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La actitud adoptada por el gobierno “nacional y popular” ante los principales acontecimientos de la última semana debe ser un motivo de reflexión para el conjunto de los trabajadores argentinos. La velocidad con la que el gobernador bonaerense y el presidente le prometieron un aumento salarial a la “maldita policía” bonaerense, contrasta violentamente con el tratamiento que reciben los trabajadores de la salud, los docentes y los estatales de la provincia y de todo el país, a quienes les mantienen los salarios congelados. Complementa las amenazas de desalojo que Fernández, Kicillof, Massa, Berni y cía. realizaron contra las miles de familias que se encuentran ocupando terrenos en el Gran Buenos Aires y en distintos puntos del país, peleando por su derecho a la tierra y la vivienda.

El gobierno necesita de una fuerza de seguridad leal ante el descomunal agravamiento de la crisis social. Es decir, una policía al servicio de la represión de las luchas obreras y populares. En última instancia, diría Lenin, el Estado es un destacamento de hombres armados al servicio del capital. Es lo que se evidenció, recientemente, en la represión a los obreros de Algodonera Avellaneda del grupo Vicentin, que protagonizaron 75 días de huelga en defensa de sus salarios o en la represión y detención de los obreros del Puerto de Buenos Aires, que rechazan la imposición patronal en la paritaria. Por eso el gobierno no solo le prometió a la policía un aumento salarial, sino que venía de destinar una partida de 37 mil millones de pesos que incluye todo un paquete de reforzamiento del aparato represivo. Sin embargo, la promesa de aumento no conformó a la tropa, que conoce las engañifas de las promesas sin monto y reclama una suma concreta, reclaman que Berni ponga la cara y exige también garantías de impunidad para los agentes de la Bonaerense involucrados en la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro.

En este marco, la oposición política derechista se ha montado en la revuelta policial para agitar su histórica línea de reforzamiento del aparato represivo. Del otro lado, la burocracia de la CTA, que se mantiene en cuarentena desde mucho antes que desembarque la pandemia en la Argentina, se ha lanzado a impulsar una marcha en apoyo al gobierno de Kicillof. Pero la especie de que estaría en marcha una asonada golpista en la provincia es un completo dislate. Pues de conjunto, la burguesía se mantiene alineada con el gobierno de los Fernández, al que valora como el gobierno con mayor capacidad para contener a las masas en función de la política de la burguesía: avanzar en el acuerdo con los bonistas y encarrilar un nuevo acuerdo colonial con el FMI.

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Bien vista, la revuelta policial representa una expresión más de la profundidad de la crisis social. El gobierno y las burocracias sindicales han sido corresponsables, junto a las patronales, de los 500 mil despidos consumados en el primer semestre, las 750 mil suspensiones y del gigantesco retroceso salarial, que abarca a la totalidad de la clase obrera argentina. Solo un 10% de los trabajadores registrados ha tenido paritarias, con aumentos que no superan el 30%, mientras el otro 90% se mantiene con sus salarios congelados. Todo esto, contra una inflación prevista del 45%. El ministro de Salud, Ginés González, atendiendo al reclamo de la burocracia sindical, acaba de anunciar su pretensión de aumentar los aportes obreros a las obras sociales, lo cual significa una reducción nominal de los salarios. Toda esta pauperización de las masas se combina con un agravamiento de la crisis pandémica, que en numerosos puntos del país está llevando al colapso al sistema sanitario.

Crisis económica y régimen político

El telón de fondo de toda esta crisis social y sanitaria es el agravamiento de la bancarrota económica. Ni el acuerdo con los bonistas ni el superávit en la balanza comercial han logrado un rebote de la economía, ni mucho menos una reactivación. Tampoco han logrado frenar la presión sobre el dólar, fuertemente acicateada por la descomunal emisión monetaria. El Estado argentino pierde entre 100 y 150 millones de dólares por día para tratar de contener la cotización del dólar. Las reservas de libre disponibilidad del BCRA se encuentran en los 6.500 millones de dólares (ámbito.com, 9/9) y a este ritmo terminarían por evaporarse en apenas dos meses (El Cronista, 8/9). Pero las reservas líquidas, descontadas las tenencias en oro y derechos de giro, no superan los U$S 2.500 millones. Nada. Además, el Bcra debe responder también por las deudas en dólares de los Estados provinciales, que superan en total los 13 mil millones de dólares. En aras de achicar la brecha entre el dólar oficial y el “dólar Bolsa”, tal como lo reclama la clase capitalista, el gobierno pareciera tratar de evitar, en lo inmediato, dar lugar a una megadevaluación, que redundaría en un descomunal salto inflacionario, o a un desdoblamiento del tipo de cambio. Pretende, por el momento, contener esa brecha operando, por un lado, con un mayor endeudamiento en pesos y, por el otro, con los bonos que recibió por el canje de deuda y con los recursos de la Anses. Es decir, profundizando el hipotecamiento del país y la confiscación de los jubilados. La pretensión de Fernández de apuntalar el ingreso de divisas al país vía exportaciones deberá abrirse paso en el cuadro de la depresión capitalista internacional, que recrudece la guerra comercial y monetaria.

