Explosión en Lanús: Metrogas y los gobiernos deben responder

La explosión de gas en Lanús pone bajo responsabilidad política a la patronal de Metrogas y a los gobiernos nacional, provincial y municipal que, a estas horas, se están tirando la pelota entre ellos. Una obra a cargo de una empresa tercerizada terminó en un desastre sin que se articularan las medidas para impedirlo, con el saldo de un muerto y más de treinta heridos confirmados. Mientras se discute quién recibió los avisos y quién debía intervenir, los trabajadores y vecinos cargan con las consecuencias.

El municipio confirmó una persona fallecida, treinta heridos y dos desaparecidos tras el estallido de este viernes 13 en Remedios de Escalada. Una tuneladora utilizada en los trabajos de Exgadet, contratista de Metrogas, dañó un caño en Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial. El escape terminó en una explosión que arrasó locales y afectó viviendas.

Según el intendente Julián Álvarez, la rotura se habría producido a las 9:44, más de una hora antes de la explosión. Desde el Ejecutivo municipal responsabilizan a la empresa por no dar aviso a tiempo, sin embargo nada exime al municipio de más de una hora de inacción ante una situación que fue detectada por numerosos vecinos y que la Municipalidad ya debía conocer.

Tercerización y precarización laboral

El director de Defensa Civil, Claudio Arale, sostuvo que los trabajadores avisaron a Metrogas y que esta envió una cuadrilla sin activar los servicios locales de emergencia. Según su relato, cuando llegó personal de seguridad, recibió como respuesta que la situación estaba controlada sin corroborar ni verificar nada por su cuenta, lo que, según manifestaron varios vecinos, era una situación evidente de acumulación peligrosa de gas en la zona.

Metrogas, con mayoría accionaria de grupo empresario liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, no puede descargar su responsabilidad sobre la contratista ni sobre los operarios que estaban en el lugar. La organización de la obra, su supervisión y las decisiones frente al escape deben investigarse desde la cadena de mando empresarial. También deben abrirse los contratos y registros laborales para establecer bajo qué condiciones de contratación, capacitación y seguridad se trabajaba.

La tercerización laboral supone condiciones más precarias de trabajo, justamente para abaratar costos empresarios y sacar una mayor tajada del negocio de la concesión privada de la distribución del servicio de gas. La patronal bien sabe de esta lógica, aplicando el mismo esquema en Edenor, con cuadrillas precarizadas que trabajan a contratiempo emparchando el sistema eléctrico en vez de hacer las inversiones de fondo que requiere el sistema para su correcto funcionamiento.

De seguro ahora nos encontremos ante un operativo para responsabilizar a un trabajador puntual o al maquinistas, buscando la impunidad de todos los implicados: Metrogas y el Estado, incluido el gobierno nacional que no controla a la patronales negreras y vaciadoras y que incluso promueve sus negocios en toda la cadena energética.

El Estado también tiene que dar explicaciones

Arale informó que la fiscalía descentralizada N°6 solicitó detener a dos jerárquicos de Metrogas por incumplimiento de los protocolos de emergencia, una medida que suena a propaganda para los noticieros del día. La investigación debe alcanzar a quienes tomaron las decisiones y establecer no solo las responsabilidades por lo actuado ante la fuga sino por las condiciones preexistentes de precariedad laboral y falta de inversión en el sector.

La denuncia municipal contra Metrogas tampoco alcanza para exculpar al Estado. Si, como sostiene Defensa Civil, personal de seguridad estuvo allí antes del estallido, corresponde explicar por qué la palabra de la cuadrilla bastó para dar por controlado el peligro. Nación, Provincia y municipio deben rendir cuentas sobre la fiscalización de la obra y la coordinación de la respuesta.

Los cruces sobre los horarios y las comunicaciones no pueden convertirse en una vía para diluir responsabilidades. Hay que echar a los vaciadores criminales de la administración de los principales servicios públicos, terminando con las privatizaciones, e investigarlos por su vaciamiento y su responsabilidad en estos y otros hechos. Junto con la investigación de todas las responsabilidades de los funcionarios públicos, tanto en avalar el vaciamiento y la tercerización laboral precarizadora, como en la no ejecución d ellas medidas preventivas y los protocolos de seguridad. Y la atención inmediata de todos los afectados y damnificados, tanto por los daños en su salud y las secuelas originadas como respecto a los daños materiales y el acceso a una vivienda hasta que puedan retornar a sus hogares.

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