A medida que pasan las horas desde la trágica explosión en la Escuela Albergue de Aguada San Roque y se van conociendo detalles de las circunstancias, se evidencia con mayor nitidez que estamos ante un crimen laboral con todas las letras.

Si bien la ministra de Educación, Cristina Storioni, trata de zafar de su responsabilidad afirmando que habrá que investigar por qué había personal docente en una escuela en obra, no puede ocultar que ha sido con su firma que se emitieron las sucesivas resoluciones del Consejo de Educación por las cuales se intimó y presionó a regresar a la presencialidad en todas las escuelas a partir del lunes pasado.

Incluso, han sido sus funcionarios los que apretaban a supervisores y directivos para que abran las escuelas o pongan falta injustificada a aquel personal que se mantenía en la virtualidad como parte de una medida sindical. La propia ministra decía: “Mis resoluciones tienen fuerza de ley, hay que cumplirlas”.

La compañera docente Mónica Jara estaba allí por exclusiva responsabilidad del gobierno. También se confirmó que uno de los operarios fallecidos era además profesor en un Centro de Formación Profesional (establecimientos donde se enseñan oficios) que por los salarios bajo la línea de pobreza estaría haciendo una changa en la obra. Para colmo Mónica, recientemente egresada del IFD Nº 9 de Centenario, aún no tenía número de empleado y por lo tanto no estaba en los listados de la ART; entre un sinnúmero de irregularidades laborales que son también responsabilidad del gobierno.

Por otra parte, la licitación para las obras de ampliación de la escuela fueron anunciadas por el mismo gobernador Omar Gutiérrez en agosto del 2019, en el acto aniversario del paraje, con un presupuesto de 11 millones de pesos. Al día de hoy ya suma en tres presupuestos por un monto que duplica esa suma original. Es parte de la política de los negociados con fondos públicos con obras sobrefacturadas.

Para poner sobre el tapete toda esta trama oscura, cuyas consecuencias terminan pagando las y los trabajadores con sus vidas, la diputada del FIT-U Patricia Jure presentó un proyecto requiriendo al ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Trabajo y a la de Obras Públicas las inspecciones realizadas sobre dicha obra y las circunstancias de contratación. Contra el encubrimiento del gobierno del MPN, que el tiene como costumbre ignorar los pedidos de informe, necesitamos una comisión investigadora independiente.

La respuesta popular promete ser contundente. Con miles y miles de neuquinas/os marchando por las calles y se levante un acto frente a la Casa de Gobierno reclamando la renuncia de la ministra de Educación. No fue un “accidente” y menos un “error humano”, como pretenden hacer pasar.

Este crimen laboral es producto de la política oficial tanto respecto a educación como al desarrollo de la obra pública, sin controles y al servicio de la patria contratista.

¡Aguanta Mónica Jara, luchamos por justicia para vos y tus dos compañeros!

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