Una nota de El Cronista (22/1) destaca que solo una pequeña minoría de los trabajadores que ganan por encima del costo de la canasta de pobreza (Canasta Básica Total) no son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El 85% debe pagar el gravamen, porque la diferencia entre la línea de pobreza y el mínimo no imponible se achica sistemáticamente desde hace años.

Si al costo de esa canasta sumamos el de un alquiler (que no está incluido) supera los $95.000, y en 2021 pagarán Ganancias todos los trabajadores casados con dos hijos que perciban más de $98.963 netos, que como lleva incluido el sueldo anual complementario (que se divide por 12 y se le suma al salario) se trata de un salario real de 90.700 pesos. Es decir, menos de lo que cuesta hoy la canasta. Estamos ante una confiscación.

Con una inflación esperada entre el 40 y el 50% para 2021, el costo de la CBT (que subió el año pasado más que la inflación) va a superar por lejos al mínimo no imponible -que se mantendrá inalterado durante casi todo este año. Así, habrá una franja creciente de trabajadores que aun recibiendo aumentos estarán cobrando salarios que ni siquiera les permitan cubrir la canasta de pobreza pero deberán pagar Ganancias.

Este robo desembozado a los ingresos obreros llevó a sostener al columnista del diario mencionado que “ser pobre y pagar Ganancias usualmente son extremos que no se tocan”, pero “en la Argentina pareciera que no es necesariamente así” (ídem); es decir que se puede ser pobre y tener que pagar un impuesto que debería gravar exclusivamente a los ricos.

Para avanzar cada año en esta confiscación el mecanismo utilizado es el de la manipulación de los índices, una práctica empleada tanto durante el gobierno macrista como con los nac&pop. Mientras los bolsillos obreros deben hacer frente a gastos de subsistencia familiar que se disparan descontroladamente (durante 2020 la CBT subió 39,1% y la Canasta Básica Alimentaria un 45,5%, contra una inflación general del 36,1%), el mínimo no imponible se actualiza tomando en cuenta el índice salarial denominado Ripte, que es el que crece más lentamente. Por eso tanto el gobierno como las patronales insisten en utilizarlo para todas las actualizaciones vinculadas con salarios y jubilaciones, en lugar del denominado ISBIC que refleja un poco más adecuadamente las variaciones salariales, y en algunos períodos ha llegado a duplicar al primero.

En el curso de los últimos tres años, la diferencia entre el alza de la inflación y el del mínimo no imponible casi llegó a los 30 puntos. Con los aumentos salariales alcanzados, aunque no llegaron a cubrir la inflación, una cantidad creciente de trabajadores pasó a integrar la franja de pagadores de este impuesto al salario, que nada tiene de “ganancia”. Además de la recaudación del fisco, esta distorsión cumple la función de desincentivar los reclamos salariales en las negociaciones paritarias, y estimular las sumas en negro para no ser alcanzados por el gravamen.

Resultan alcanzados por este robo los trabajadores de aquellos gremios que tienen salarios un poco más elevados que la media, como aceiteros, bancarios, algunos aeronáuticos y petroleros, entre otros. Esto cuando la depredación que han sufrido y siguen sufriendo los salarios deriva en que el 80% de los trabajadores cobre sueldos que no llegan a cubrir el costo de la canasta de pobreza.

La pelea por la liquidación del impuesto al salario se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. En el 2020, más de 2 millones de obreros y empleados pagaron ese gravamen, y muchos más se sumarán este año aunque no les alcance el sueldo para vivir.

Mientras las grandes patronales reciben beneficios y exenciones impositivas de todo tipo, la presión fiscal directa, o la indirecta por el pago de impuestos al consumo, hacen recaer el peso de la recaudación de manera creciente sobre las espaldas de los trabajadores.

Basta de impuesto al salario, eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. Por impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas de los capitalistas.

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