Tras los anuncios de YPF de aumentos en los combustibles, entre el 3 y 5%, asistimos a un nuevo capítulo de la presión de las patronales petroleras por imponer nuevos aumentos en el expendio de combustibles, con un desabastecimiento que empieza a hacerse sentir en las principales ciudades del país. Esto también ha dado lugar a la imposición de aumentos de las empresas privadas -Raizen (Shell) y Axion (PAE) y Puma (Trafigura)- que llegan hasta casi el 10% en provincias del interior como San Luis y Santiago del Estero.

Las patronales del sector alegan una distorsión en los precios locales minoristas, que se expresa en una mayor demanda sobre los surtidores –incluyendo al sector de logística con precios mayoristas actualmente más caros-, en relación a los precios internacionales, reclamando mayores subas y la liberalización de los precios regulados por el Estado.

Pero se trata de una formulación interesada del problema energético. Tanto YPF como el resto de las petroleras exportan el crudo producido a precios internacionales, alegando luego necesidades de importación para cubrir la demanda local, que hubiera estado satisfecha de garantizarse un orden prioritario.

Esto se debe a que mientras en el mercado local las petroleras deben liquidar su producido a 56 dólares por barril en el extranjero se pagan hasta 88 dólares, por lo que las petroleras pujan por renegociar los precios con las refinerías en el marco de las regulaciones oficiales.

No solo ocurre esto sino que el gobierno, además de un régimen cambiario especial para las exportaciones que reconoce un dólar más alto que el oficial, garantiza un 30% de la liquidación de las divisas a un valor similar al dólar paralelo: un sistema que prioriza las exportaciones por sobre el mercado nacional.

El desabastecimiento en los surtidores es, justamente, una manifestación de esas presiones, como lo es el desabastecimiento de alimentos cuando las patronales del sector pujan por mayores liberalizaciones de precios. Lo que nadie discute es cuál es el valor real de producción de las petroleras y refinerías, para poder determinar así el precio que más se ajuste a las necesidades de los trabajadores.

Además de lo mencionado, existe un conflicto por la liberación de dólares del Banco Central ha YPF y las privadas para costear la importación de combustibles, con cuatro buques a la espera de que se cancelen los pagos de la operación. Algo que frustra parcialmente los planes de ajuste fiscal del gobierno.

La propia YPF exporta parte del crudo producido en Neuquén a Chile, por medio del Oleoducto Trasandino (Otasa), cuando las necesidades nacionales no se encuentran cubiertas. La falta de combustible se extiende por diversa provincias y ciudades del país llegando incluso a CABA. En muchos casos se han impuesto “cupos” de venta de entre $7.000 y $8.000.

Las presiones para nuevos aumentos en noviembre amenazan con echar más leña al fuego de la inflación, trasladando la suba de los combustibles a toda la logística y cadena de valor de bienes y servicios.

Una política de este tipo, en orden al libreto del FMI, implicaría un mayor ataque a los bolsillos de los trabajadores, cuando de lo que se trata es de conocer los costos reales de producción con la apertura y control obrero de los libros de las petroleras y la nacionalización de la industria energética e hidrocarburífera en manos de los trabajadores.

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