Políticas
17/9/2026
Enfrentemos el traspaso de la justicia nacional de menores
Un ataque en regla contra los trabajadores judiciales
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El pasado miércoles 2 de septiembre obtuvo dictamen favorable el Acuerdo de Transferencia en materia de justicia penal de menores, firmado el 3 de julio de 2026 entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad, junto con el Cuarto Convenio de Transferencia de Competencias Penales. El dictamen avanzó en el marco de los acuerdos generales entre La Libertad Avanza y el PRO, con el acompañamiento de sectores del peronismo en una colaboración política más amplia con el gobierno nacional. Finalmente, se aprobó en el Senado este jueces.
Días después, el sábado 5 de septiembre, entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), cuya puesta en marcha desató una crisis de alcance nacional por la ausencia de condiciones materiales, presupuestarias e institucionales para su implementación. Las tensiones que ya empezaron a manifestarse entre los organismos judiciales de Nación y Ciudad, sin embargo, no modifican el problema de fondo. Más allá de las controversias jurídicas que seguirán desarrollándose, la cuestión decisiva para los trabajadores es qué ocurrirá con los puestos de trabajo, la estabilidad laboral y las condiciones de continuidad de quienes sostenemos diariamente el funcionamiento del fuero penal nacional de menores, sus fiscalías, defensorías, tribunales, juzgados y equipos de seguimiento especializados.
El dictamen del Senado y la incertidumbre laboral
El debate en el Senado no despejó ninguna de las preguntas centrales que recorren al fuero. Por el contrario, confirmó que continúan sin respuesta los principales interrogantes sobre el alcance del traspaso y sus consecuencias para los trabajadores. El gobierno, la oposición colaboracionista y la conducción del sindicato utilizan esa situación para mantener la confusión entre los trabajadores judiciales y evitar una deliberación clara sobre lo que está en juego. El convenio habilita el cierre de la estructura nacional, pero no garantiza el pase colectivo a la Ciudad. En esos términos, la transferencia constituye una amenaza cierta sobre la continuidad laboral.
A diferencia de 2018, cuando los jueces nacionales resistían el traspaso porque no querían perder su estatus de magistrados nacionales, tomaban posición pública y empujaban a los trabajadores a movilizarse masivamente en defensa del fuero, hoy predomina otra orientación. Buena parte de esas mismas conducciones judiciales les da la espalda a los trabajadores, evita pronunciarse sobre el alcance de lo que ocurre y negocia individualmente su propia suerte, dejando a la base judicial sin una respuesta frente al avance del traspaso.
La conducción de la UEJN expresó de manera concentrada esta adaptación en su alocución ante el Senado. La intervención de Rocío Herrera, miembro de la Comisión Directiva Nacional de la UEJN, evitó colocar en el centro la exigencia elemental de pase colectivo, estabilidad, cargos y antigüedad para todos los trabajadores afectados. La burocracia sindical dejó pasar una instancia clave para denunciar que, sin una cláusula expresa de traspaso colectivo, el convenio abre la puerta a desvinculaciones masivas, selección individual de personal y despidos encubiertos bajo la forma de una reorganización institucional.
Que en la propia discusión parlamentaria haya aparecido mencionada la posibilidad de "desvinculaciones masivas" confirma la gravedad del cuadro que la UEJN buscó diluir. Mientras el acuerdo avanza, la conducción del gremio evita organizar una respuesta colectiva y deja a los trabajadores sin una orientación para enfrentar el traspaso.
Cierre del fuero sin garantía de pase colectivo
El acuerdo firmado el 3 de julio de 2026 no garantiza estabilidad laboral, antigüedad ni cargos para los más de 500 trabajadores que sostenemos diariamente el funcionamiento del fuero penal nacional de menores y sus organismos vinculados. La cláusula 3.ª relega la situación del personal a futuras negociaciones de partidas presupuestarias bajo el concepto genérico de "transferencia de recursos", tratando a la planta como una variable contable diferida a un acuerdo posterior.
La cláusula 7.ª, inciso (i), ordena impulsar las medidas necesarias para regular "la finalización del funcionamiento y el posterior cierre" de la Justicia Nacional de Menores. La residualidad deja así de ofrecer un resguardo efectivo y confirma que el horizonte del convenio apunta al cierre de la estructura nacional sin una cláusula de pase colectivo. Se trata del cierre de un fuero nacional ordinario creado hace más de un siglo: un hecho inédito, de alcance histórico para la Justicia Nacional y para quienes trabajamos en ella.
