22/10/2020

Entre Ríos: el derecho a la tierra y sus enemigos

Sobre el reclamo de desalojo del campo de Santa Elena.

El extitular de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, encabezó ayer una movilización de productores en Entre Ríos para reclamar el desalojo de un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (que orienta Juan Grabois) y de su hermana Dolores de un campo ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. El ruralista presentó también una denuncia en la justicia, sobre la que se espera para hoy una resolución. Por el momento, los productores mantienen una vigilia en el lugar.

El campo en cuestión se encuentra en disputa entre Dolores y el resto de sus hermanos, entre ellos el exministro. La confrontación se remonta a 2009, cuando la muerte del hacendado Félix Etchevehere puso en juego una importante herencia. La hermana del exministro denuncia una inicua trama para excluirla. Al mismo tiempo, ha puesto de relieve los métodos con que sus hermanos han amasado sus fortunas (reducción a la servidumbre de trabajadores; adquisición de tierras al 10% de su valor y copamiento de estas a punta de pistola; vaciamiento; estafas al Estado, etc.). La conexión entre Dolores Etchevehere y el MTE responde a que esta ha donado parte de sus tierras para el desarrollo de un proyecto agroecológico.

La movida ruralista incluyó la visita amenazante de una delegación a la tranquera del campo, donde uno de los referentes dijo a los presentes que “yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos” (Página 12, 22/10). Además, trascendieron audios en que uno de los ruralistas califica de “piojosos y sarnosos” a los miembros del MTE y asegura que “yo llevo absolutamente a todo el personal de mi campo y perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado” (ídem). Otro pide mandar “a algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, de esos que odiamos tanto” (ídem).

Si bien la movida ruralista es desatada por este conflicto en particular, tiene un alcance más general. La Sociedad Rural de La Paz condenó “todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones” (Infobae, 21/10).

Aunque el extitular de la SRA acusó a Alberto Fernández de avalar a los miembros del MTE, debido a que dos funcionarios se hicieron presentes en el campo entrerriano, y cuestionó al gobernador Gustavo Bordet por no pronunciarse sobre el tema, lo cierto es que el gobierno está en la primera línea de ataque contra quienes se movilizan por el derecho a la tierra. El propio gobernador dijo el miércoles que se comunicó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que este “me manifestó que el presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar” (Página 12, ídem). Y afirmó que esa era su misma postura.

La política del gobierno se ve claramente en los desalojos en la provincia de Buenos Aires y la preparación del desalojo contra la toma de Guernica.

En oposición a los intereses de los grandes terratenientes y grupos inmobiliarios, y el gobierno que los avala, es necesario profundizar la lucha por el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda para las y los trabajadores.

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