Políticas
8/9/2026
El nefasto Régimen Penal Juvenil de Milei no garantiza ni el presupuesto para “encarcelar niños”
Una jueza bonaerense suspendió su aplicación en la provincia ante la falta de garantías y cárceles colapsadas.
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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil expone contradicciones insalvables, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich bajando la edad de punibilidad a 14 años y con la intención de llenar las cárceles de adolescentes, pero con un sistema penitenciario que no cuenta con lugares ni recursos para recibirlos, como así declaró la jueza bonaerense Marta Elba Pascual que suspendió su aplicación por 60 días. La política de mano dura se presenta como un chivo expiatorio para cubrir los vínculos del poder político con el crimen organizado y el narcotráfico, con un ajuste que siquiera hace posible “meter presos a los chicos”, como pretende el gobierno.
La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar este lunes a un hábeas corpus que suspendió la aplicación del régimen en la provincia de Buenos Aires. La magistrada, que se definió como “garantista”, fue categórica al evaluar el encierro de menores: “Pésimo”. También advirtió que con esta ley “no vamos a crear más seguridad”.
ENTRÓ EN VIGENCIA EL NUEVO REGIMEN PENAL JUVENIL
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 8, 2026
Los datos oficiales nos demuestran que el delito juvenil es un problema grave que aumenta año tras año y, además, se da de manera cada vez más violenta. Un adolescente de 14 años tiene el desarrollo cognitivo necesario para… pic.twitter.com/zpLG3oLEX1
Pascual cuestionó la ausencia de infraestructura y recursos para aplicar las medidas previstas por la nueva normativa. Si no existen los mecanismos necesarios para alojar y tratar adecuadamente a los adolescentes, sostuvo, la ley no resulta beneficiosa “ni para la comunidad ni para los jóvenes”. De aplicarse la ley, como pretende el gobierno, estaríamos ante menores, niños, alojados en comisarías y cárceles comunes, las cuales además resultan actualmente inhabitables para la población carcelaria.
La advertencia desnuda los límites materiales de una reforma que pretende criminalizar a chicos de 14 y 15 años. Las cárceles y establecimientos existentes están sobrepoblados y no reúnen las condiciones necesarias para recibir una nueva masa de adolescentes. El gobierno pretende imponer el encierro antes de construir siquiera las condiciones mínimas para hacerlo.
El chivo expiatorio de la crisis
La Ley 27.801 representa una regresión histórica, estableciendo la punibilidad desde los 14 años y constituyendo un nuevo avance del aparato represivo sobre la juventud trabajadora. El antecedente más directo es el Decreto 22.278, impuesto por la dictadura genocida en 1980, que había establecido el límite de punibilidad a partir de los 16 años.
Los pibes de los barrios populares son sistemáticamente perseguidos por la policía, víctimas del gatillo fácil y utilizados por las redes criminales que funcionan con protección y participación del aparato estatal. El narcotráfico encuentra en la juventud golpeada por la pobreza, la desocupación y la ausencia de perspectivas, las condiciones perfectas para el reclutamiento del eslabón más débil de la cadena, situación agravada por el cierre de cientos de comedores populares y el desabastecimiento de alimentos y el ajuste oficial que beneficia directamente al crimen organizado.
Frente a la profundización de esta crisis, el gobierno y sus colaboradores -muchos de ellos del peronismo que garantizaron los votos para la sanción este régimen represivo- pretende transformar a esos mismos jóvenes en responsables exclusivos de la inseguridad.
Milei y Bullrich descargan sobre la juventud una política punitiva, mientras los grandes capitalistas y los sectores vinculados al poder continúan haciendo negocios. El crimen organizado y el narcotráfico no se explican por la existencia de adolescentes pobres, sino por las estructuras económicas, policiales y políticas que los sostienen.
El peronismo que acompañó el tratamiento parlamentario y permitió la aprobación de la reforma comparte esta orientación de fondo: responder a la crisis social con mayor represión. El régimen penal juvenil funciona así como un punto de apoyo para ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y naturalizar el encarcelamiento temprano.
La contradicción llega al extremo de un gobierno que pretende encerrar a chicos mientras las cárceles están colapsadas. Pero la cuestión no se reduce a una falta de cupos. Se trata de una política criminal que pretende criminalizar la miseria, persiguiendo a su paso a activistas y luchadores que se organizan contra este régimen criminal.
Esta orientación choca, a su vez, con los beneficios de los cuales gozan los grandes delincuentes, incluidos entre ellos la camarilla gobernante, con causas por criptoestafas, coimas, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico. La “seguridad” que proclama el gobierno tiene un destinatario preciso: la represión de los pibes de los barrios.
La lucha contra el delito no puede venir de quienes actúan como cómplices y socios del crimen organizado. Hay que rechazar este avance punitivista del nuevo Régimen Penal Juvenil, terminar con el gatillo fácil, la connivencia policial con las redes criminales y el reclutamiento de menores por el narcotráfico. Echemos al gobierno de Milei y sus colaboradores, fortaleciendo la movilización popular, con la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre entre la principales tareas a organizar en esta etapa.
