El miércoles 10 de julio fue interceptado por gendarmería un móvil policial con 420 kg de cocaína en la provincia de Salta. En el operativo fueron detenidos dos efectivos y hay un tercero prófugo.

El gobierno de Gustavo Sáenz trató de encubrir la situación como un hecho policial aislado, pero con el correr de los días se van conociendo que es un nuevo emergente de un Estado narco. Salta es la puerta de entrada del 80% de la droga que ingresa al país (así lo declaró Cordeiro, exfuncionario provincial y experto en el tema a FM Aries).

El vehículo donde transportaban la droga es de la Infantería para el traslado de detenidos. Los policías involucrados iban con uniforme e intentaron pasar el control diciendo que estaban en servicio. El policía prófugo, que se escapó a los tiros, no es cualquier agente: es Julio Omar Nuñez, jefe del GIC (Grupo de Intervención Conjunta), una división de la infantería de elite con acceso a toda la información de inteligencia en la frontera.

El sujeto debería estar suspendido, ya que en febrero protagonizó un escándalo en Tartagal porque ingresó exhibiendo armas de fuego y con uniforme a un hotel alojamiento a amedrentar a su expareja. Se dijo en aquel momento que fue detenido y suspendido porque el dueño del motel denunció destrozos y que apuntaba a cualquiera con el arma reglamentaria. Nunca fue suspendido.

Los 420kg de droga incautada tenían el logo relieve del delfín, que identifica a la banda de Delfín Castedo, quien actualmente está preso por narcotráfico y lavado de activos junto a su hermano Ula Castedo en la cárcel de Ezeiza. La banda de los Castedo se hizo conocida para los salteños porque son los responsables del asesinato de Liliana Ledesma, una pequeña productora que en 2006 denunció en la Cámara de Diputados de Salta y en los medios de comunicación al exdiputado Aparicio del PJ y a los hermanos Castedo por usar los caminos vecinales de sus tierras para traficar drogas. Días después Ledesma fue llevada por la hermana de Aparicio hacia un puente donde es asesinada por sicarios.

Por el crimen de Ledesma fueron condenados a perpetua los Castedo, como autores intelectuales. Uno de los sicarios, Lino Moreno, que cumplía condena por este crimen, se fugó luego que un juez salteño, Edgardo Laurenci le concediera salidas transitorias sin vigilancia. El procurador elevó pedido de Juri por mal desempeño, pero el juez renunció para evitar el proceso y que se investigue su responsabilidad en el caso. El gobernador le aceptó la renuncia colaborando con su impunidad. El sicario sigue prófugo y el exjuez tranquilo en su casa.

El caso del ex juez federal de Orán, Reynoso, que cumple condena por vender libertades de los narcos, es el antecedente inmediato de la conducta de Laurenci y de un poder judicial con amplios sectores asociados a los traficantes. Recordemos el nombramiento como juez federal de Tartagal, que cuando era secretario de los jueces Urso y Oyarbide fue sancionado por irregularidades en dos casos de narcotráfico- y solo la banca del Partido Obrero en el Congreso impugnó.

En el juicio a los Castedo quedó demostrado, post mortem, que el diputado Aparicio era parte del Clan. En su momento la bancada del PO exigió una comisión investigadora sobre este diputado y el oficialismo prefirió hacerlo renunciar para encubrirlo.

Ahora está en curso otra denuncia grave por la desaparición de Jesús Pastrana, de 31 años, quien fue a trabajar como casero en una finca de los Castedo en Yacuiba – Bolivia. El joven buscaba trabajo por Facebook, Roxana Castedo se comunicó con él y lo llevo a trabajar. Empezó en febrero y la última comunicación con su familia fue el 23 de marzo desde el teléfono del hijo de Castedo. Su padre hizo la denuncia por la desaparición en Bolivia y denunció en las radios de Tartagal que en Argentina no le querían tomar la misma.

Con el Estado narco se vienen multiplicando los crímenes mafiosos, en la frontera y ahora también en la capital.

Otro agujero negro son las cárceles, tanto la cárcel federal de Güemes como las de la provincia. En Güemes, aprovechando los festejos de año nuevo, se dio a la fuga Patricio Ruiz Díaz, alias “señor Fusil” porque portaba armas de guerra. Este sujeto fue trasladado de la cárcel de Monte Quemado a la de Güemes porque había una advertencia que tenía planificado fugarse, y efectivamente lo hizo con ayuda interior y exterior. Mientras Bullrich persigue a los que luchan y aún hay dos detenidos por movilizarse, el “señor Fusil” sigue prófugo y ni noticias.

En el penal de Villas las Rosas también se comprobó toda una red para hacer pasar drogas al penal, encabezada por sus jefes. Además, todavía están frescas en el recuerdo las estafas piramidales a miles de salteños por financieras truchas comandadas por altos jefes policiales.

Hace unos años se relevó a la cúpula de Drogas Peligrosas de la provincia porque se descubrió que incautaban drogas a los dealers y la revendían, y liberaban una zona para que entren otras bandas comandadas por policías. Con la injerencia de la policía provincial en los casos de microtráfico, a partir del gobierno de Urtubey el entramado de policías y traficantes se multiplicó.

Este año se vienen secuestrando entre 1.000 y 2.000 kg de droga por mes, en muchos casos en vehículos oficiales: una ambulancia, un camión de bomberos con el hermano del intendente de Aguas Blancas, el vehículo de una mujer policía que explota en una estación de servicio con el tanque de gas lleno de cocaína y ahora el patrullero con 420 kg .

La reciente sanción de la Ley Bases, con el apoyo de los diputados de Sáenz, puso en vigencia el blanqueo de capitales para que los narcos y sus aliados en las instituciones estatales completen el negocio. Los especialistas dicen que en Salta lo que crece es el consumo de la pasta base, la más barata de las drogas y la que mas daño hace a la salud.

Desarmar la trama del Estado narco, seguir la ruta del dinero y confiscar los bienes de los narcotraficantes es una cuestión central en defensa de la vida de los salteños. Desde el PO batallamos desde hace décadas por este objetivo.

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