discusión pasa por quién va a ser el encargado de gestionar la mayor parte de los recursos estatales destinados a garantizar la “paz social”, si los intendentes a través de la Tarjeta Alimentar o los movimientos sociales cooptados por el Estado. Es decir, las necesidades del pueblo trabajador están completamente ausentes en este debate. La única preocupación del Triunvirato consiste en retener su protagonismo en el control de la contención social.

Grabois llega más lejos en su planteo cuando propone que las 4 millones de personas que componen el amplio espectro de la denominada “economía popular” accedan gratuitamente a un monotributo y reciban por parte del Estado un “salario base”. Incluso, recomienda la creación de 5 millones más de puestos de trabajo por medio de cooperativas. Esto implicaría lisa y llanamente la extensión y consolidación de un régimen de informalidad laboral que atenta contra las condiciones de trabajo y los derechos conquistados del conjunto de la clase obrera. Lo correcto sería reclamar que los trabajadores de estas cooperativas -utilizados por las empresas y el Estado como mano de obra barata- sean registrados bajo el convenio colectivo de trabajo correspondiente según la actividad que realizan y que su salario mínimo no sea inferior a $61.000. A su vez, frente al desempleo creciente, es preciso exigir un seguro al desocupado de $40.000.

Mientras que en el bloque oficial se dirimen cuál el la vía más eficiente para promover que las mayorías no levanten cabeza y acepten pagar la factura de la crisis, y, por otra parte, chocan por ver quién ejerce el control de esa contención; a los trabajadores ocupados y desocupados nos corresponde deliberar sobre cómo defender nuestros intereses y derrotar a quienes nos empobrecen. Para ello resulta fundamental profundizar el curso emprendido por el Frente de Lucha Piquetero y el Plenario del Sindicalismo combativo, de independencia política de los gobiernos, de debate en asamblea y de lucha en las calles bajo un programa de salida a la crisis.

Es necesario un salario mínimo de $61.000; un seguro al desocupado de $40.000; trabajo bajo convenio para todos; paritarias libres e indexadas a la inflación; prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desocupación; prohibición de rebajas salariales, estatización de toda empresa que cierre, despida o reduzca salarios; planes de vivienda que empleen bajo convenio a los vecinos desocupados. Es preciso la estatización bajo control obrero de las palancas de la economía como son la banca, los hidrocarburos y el comercio exterior para que estos recursos estén al servicio del desarrollo nacional y la creación de puestos de trabajo. A la vez, la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son pasos fundamentales en esa dirección.

La solución no se reduce a “crear trabajo y poblar la patria” como afirma Grabois, sino a reorganizar los recursos del país bajo un interés social mayoritario, en función de que todos puedan acceder a trabajo genuino y vivienda digna.

 

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