La política fogoneada por el FMI de subir las tasas de interés del Banco Central y financiar el déficit fiscal del Tesoro obligatoriamente con nueva deuda viene configurando una hipoteca de dimensiones explosivas. Antes del cierre del primer semestre 2023 vence toda la deuda del Banco Central y aproximadamente la mitad de la deuda del Tesoro, lo cual ronda nada menos que unos doce billones de pesos. Es el costo usurario y recesivo de un rumbo oficial condenado al inmovilismo, que deja al país a merced de los acreedores.

Estamos hablando de una cifra sideral, sumando el pasivo de $5,4 billones del BCRA y unos $7 billones que vencen del Tesoro. El monto es superior a todo el gasto primario de 2021, y casi cuatro veces la base monetaria en circulación. Solo en agosto de este año los vencimientos superan a todos los ingresos que registró el Estado nacional en el mes de marzo. En pos de refinanciar estos compromisos impagables y lograr la meta de cubrir el déficit, el gobierno está absolutamente condicionado a cumplir con las exigencias usurarias del capital financiero y seguir a rajatabla el sendero del ajuste que reclama el Fondo.

Además, ante las restricciones sobre la emisión monetaria el gobierno debe reabsorber esos vencimientos y sus intereses (este año se pagarían $2,3 billones por las Leliq) a partir de colocar nueva deuda, ofreciendo mayores tasas y vencimientos más cortos a la banca y los fondos de inversión. Es lo que mostró el resultado de abril, donde Economía no logró refinanciar la totalidad de los vencimientos. Que en ese mes el Banco Central le haya girado al Tesoro $80.000 millones es un alerta sobre las metas monetarias bajo la lupa del FMI.

Este cuadro incentiva a licuar el caudal de deuda en pesos por medio de una mayor devaluación. Sin embargo eso acarrearía un efecto contradictorio, ya que la suba del dólar podría desatar una corrida, cuando ya es cada vez es más dificultoso para el oficialismo mantener a raya la cotización de los dólares financieros. Los bancos públicos son los más expuestos al devenir de esos títulos, puesto que en dos años aumentó en un 50% la cantidad de activos invertidos en dichos instrumentos. Además, en el caso de los bonos del Tesoro el 82% está indexado a la inflación, con lo que recuperarían lo licuado gracias a la suba de precios derivada de la devaluación.

Si las licitaciones subsiguientes del Tesoro no dan el resultado esperado, este deberá afrontar los vencimientos recurriendo directamente a un recorte sin atenuantes del gasto público, agravando un ajuste ya intolerable. Como vemos, a diferencia de lo que sostiene Guzmán, endeudarse en pesos no tiene nada de inofensivo.

Más aún esta política encarece el crédito comercial, profundizando la recesión. En ese sentido, producto de los sucesivos aumentos en la tasa del BCRA, en marzo los préstamos bancarios a las empresas disminuyeron “un 0,8%, tras una caída de 3,5% registrada en febrero” (Iprofesional, 29/4). Por su parte, el 59% de las pequeñas empresas encuestadas por la Came no accede al crédito, el 28% por no poder cumplir con las exigencias y el 21% por los altos costos.

A este desmadre en materia de deuda le contraponemos la nacionalización bajo control obrero de la banca, la ruptura con el FMI y el repudio de la deuda usuraria. Único camino posible para desarrollar al país y dar respuesta a las necesidades sociales.

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