Finalmente, el gobierno logró reflotar el acuerdo con el FMI, que estaba en la cuerda floja debido al incumplimiento de las metas en 2023. Así las cosas, el Fondo girará a fin de mes U$S 4.500 millones para cancelar vencimientos con el organismo durante el primer cuatrimestre. A cambio, el oficialismo se comprometió a llegar a fin de año con un superávit fiscal primario del 2% del PBI y a acumular reservas netas por U$S 10 mil millones. Eso significa más ajuste sobre las espaldas del pueblo y la penetración de nuevos proyectos contaminantes a fin de recabar divisas.

En primer lugar, las estimaciones privadas arrojan que el 2023 finalizó con un déficit fiscal equivalente al 2,5% del PBI (El Cronista, 2/1). Por lo tanto, la nueva meta fiscal supone un ajuste equivalente al 5,5% del PBI. Según el gobierno, ese objetivo “se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad” (Perfil, 11/1).

Ahora bien, durante el 2023, el dinero destinado a todas esas áreas que se pretenden recortar equivalió al 7,6% del PBI, según la consultora LCG, con lo que para realizar la poda propuesta deberían reducir prácticamente a cero muchas de esas partidas, volviendo impagables las tarifas, despidiendo a casi la totalidad de los trabajadores del Estado y la obra pública y asfixiando presupuestariamente a la educación y la salud. Un verdadero colapso.

Esto fue aprovechado por Caputo para extorsionar a la población, diciendo que “si no pasa la ley ómnibus, las medidas serán más duras”. El ministro de Economía seguramente se refería al aumento de las retenciones sobre la mayoría de los productos de exportación incluido en el proyecto. Sin embargo, según los cálculos de la Fundación Mediterránea-IERAL, con esa modificación, lo recaudado a través de los derechos de exportación del agro llegaría al 1,67% del PBI.

Como vemos, quedaría un largo trecho para llegar al superávit fiscal acordado con el Fondo, con lo que esa suba impositiva consignada en la ley ómnibus no va a matizar el brutal ajuste que se avecina. Incluso, al generar choques con el complejo agroexportador, es probable que este se rehúse a liquidar la cosecha, frustrando los planes del gobierno.

Por el contrario, dicho proyecto es sinónimo de más ajuste contra las masas, desde el momento que plantea suspender la movilidad previsional y fijar los aumentos de las jubilaciones por decreto, supeditándolos al plan motosierra.

Si bien el comunicado del FMI no escatima elogios hacia el rumbo adoptado por el gobierno actual, la posibilidad de ampliar el crédito en U$S 10 mil millones no prosperó. Se ve que el organismo mantiene ciertas reservas sobre la viabilidad de la hoja de ruta de Milei, las cuales no son infundadas teniendo en cuenta las dificultades que está encontrando La Libertad Avanza para conseguir la aprobación del DNU y la Ley Ómnibus. Los elementos subyacentes de esta crisis son, por un lado, el temor de los partidos tradicionales que conforman el Congreso a que se produzca una rebelión popular y, por otro, los choques al interior de la clase capitalista que afloran a partir de estas iniciativas parlamentarias.

En ese sentido, el panorama de las reservas del Banco Central sigue siendo muy delicado. Por un lado, persiste la negativa por parte de China de liberar los U$S 6.500 que restaban del Swap que había acordado con Alberto Fernández en octubre pasado. Para colmo, la reunión entre la canciller Diana Mondino y la embajadora de Taiwán, Miao-hung Hsie, resintió aún más el vínculo de Argentina con el gigante asiático, que reclama la soberanía sobre esa isla.

A su vez, como la Afip dejará de requerir la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) de las empresas importadoras, como condición para acceder a al mercado único de cambios, y eliminará las Licencias No Automáticas, crecerá la demanda de dólares oficiales para importar o saldar deuda comercial con los proveedores del extranjero, la cual alcanzaba los U$S 48.182 millones en el primer semestre 2023. Ese monto ya se lleva puesto los U$S 15 mil millones que la consultora Ecolatina proyectó como superávit comercial para el 2024, contemplando el autoabastecimiento de energía que proporciona el gasoducto y el repunte de las exportaciones de materias primas habiendo dejado atrás los efectos de la sequía.

Por otra parte, los vencimientos de deuda externa sumarán presión a las reservas. Sin ir más lejos, el gobierno acaba de emitir una letra intransferible a diez años al Banco Central por U$S 3.200 millones, a cambio de dólares para cancelar compromisos de enero por U$S 1.572 millones con los bonistas privados que ingresaron al canje de 2020. Con todo, parece improbable cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI.

En esta bancarrota se enmarcan el crecimiento de la brecha cambiaria y las presiones devaluatorias. A su vez, las medidas del gobierno, tales como reducir el rendimiento de los plazos fijos, no hicieron más que empujar las cotizaciones paralelas. Cabe destacar que el gobierno, siguiendo las prescripciones del FMI, no intentará contener los tipos de cambio financieros vendiendo dólares de las reservas, lo cual avizora una nueva megadevaluación. Además, la apuesta del oficialismo es endosarle la deuda del BCRA al Tesoro, acrecentando una bicicleta financiera en la cual se gestan las condiciones para que se produzcan corridas de gran alcance.

Por lo tanto, no existe la mentada “luz al final del túnel” que promete el FMI cuando afirma en su comunicado que “el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar”. El sacrificio que Milei y el Fondo les exigen a los trabajadores no aportará mejoría alguna a la situación económica, solo apunta a que los primeros paguen los costos de la crisis que produjeron los capitalistas con su saqueo constante bajo la anuencia de todos los gobiernos.

La única manera de salir de esta debacle es rompiendo el pacto fondomonetarista de ajuste e inflación y poniendo fin a la fuga de capitales bajo todas sus formas, mediante la nacionalización bajo control obrero de las palancas económicas del país (sistema financiero, comercio exterior) y el repudio de la deuda externa usuraria, en función de destinar el ahorro nacional al desarrollo de la industria y la satisfacción de las necesidades populares. Los trabajadores debemos adoptar este programa de transformación social al sol de la lucha contra el paquete antiobrero de Milei, Caputo y compañía.

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