El problema central: un convenio sin garantía de pase colectivo
El peligro inmediato para los trabajadores surge del propio convenio de transferencia. El acuerdo programa la finalización y el posterior cierre de la Justicia Nacional de Menores, pero no establece de manera expresa el pase colectivo de todo el personal ni garantiza la conservación de la estabilidad, los cargos, la antigüedad y las condiciones laborales. Al remitir la transferencia de recursos y partidas presupuestarias a negociaciones posteriores, deja sin respuesta qué ocurrirá con quienes integran el fuero y abre la posibilidad de reubicaciones o incorporaciones individuales.
A esta falta de garantías se suma una controversia sobre el alcance de la Ley Bases. Distintos sectores judiciales advierten que la aplicación supletoria del régimen de disponibilidad prevista en su artículo 52 para trabajadores con estabilidad propia por leyes, estatutos especiales o convenios colectivos podría ser invocada en un escenario de cierre del fuero. Sin embargo, su aplicación al personal judicial no es automática: la Ley 25.164 excluye de su ámbito al Poder Judicial y la propia Ley Bases exceptúa a sus órganos y organismos de las facultades de reorganización delegadas al Poder Ejecutivo. Esta discusión refuerza la necesidad de incorporar al convenio una cláusula inequívoca de pase colectivo, con estabilidad, cargos, antigüedad y todos los derechos adquiridos.
El antecedente del fuero nacional del trabajo muestra hacia dónde conduce este esquema: el traspaso se votó sin pase automático del personal y la Ciudad abrió un registro "voluntario" e individual de postulantes. Esa es la forma concreta que puede asumir la liquidación del pase colectivo: romper la negociación común, aislar a cada judicial y obligarlo a gestionar su continuidad laboral en un ámbito ajeno, sin el respaldo de la fuerza colectiva de los trabajadores.
La lucha por la defensa de la continuidad laboral
Ante la gravedad de esta amenaza, la respuesta de las bases fue inmediata. Más de 200 compañeros y compañeras participaron de la asamblea general del fuero y aprobaron por unanimidad un conjunto de iniciativas para enfrentar el traspaso. Entre ellas, respaldaron la realización del paro y la movilización y promovieron, a través de la Comisión Interna del Fuero Penal (CIP-UEJN), la elaboración de un petitorio para que trabajadores y funcionarios expresen su rechazo a la transferencia de la Justicia de Menores a la CABA. La asamblea reclamó además un pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (CNACC) sobre el futuro del fuero y la continuidad de todas las fuentes laborales, e impulsó que magistrados y cámaras nacionales se pronuncien contra el traspaso y el desguace de la Justicia Nacional.
Como parte de esas decisiones, la asamblea eligió dos veedores de la CIP y tres trabajadores judiciales para intervenir en futuras reuniones institucionales. También estableció que los encuentros con autoridades de los ministerios de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación o de la Ciudad, así como con directores o ministros de la Corte Suprema, cuenten con la participación de dos representantes de la CIP-UEJN y del representante electo por la asamblea. El objetivo es que cualquier negociación sobre el traspaso se desarrolle con representación y control de los trabajadores, y que contemple la continuidad laboral de todo el personal afectado, incluidos los 84 profesionales del Cuerpo de Delegados Inspectores.
Impulsemos asambleas en los edificios
La defensa de cada puesto de trabajo exige transformar la incertidumbre extendida en una acción colectiva organizada desde las bases, interviniendo en cada instancia abierta y exigiendo que ninguna negociación avance sin mandato ni control de los trabajadores.
La tarea es promover asambleas y llevar adelante la elección de delegados en juzgados, defensorías, fiscalías, tribunales y programas afectados.
Se trata de unificar la lucha por la estabilidad laboral, el pase a planta de todos los interinos y contratados, y la continuidad laboral de todos los trabajadores frente al traspaso. Solo una deliberación colectiva de estas características puede poner en pie la fuerza necesaria para enfrentar el traspaso y defender nuestros puestos de trabajo y todos nuestros derechos conquistados.
