Este jueves, Gendarmería realizó allanamientos en las oficinas de la Casa de Gobierno. En este marco, fue imputado el ministro de Ambiente de Leandro Zdero (gobernador radical de Chaco), Hernán Halavacs, por el avance ilegal sobre el bosque nativo.

Halavacs es el principal imputado por la tala indiscriminada en la provincia, junto a una lista de implicados (funcionarios, empresarios) que configuran una red política y empresarial que se enriqueció con los desmontes ilegales. Es la persona que más otorgó permisos de desmonte en los últimos diez años, incluso bajo los gobiernos peronistas de Peppo y Capitanich.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, imputó a siete personas (funcionarios, exfuncionarios y legisladores provinciales) por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita en la mega denuncia formulada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que impacta directo en la administración del radical Zdero pero que tiene antecedentes en las gestiones de Peppo y Capitanich.

Halavacs es actualmente la máxima autoridad ambiental de la provincia. Es ingeniero agrónomo y dueño de una consultora en la ciudad de Sáenz Peña (que fue allanada por Gendarmería al igual que las oficinas de la Dirección de Bosque y del 7 piso de la Casa de Gobierno del Chaco donde funciona el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico y Sostenible).

Halavacs, además, trabajó como consultor para la familia Vicentín, conocida en Chaco por ser la responsable del cierre del frigorífico Toba, el cual dejó a cientos de trabajadores en la calle; cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A., una empresa propiedad de la familia Urquía que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD). Estas empresas también están siendo investigadas por Sabadini.

Entre los imputados figura el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares, que fue funcionario de Peppo y Capitanich.

También están imputados el empresario forestal y exdirector de Bosques durante el gobierno peronista, Miguel Ángel López, dueño de uno de los aserraderos más grandes de la provincia, y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.

Además, hay otras figuras imputadas como el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; y el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar. Todos están acusados por haber facilitado la tala indiscriminada de árboles de bosques nativos. El fiscal Sabadini anticipó que la investigación no se agota en estas siete personas sino que podría ampliarse a otras que están siendo investigadas.

El silencio del gobernador Zdero muestra su complicidad; este utilizó la misma política que el exgobernador del PJ Capitanich, ya que de manera inconsulta y entre gallos y madrugada (2:40 am), en una “sesión especial”, habilitó la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos que permite el avance sobre las zonas amarillas, en las que está prohibida la explotación de recursos. Este avallasamiento pasó con los votos de Honcheruk (imputado), Bergia (imputado), Ayala (imputado) y la supuesta representante de los pueblos originarios cooptada por el CER, la diputada Charole.

A pesar de la gravedad de estas imputaciones, el gobierno de Zdero no ha tomado ninguna medida contra Halavacs y el resto de los funcionarios porque es parte del negocio y posee los mismos objetivos. Por ello mando a reglamentar, a través de un proyecto que ingresó el 5 de agosto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, un dictamen favorable sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) de Milei y Caputo que forma parte de la Ley de Bases. Su implementación significará una profundización de la entrega de los recursos a los capitalistas que además gozarán de exenciones impositivas del 100%. Tampoco hubo eco en la Legislatura, ya que los investigados no son solo son radicales; también hay opositores como Honcheruk, del Partido Justicialista, o Bergia, del monobloque Nuevo Espacio de Participación (Nepar), aliado con el Frente de Todos.

Además de las imputaciones, Sabadini pidió investigar el posible desvío de fondos de Nación y de las Naciones Unidas enviados a Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios que viven allí y son afectados por el desmonte y actualmente están en un plan de lucha contra el gobierno de Milei que recortó los alimentos para las comunidades originarias permitiendo que se pudran en los galpones de Capital Humano.

En estos momentos, el fiscal dictó una medida cautelar para que cesen los desmontes en Chaco. Ahora, la decisión de avanzar queda en manos de la jueza Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

En el Chaco, donde hay cifras récord de pobreza (79,5%) e indigencia (38,6%) que superan la media nacional, los empresarios y políticos se ponen de acuerdo para llenarse los bolsillos con corrupción y estafas contra la población trabajadora y el medio ambiente.

Es necesario poner en pie un congreso de trabajadores, comunidades originarias, ambientalistas y profesionales que impulse la lucha contra este régimen capitalista hambreador y depredador.

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