Las cosas parecen estar cambiando para el gobierno nacional en la Cámara de Diputados. Este martes 28 de mayo la Comisión de Educación, en reunión plenaria junto con presupuesto, decidió dictaminar acerca de un tema muy significativo para la educación en general y la docencia en particular como es el Fonid. Una simple reunión de comisión tomó cierta relevancia a partir del reacomodamiento que podría implicar en materia de acuerdos parlamentarios entre los distintos partidos de la burguesía.

Es que desde que los libertarios asumieron, y a pesar de contar con un bloque que no llega a 40 legisladores, habían conseguido buenos resultados en la cámara baja. El tratamiento de la Ley Ómnibus durante enero y su aprobación en general en febrero habían dejado muy expuestos a los bloques colaboracionistas, que tenían la llave para otorgarle a la ultraderecha la aprobación de las iniciativas parlamentarias que enviaban.

Son estos mismos bloques, los radicales, el PRO, Hacemos Coalición Federal (el bloque de Pichetto) e Innovación Federal (los gobernadores) los que mostraron siempre y en todo lugar no querer poner trabas en el plan de guerra del gobierno contra los trabajadores sino, por el contrario, se mostraron dispuestos a otorgarle la “gobernabilidad” que pedía Milei.

Tal es así que esta misma composición de la Cámara se niega al tratamiento del DNU 70/23: ese cuerpo normativo totalmente regresivo que ya fue rechazado en el Senado y que alcanzaría con la firma de 10 diputados para convocar a una sesión especial que podría tumbarlo. El peronismo que tanta demagogia hace al respecto cuenta con 99 diputados y no movió un dedo para que eso ocurra.

Sin embargo, la crisis política al interior de los bloques, el derrotero de los libertarios al mando del Ejecutivo y algunas manifestaciones en la lucha de clases como la marcha universitaria generaron que ya no se pueda digitar desde casa rosada cada movimiento que ocurre en el Congreso.

El martes 21 de mayo se celebró una sesión especial que, aunque no pudo promulgar ninguna media sanción por no contar con tres cuartos de los votos, emplazó a las comisiones de educación y de presupuesto a dictaminar en sus próximas reuniones acerca de dos temas muy candentes: presupuesto universitario y Fonid. La sesión ya había dejado expuesto el fracaso de la rosca por parte del gobierno que enrostró a Rodrigo De Loredo (presidente del bloque UCR) haber faltado a su palabra y convalidado con la presencia de su bloque una sesión que (de acuerdo al oficialismo y al PRO) no debía realizarse.

Apenas dos días después, y al cumplirse el primer mes de la histórica marcha del 23 de abril donde un millón de personas en todo el país se manifestaron en defensa de la educación pública, tuvo lugar la primera reunión plenaria de ambas comisiones que dictaminó acerca del presupuesto universitario.

Allí Romina Del Plá y el bloque del FIT-U presentaron dictamen propio donde plantean la triplicación del presupuesto educativo y a partir de ahí una actualización de gastos de funcionamiento y salarios de acuerdo al IPC. Tanto el peronismo como la UCR cuentan con sus propios dictámenes, pero todos parten de la base de una actualización del presupuesto 2023 de acuerdo al IPC y una actualización bimestral también acorde al aumento de los precios.

En síntesis, un primer golpe al ajuste brutal que lleva adelante el oficialismo con el visto bueno de los otros bloques que permitían que las universidades tuviesen el mismo presupuesto nominal que el año pasado. Una vez más, luchar sirve, no solo para desmontar la austeridad fondomonetarista del gobierno sino también para acotar el margen de maniobra con que los rectores y la UBA buscaban aplacar la manifestación educativa más importante en años.

Fonid

Este martes 28, una semana después de la sesión, se reunió por segunda vez en cinco días el plenario de ambas comisiones, con un solo tema en cuestión que fue el Fonid. Para sorpresa de nadie la comisión comenzó con un nuevo intento de maniobra de parte de La Libertad Avanza y sus laderos macristas, que quisieron evitar que se dictaminara el martes y proponían en cambio un cronograma de reuniones y consultas con distintos funcionarios para evaluar la viabilidad del tema.

Una de las primeras en tomar la palabra para rechazar semejante atropello fue Romina Del Plá, quien planteó que el Fonid es una parte esencial del salario docente, que a diferencia de lo que ocurrió hasta ahora debe ser un monto remunerativo, que se tenga en cuenta para las jubilaciones y los aguinaldos y que no debe tener fecha de caducidad, impidiendo que cualquier gobierno pueda eliminarlo a su antojo recortando nominalmente los salarios de la docencia como sucedió a lo largo de estos meses.

El peronismo, por su parte, instó a la firma de los dictámenes y ayudó a evitar la dilación que proponía el oficialismo. Como buen partido de Estado, son conscientes de que para la burguesía es crucial desactivar el efecto contagio de lo que está ocurriendo en Misiones y que, frente al ahogo presupuestario de las provincias, los fondos nacional y especialmente aquellos que van directo al bolsillo de los trabajadores se vuelven más cruciales que nunca.

Las dudas se centraban en qué posición asumiría el radicalismo, tantas veces convertido en árbitro en el último periodo y tantas veces mostrando cuan pusilánime puede ser un bloque y un partido. Esta vez no fue la excepción: primero trataron de llamar a un cuarto intermedio para estirar la rosca y buscar distintas formas de desactivar lo que de alguna manera ellos mismos habían colaborado a gestar y, en segundo término, quisieron correr el eje de la discusión incluyendo la esencialidad educativa. Es un intento vil de compensar acotando el derecho a huelga lo que es sin dudas un golpe al gobierno con el que ellos colaboran.

Finalmente la maniobra fracasó, se dictaminó con el proyecto del peronismo como el primero que se discutirá en el recinto y, aunque faltan muchos pasos y no se puede tener ninguna confianza en los partidos que componen la Cámara, todo indica que habrá una media sanción favorable a los docentes.

El 4, a la Plaza de los dos Congresos

Queda ahora pendiente (aunque los rumores indican que ocurriría el próximo martes) la convocatoria a una sesión cuyos temas serían movilidad jubilatoria, presupuesto universitario y Fonid. Tres proyectos que ya cuentan con dictámenes y cuyas medias sanciones serían hostiles al gobierno que viene ajustando en materia previsional y educativa como en pocas áreas.

Está claro que el gobierno buscará todo tipo de compromisos con los bloques, buscando que no se realice la sesión o que, en caso de que eso ocurra, finalmente los proyectos aprobados sean compatibles con el plan motosierra en curso. El propio Milei ha declarado que se reserva el derecho a veto frente a cualquier ley que se sancione y que a su criterio comprometa el déficit cero que se ha impuesto a costa de “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, como le gusta ufanarse al presidente.

Quedan todavía demasiadas instancias como para cantar victoria, especialmente en el marco de lo que fue la rosca por el dictamen de la Ley Bases en el Senado, pero no podemos subestimar el costo que significaría para el gobierno vetar una ley que fue refrendada con más de un millón de personas en la calle. Al mismo tiempo, no podemos descansar en que los partidos del régimen no lleguen a un acuerdo previo con el gobierno para evitarle semejante exposición.

En este sentido es que cobra vital importancia la movilización popular al Congreso cuando ocurra esta sesión. Los sindicatos docentes y no docentes, la docencia universitaria, las agrupaciones de jubilados que vienen jugando un rol protagónico en el último periodo y todos aquellos que apoyen estas causas demostrando que no cedemos en nuestros reclamos y que vamos a tirar abajo todo el plan Milei.

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