Políticas
7/10/2025
Escuela y narcotráfico
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Foto: archivo.
La enorme conmoción que provocó el atroz femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) mostró la más horrorosa expansión del narcotráfico, a plena luz del día, y su todavía mayor protección política, económica y policial.
Desde un ángulo rabiosamente capitalista, La Nación acaba de publicar una nota que hace eje en la degradación socio-económica del narcotráfico (“El avance del narco degrada el tejido socioeconómico del AMBA”, 6/10). El artículo, que comienza con la reiteración del femicidio al que no nombra como tal, no hace referencia tampoco a las ganancias del narcotráfico; pero en 2018, el mismo diario publicó que el tráfico de drogas como el de cocaína y marihuana movilizaba más de 22.000 millones de pesos, sin incluir otro tipo de estupefacientes, como drogas sintéticas.
La nota denuncia complicidades, “presumible tolerancia policial y/o política no desinteresada”, pero nada dice de los grandes capitalistas que engrosan beneficios con el narco, como los bancos y/o negocios inmobiliarios con los que se lavan las ganancias del delito. La frase de apenas una “presumible tolerancia de la política”, con Espert eyectado por narco, parece un desagradable chiste del articulista.
La orientación de la nota, por lo tanto, le tira las culpas a la sociedad, a los habitantes de los barrios más vulnerables. “En muchas zonas del AMBA la venta minorista de drogas pasó a ser una salida laboral para no pocos jóvenes –con o sin estudios secundarios– en desigual competencia con trabajos precarios y mal remunerados. La “plata fácil” -insiste la nota- que genera el narcomenudeo incentiva el aumento del número de adictos, aunque unos y otros ingresen a callejones sin salida (ídem).
El horror del femicidio desmiente por completo que se trate de “plata fácil”, al mismo tiempo que coloca la desocupación masiva de la juventud y los salarios paupérrimos que pagan las patronales por trabajos precarios y extenuantes como el principal condimento que convierte al narco, para muchos, en única salida para sobrevivir.
Con el mismo sesgo, especialmente por la edad de Lara, la más chica de las víctimas, se puso en muchos medios una sombra sobre las escuelas, sobre su actitud para detectar y/o intervenir en casos de consumo de drogas entre las/os estudiantes, sobre el papel de la docencia.
La realidad de las escuelas
La nota en cuestión refiere a un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) realizado en 2023, que reveló “que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se verificó en el 35,6% de los hogares del conurbano y el 18,7% en la CABA”.
En otro informe que se publicó en 2023 en varios canales de televisión, los vecinos de Constitución denunciaron que ellos habían detectado 45 bunkers de droga en su barrio.
En la provincia de Buenos Aires (solo tomando los barrios populares o “vulnerables”, como caracteriza La Nación a los más proclives a caer en la influencia del narco), hay 164 barrios y/o asentamientos de emergencia. Esa cifra multiplicada por los 45 bunkers señalados en Constitución, indica que habría no menos, a valores del 2023, de 1933 bunkers en la provincia de Buenos Aires, el equivalente a 5 por cada escuela de la provincia. Esta realidad se multiplica por todas las regiones del país.
La juventud es un botín de guerra para narcos y capitalistas. Nadie puede vender droga en las cercanías de las escuelas sin el amparo político y policial. La escuela, como centro de toda la comunidad, chicas y chicos, docentes y padres, refracta las acechanzas de la sociedad capitalista y también la violencia que azota brutalmente a los centros educativos.
Milei y Kicillof se tiraron culpas mutuamente, cuando ambos son enteramente responsables.
Aturde el silencio de los ministerios de Educación nacional y provincial
Romina Del Plá, que es docente y directora de escuela secundaria en La Matanza, señaló públicamente que toda la comunidad educativa venía dando alerta de esto en el distrito, epicentro de una parte de los acontecimientos. Directores de escuelas secundarias, especialmente, habían llamado a todas las autoridades educativas de provincia y habían alertado qué estaba pasando, qué realidades acosaban a esa zona, cómo el narco amenazaba las normales actividades de las escuelas por el acoso sobre los chicos y chicas de los barrios y de los establecimientos. La respuesta de las autoridades fue el silencio, la inacción y la atribución de las responsabilidades a la docencia, cuando justamente son las y los docentes los que ponen el cuerpo en estas y todas las situaciones críticas que se presentan en la escuela todos los días.
La inacción de los ministerios de Educación, tanto nacional cuanto provincial, es acorde con la política de zona liberada de la policía, las fuerzas de seguridad y los gobiernos, que dan plena cobertura a una actividad delictiva que rinde enormes ganancias a capitalistas de todo tipo, y vista gorda a las coimas para múltiples bolsillos de funcionarios que deberían actuar para la eliminación de los delitos.
La inacción y el silencio fueron acompañados, también, por la Ctera-Suteba, que no solo no resolvieron acción alguna, sino que tampoco emitieron ni un comunicado. Nada que dañe a Kicillof, el gobernador de la provincia con mayor población bajo la línea de pobreza, mayor expansión del narcotráfico, mayores porcentajes de marginalidad y ocupando los últimos puestos en las lista de los salarios provinciales docentes por debajo de la pobreza del país.
Los Sutebas Multicolores
La semana pasada, los Sutebas Multicolores votaron un paro para el 8 de octubre por todos los reclamos docentes y de la educación, pero que además incluye los de la juventud y las chicas, y la comunidad educativa de Matanza.
“Frente a la crisis social: universalización del SAE, aumento en calidad y cantidad de los alimentos. Aumento de becas, asignaciones, jubilaciones y planes sociales y del presupuesto educativo”, dice el reclamo de los sectores combativos de la docencia. Y agrega: “Repudio al triple Femicidio. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ni una menos”.
Desde estas páginas señalamos que el Estado es responsable, y en este caso eso incluye también a los ministerios de educación nacional y de la provincia de Buenos Aires, que dejan inermes a los esfuerzos de los miles de docentes que todos los días ponen el hombro ante todos los problemas de la comunidad educativa.
Las imágenes de madres y padres de las barriadas de Rosario, de Buenos Aires, de todo el país, muchas veces derribando literalmente con su propias manos los bunkers de los narcos, mientras a metros las comisarías los dejan funcionar impunemente, es una enseñanza que plantea la tarea de la organización de comités de lucha contra el narco de trabajadores de la educación y comunidad educativa. Solo la acción independiente del estado, de los grupos económicos, de las fuerzas represivas y de los partidos gobernantes que permiten el crecimiento de flagelos contra la niñez y la juventud terminará con esta amenaza en los barrios y en las escuelas.
