Con el Proyecto de Presupuesto 2023 el gobierno incorpora un artículo que reaviva el debate sobre ganancias y que beneficiaria parcialmente al gremio de Camioneros con la deducción del Impuesto a las Ganancias sobre los viáticos de los choferes de larga distancia. A su vez, el gobierno mantiene una media de un millón de afectados por el impuesto, con mayoría de trabajadores, y se vale de esta imposición para desarrollar su agenda política y dirimir pendencias con la Justicia.

Esta decisión fue entendida como un “favor” por el acercamiento de Pablo Moyano al kirchnerismo y como una concesión para ablandar las exigencias paritarias del gremio Camionero que amenaza con el esquema de ajuste del gobierno y las patronales quebrantado, en primer lugar, por los trabajadores del neumático del Sutna.

Según algunas estimaciones la medida favorecería a unos 130.000 choferes y representaría una recuperación de aproximadamente $350.000 anuales, lo que le permitiría al sindicato contabilizar un “aumento” donde en verdad existiría una desgravación.

Desde la oposición patronal rechazan esta disminución parcial en Ganancias para Camioneros, al tiempo que salieron a atacar el intento de extender el Impuesto a las Ganancias al Poder Judicial defendiendo los privilegios los jueces y la “corporación judicial”. Aunque sin ofrecer ninguna garantía para los trabajadores judiciales.

Lo que sale a la luz es la utilización por parte del gobierno de una confiscación a los salarios como palanca para dirimir las controversias y reyertas internas, pero afectando a cientos de miles de trabajadores en el medio, algo en lo que coinciden oficialistas y opositores y que solo rechaza el Frente de Izquierda Unidad.

La aplicación del Impuesto a las Ganancias a los salarios obreros llegó al punto de superar los 2 millones de afectados bajo el gobierno de Cristina Kirchner y bajo el de Mauricio Macri. Actualmente oscila, llegando recurrentemente al millón de trabajadores afectados.

Para los gobiernos capitalistas significa una caja adicional que solo en septiembre ascendió a 430.877 millones de pesos (110% más que igual mes del año pasado), que es utilizada para pagar vencimientos e intereses de deuda: una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital financiero, sin estaciones intermedias.

La burocracia utiliza este tipo de acuerdos para “revender” lo ya obtenido, omitiendo que durante años y en la actualidad fueron y son cómplices de esta política antiobrera, lo que incluso a dado lugar a todo tipo de maniobras, habilitando sumas no remunerativas y mecanismos contra los trabajadores con el propósito de “evitar Ganancias”. La burocracia, a pesar de tener responsabilidades colectivas, como Pablo Moyano que integra el directorio de la CGT, actúa de forma parcial y sesgada, dando continuidad a esta confiscación.

La única salida en término obreros a dicha confiscación es la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, junto a la eliminación de los beneficios y exenciones impositivas a los grandes capitalistas, lo que plantea invertir la ecuación de este gobierno y sus antecesores.

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