El adelanto de las negociaciones con el FMI plantea toda una ruta de ajuste que agravará la crisis social. Fernández y el ministro Guzmán pretenden un nuevo préstamo del FMI para refinanciar la deuda con el propio Fondo, lo cual tendrá como contrapartida un severo ajuste fiscal en el presupuesto 2021. De hecho, ya se comprometieron con las autoridades del Fondo a “poner las cuentas en orden”. Es lo que se pondrá en evidencia en las próximas semanas, cuando el Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso Nacional. Los presupuestos de salud, educación, los salarios, la Anses y las cajas previsionales de las provincias serán blanco, nuevamente, de un ajuste fondomonetarista. El gobierno de Fernández comenzará las negociaciones con el Fondo luego de recibir, el próximo fin de semana, un revés en las elecciones de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, donde su candidato Gustavo Béliz saldrá perdidoso ante el hombre de Trump, el gusano Claver-Carone. El visto bueno de Washington es crucial para arribar a un acuerdo con el FMI pero al mismo tiempo conspira con algunas salidas que está explorando el gobierno argentino.

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La negociación para recibir dólares por el swap chino, que implica fuertes concesiones en obras de envergadura y otros pactos comerciales y de explotación de recursos, colisiona con el favor norteamericano en torno a la refinanciación de la deuda. Esto, sea Trump o Biden quien esté en el gobierno norteamericano después de las elecciones del 3 de noviembre.

El gobierno pretende pilotear la crisis económica, social y sanitaria que se desarrolla en el país erigiéndose como un gobierno de arbitraje en la crisis capitalista. La tentativa de los Fernández de avanzar con una reforma judicial no solo apunta al salvataje de la camarilla oficial, claramente interpelada por casos de corruptela de todo tipo y color, sino también a contar con un aparato judicial adicto que pueda arbitrar ante eventuales choques inter-capitalistas, como consecuencia de la profundización de la crisis y la injerencia del Fondo en las cuentas nacionales. La tardía aparición del proyecto del gobierno que establece un impuesto extraordinario a las “grandes fortunas”, es también una expresión de una orientación intervencionista para arbitrar en la crisis. Sin embargo, las limitaciones del mismo son harto evidentes. Quien ha salido a aclararlo ha sido el mismísimo autor del proyecto, el banquero “solidario” Carlos Heller, que ha reconocido que no pagarían el impuesto quienes tengan domicilio fiscal en el exterior ni quienes tengan patrimonio en sociedades en el extranjero. Es así que Galperin, Sigman y Bulgheroni, que se encuentran entre los 10 principales millonarios del país, no pagarían el tributo. Los recursos que recaudaría el fisco con el impuestito de Carlos Heller equivalen a lo que podría lograr una aspirineta para un enfermo terminal. Son las limitaciones del intervencionismo de un gobierno “nacional y popular” tutelado por el FMI.

Programa y tareas

La profundidad de la crisis nacional hace más evidente que nunca la necesidad de una salida de los trabajadores. Esta, parte de rechazar cualquier acuerdo con el FMI, cesar con el pago de la deuda externa y proceder a la nacionalización de la banca, el comercio exterior, los recursos estratégicos, establecer un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas, y el control obrero general. La pelea por la reapertura de las paritarias, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el seguro al parado de 30 mil pesos, y la ocupación de toda fábrica o empresa que cierre o despida, el apoyo de todas las ocupaciones de terrenos, son aspectos fundamentales de la pelea en defensa de la fuerza de trabajo. Frente a la impunidad y la represión policial, es necesario redoblar la lucha por echar a Berni, por el desmantelamiento de la Bonaerense y por justicia para Facundo Castro. Frente a la crisis sanitaria, recobra importancia la lucha por la duplicación del presupuesto de salud, por la centralización de los sistemas sanitarios, la paralización de los lugares de trabajo con contagios y, por sobre todo, el establecimiento de protocolos obreros y comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. La autoconvocatoria de los más diversos sectores de trabajadores ante la entrega de la burocracia sindical estará a la orden del día.

En oposición al pacto social de hecho que la burocracia sindical mantiene con las patronales y el gobierno, es necesario denunciar la tregua de la burocracia, reclamar un plan de lucha y un congreso de bases del movimiento obrero, e impulsar con todo la acción de lucha que el Plenario Sindical Combativo prepara para el próximo 17. Asimismo, urge el impulso de una acción política del Frente de Izquierda, para ofrecer a la vanguardia obrera y juvenil una referencia política clara y nítida de independencia de clase.

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