El gobierno confirmó que adelantará el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que deben abonar los trabajadores en relación de dependencia, teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas en paritarias este año. De esta forma, con una inflación que corroe poder adquisitivo sistemáticamente y con paritarias que no se acercan ni por asomo a los índices inflacionarios, se sostiene un gravamen al salario que continúa confiscando los magros ingresos de miles de trabajadores.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el encargado de confirmar que el piso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación. En ese sentido, estimaron que el nuevo piso pasaría de los actuales $ 225.937 a $265.000 de remuneración bruta, determinado en base a la variación anual de Ripte, y teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas en paritarias.

La diferencia entre el monto mínimo no imponible anterior y el actual es de un 17% frente a una inflación del 23% en lo que va del año y a paritarias por encima del 40%, lo que muestra a las claras cómo se amplia progresivamente el espectro de trabajadores alcanzados por el gravamen y que se irá acrecentando durante el resto del año. En estas condiciones, el aguinaldo incluirá en la confiscación a una gran cantidad de asalariados.

Además, sucede que, con la escalada inflacionaria, el mínimo no imponible que rige en la actualidad se acerca cada vez más al valor de la canasta familiar, hoy en $140.000, sin contar alquiler, expensas y ABL. La remuneración bruta sobre la que se aplica el impuesto es un monto al que aún no se le han aplicado las deducciones (aportes jubilatorios, obra social, etc.) y que se ve acrecentado por las horas extras que hacen la mayoría de los trabajadores para poder llegar a fin de mes.

Si bien la miseria salarial es la norma, en el caso de que un colectivo obrero logre acceder a un aumento que se asemeje al costo de vida, la posibilidad de ahorrar queda rápidamente descartada ya que debe destinar parte de su salario al pago de Ganancias. Incluso los trabajadores que figuran ante la Afip como autónomos, en lo que se engloban contingentes enteros de precarizados y las patronales evaden la relación de dependencia, deben tributar ganancias si facturan mensualmente un monto superior a los $64.141, cuando estamos hablando de una cifra inferior a la línea de pobreza, hoy en $ 83.807.

El aumento del MNI que lleva adelante el gobierno, con el presunto objetivo de eximir del impuesto a un sector de asalariados que perciben sueldos menores, intenta maquillar el carácter confiscatorio del gravamen, siendo una iniciativa ya fracasada como la que Sergio Massa promulgó en abril del año pasado, buscando eximir a los asalariados que en diciembre ya volvió a confiscar.

Mientras la burocracia sindical, de la mano del gobierno y las patronales, pulveriza los salarios negociando aumentos paritarios en cómodas cuotas que ni siquiera se acercan a los índices inflacionarios, son los trabajadores los que sostienen la carga fiscal del país con impuestos al consumo como el IVA o el impuesto al salario, situación que se agrava con el esquema impositivo regresivo mandatado por el Fondo Monetario, mientras se tienta a los pulpos petroleros o agroindustriales con regímenes excepcionales de exenciones impositivas.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario con la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. Y, naturalmente, debe estar asociada a la lucha general del movimiento obrero por paritarias libres y un mínimo equivalente a la canasta familiar, 82% móvil para los jubilados e impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas capitalistas.