Políticas
18/7/2025
Filtraciones de la Procuraduría del Tesoro en el caso YPF, los buitres están en el Estado argentino
Tanto durante el peronismo como en el gobierno de Milei.
Seguir
YPF como botín de la rapiña buitre.
Desde la Casa Rosada hicieron circular la denuncia de supuestas filtraciones provenientes desde la Procuración del Tesoro de Nación que habrían perjudicado al Estado argentino en la causa por la estatización de YPF, la cual se encuentra en manos de la jueza estadounidense Loretta Preska. Ahora bien, tanto el gobierno peronista como el actual han puesto al frente del organismo a funcionarios vinculados a los grupos económicos que están litigando contra Argentina, mostrando cómo todos ellos defienden el negocio de un puñado de buitres a expensas del saqueo nacional.
El gobierno anunció la reestructuración del Procuración del Tesoro de Nación, con despidos y eliminación de áreas, presentándola como una "purga" ante la sospecha de filtraciones sobre la estrategia legal del país en el juicio con el fondo Burford, el estudio de abogados inglés que en 2015 les compró a los Eskenazi los derechos para litigar contra el Estado argentino por la causa de la estatización de YPF. Cabe destacar que esa compra se realizó por U$S 15 millones, pero la indemnización exigida asciende a U$S 16 mil millones. El proceso se encuentra en un impasse, dado que los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por "tiempo indeterminado" la entrega del 51% de las acciones de YPF que había ordenado la jueza Preska. Una sentencia que debería ser rechazada de plano por su carácter ilegal, ya que ningún juez de Estados Unidos puede embargar u ordenar la venta de un bien de otro país, sobre todo teniendo en cuenta que se decretó la entrega de acciones que no cotizan en Wall Street sino en la Bolsa local.
El oficialismo finge sorpresa sobre la presunta divulgación de información confidencial, cuando los dos últimos procuradores que nombró están relacionados con la parte litigante. Al comienzo de su mandato, Milei designó a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, quien a su vez eligió como subprocurador a Andrés de la Cruz, quien fuera el abogado de los Eskenazi cuando adquirieron el 25% las acciones de YPF en el año 2008 de la mano de Néstor Kirchner, y que, dicho sea de paso, continúan asociados al fondo Burford, por lo que cobrarían el 30% de la indemnización en caso de ganar el juicio. A su vez, el propio Barra había sido consultor del Grupo Petersen (empresa fantasma de los Eskenazi) cuando reclamó judicialmente ser indemnizado por la estatización de la petrolera en el año 2012.
Tras la renuncia de Barra, el cargo fue ocupado por Santiago Castro Videla, cuyo socio en el estudio de abogados Bianchi, Galarce & Castro Videla, el constitucionalista Alejandro Bianchi, atestiguó en favor del fondo Burford en su demanda contra Argentina. Es decir, no se trata de "filtraciones", directamente el organismo estatal encargado de representar jurídicamente al país se encuentra dirigido por los abogados de la parte contraria.
Lo misma connivencia ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con Carlos Zannini a la cabeza de la Procuración del Tesoro. La conexión entre Zannini y los Eskenazi se remonta al año 1998, cuando el primero era legislador provincial de Santa Cruz y los segundos se hacían de la mayoría accionaria del banco de dicha provincia, con la anuencia de Néstor Kirchner, en ese entonces gobernador de Santa Cruz. Posteriormente, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Zannini, en calidad de secretario Legal y Técnico del Ejecutivo, jugó un papel destacado en la maniobra fraudulenta a través de la cual la familia Eskenazi adquirió parte del paquete accionario de YPF.
Recordemos que los banqueros pagaron el ingreso a YPF con créditos del Credit Suisse y Goldman Sachs, los cuales fueron devueltos con los dividendos de la petrolera, a costa del vaciamiento de la misma. Por ese motivo, entre 2004 y 2011 la producción petrolífera de YPF cayó un 33% y la gasífera, un 38%. La española Repsol, como accionista mayoritaria, se valió de esa venta para profundizar el giro de fondos al exterior y la desinversión de la compañía.
En el 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, Alicia Kirchner puso a Zannini como representante del Estado provincial en el directorio del Banco de Santa Cruz, que tiene de dueños a Enrique y Sebastián Eskenazi, los mismos que llevaron a Argentina a los estrados de Nueva York por la causa de YPF. Pese a la cercanía con este grupo, Zannini se convirtió en el jefe de abogados del Estado nacional en la gestión del Frente de Todos, y, como tal, estuvo a cargo de la defensa del país en ese juicio.
Como vemos, el derrotero de YPF es la historia de un pacto buitre ente los gobiernos de turno, sus altos funcionarios y capitalistas extranjeros y nacionales para enriquecerse mediante la expoliación de las riquezas del país. En ese sentido, debemos advertir que la suspensión preliminar de la sentencia de la jueza Preska y el pronunciamiento del gobierno de Donald Trump en contra de un eventual embargo no revisten una solución favorable para Argentina.
Sucede que desde la Casa Blanca rechazan la decisión de Preska porque abriría una jurisprudencia internacional permitiendo que las empresas o activos de Estados Unidos radicados en otros países puedan ser embargados en un futuro hipotético. A su vez, temen que "el caso se encamine a la Corte Suprema de EEUU y que sea el máximo tribunal el que falle a favor de los fondos buitre, y siente un precedente ´dañino´ para la democracia empresarial estadounidense y las leyes del mercado de capitales" (Ámbito, 16/7). Ahora bien, según trascendidos, Trump se inclinaría por una solución extrajudicial, en la que el gobierno norteamericano actúe como mediador entre las partes para arribar a un acuerdo, en el que seguramente Argentina termine otorgando una suma millonaria a los fondos demandantes, generando un enorme perjuicio a las cuentas nacionales.
Como ocurrió con la indemnización a Repsol, las consecuencias de resarcir a estos buitres recaerán sobre el pueblo, que ya viene padeciendo un sinnúmero de privaciones. En el peor de los casos, podría derivar en una mayor injerencia de los capitales internacionales sobre YPF, en desmedro de sus inversiones hidrocarburíferas en el país, afectando todo el esquema energético. Corresponde desconocer cualquier resolución desfavorable para Argentina, porque sería el resultado de un proceso fraudulento contra los intereses nacionales.
