El gobierno nacional acaba de emitir a través de la Secretaría de Energía la Resolución 15/2015. Por la misma se introducen una serie de modificaciones a las normas vigentes para la comercialización de gas en garrafas y GLP (Gas Licuado de Petróleo).

La Resolución abre la vía para una disparada en el precio de un insumo que es vital para las familias que viven en asentamientos precarios, incluso quienes viven en zonas urbanas y barrios y no tienen el servicio de gas por redes.

En el país, según el Censo 2022, la mitad de la población usa las garrafas para cocinar o calefaccionarse. Son alrededor de 22 millones de personas. Hay provincias como Chaco, Corrientes, Misiones, La Rioja, donde la personas que usan garrafas superan el 85% de la población.

Y no son pocos en provincias como Neuquén, productora de gas por excelencia. Según el Censo 2022, son 114.000 personas (un 13% del total de habitantes) las que carecen de gas por redes y deben cocinar y calefaccionarse recurriendo a otras formas. El 84% de esa cantidad lo hace con garrafas. Incluso hay un porcentaje que aún lo hace a leña o electricidad. Hasta en la propia ciudad Capital y hasta en Añelo donde hasta hace muy pocos meses, miles carecían de gas por redes o en Rincón de los Sauces.

En la capital de Neuquén, la capital de Vaca Muerta, funcionan los camiones “garraferos” que, una vez cada tanto, pasan por las barriadas para distribuir garrafas a precio promocional. La propia empresa estatal de Distribución de Energía Eléctrica (EPEN), durante este invierno otorgó un subsidio al consumo eléctrico que abarcó 13.000 viviendas en varias localidades en toda la provincia que por “no tener gas, encima tienen que pagar más caro por la leña o las garrafas” (Neuquén Informa, Boletín oficial del gobierno, 28/4/2024).

Una Resolución infame

Como toda la política energética relacionada a los hidrocarburos está colocada en función de la exportación como prioridad en función de ingresar dólares (aunque se diga lo contrario). La Resolución, mencionada como manifestación de “sensibilidad social”, establece que los productores de gas butano y propano (el de las garrafas), debe vender al primer eslabón de la cadena del mercado (comercializador) a un precio que “no deberá superar el precio de paridad de exportación”. Es decir, equipara el precio base de venta al precio de exportación, que es en dólares.

Para eliminar cualquier sospecha de tomar una medida a favor de los pobres, también se establece que los “precios guías” que fijará la Secretaría de Energía deberán respetar “una justa retribución de costos eficientes y una razonable rentabilidad” y “no serán vinculantes para los actores comerciales”.

Se trata de una inequidad mayúscula, puesto que incluso si en un hogar que consume garrafas hubiera ingresos salariales, los mismos siempre serán en pesos y el peso del insumo gas en garrafa implicará un incremento mes a mes sobre esos ingresos.

Los mecanismos para poder consumir gas en garrafas con un subsidio también implican una reducción de ese “beneficio”. El artículo 2º de la Resolución establece que los “titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio del país, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, lo que viabilizará que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”.

Fuera de que en los asentamientos precarios no hay “titulares” legales de hogares, si la norma se refiere a títulos de la propiedad sobre el inmueble será imposible para el sector más vulnerable postular para el subsidio. Pero en los hogares donde se tuviera la titularidad del inmueble, la parte final del artículo 2º introduce un segundo paso al cual apunta la misma. La premisa es que si recibe el subsidio, el gobierno considera que ese hogar “cuenta con ingresos adicionales” y podrá realizar la conexión a la red de gas que existiera en las cercanías. Una perversidad que empalidece las de la ministra Petovello.

En Neuquén

El gobernador de la provincia se encuentra embarcado en una agitada agenda de recorrida por el interior provincial (de campaña electoral, aunque lo niegue), inaugurando con bombos y platillos obras menores, como ampliaciones de escuelas o unas cuadras de pavimento.

En ese contexto de campaña ha manifestado que “el gas es primero para los neuquinos”. Lo hizo en el marco del anuncio de llevar la red de gas natural a localidades del norte neuquino. La obra se canalizará por Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.), que abastece actualmente a esas localidades con GLP que hasta hace poco se traía desde Bahía Blanca, luego que el gas natural fluyera desde Neuquén hasta la ciudad bonaerense y desde allí, una vez procesado, lo transportaban por camiones.

Hidenesa recibe permanentemente ANR (Aportes No Reintegrables) del tesoro provincial. En el año 2024 recibió por ANR unos $4.200 millones (Decretos 110, 230, 276, 336, 476, 1673 y 1674) y como capitalización unos $25.000 millones. De estos últimos 19.000 millones son para ejecutar las obras de red de gas al norte neuquino.

De estos datos surgen dos cuestiones. En primer lugar que tras décadas de explotación hidrocarburífera, no hubo una política de llevar el gas natural a toda la población. Antes que se desarrollara la explotación No Convencional, que hoy se conoce como Vaca Muerta, en Neuquén existió un gigantesco yacimiento gasífero como Loma La Lata. Es decir, siempre hubo materia prima, lo que no hubo son obras. Siempre, antes y ahora, se privilegió la exportación.

En segundo lugar, la extensión de las redes de gas al norte neuquino , que se ejecuta a través de Hidenesa, es un derivación del aumento de la exportación de gas natural a Chile por el gasoducto del Pacífico (con una capacidad de transporte de 12 millones de metros cúbicos diarios), que pasa en las barbas de las localidades que carecen de redes de gas, como Las Ovejas, Los Miches, etc. Incluso vale decir que en la zona existe el yacimiento gasífero El Portón.

El gran anuncio del gobernador Figueroa es un subproducto derivado del incremento de la exportación de gas a Chile por un gasoducto que pasa por la zona y para reducir el costo fiscal de los subsidios del EPEN y el transporte de GLP al norte. No está motivado en razones de humanidad y bienestar de las familias de esas localidades.

Como ocurre con el gobierno nacional y su perversidad con las garrafas que usan los pobres, el gobierno provincial apela a la demagogia electorera para anunciar algo que el propio gobernador como dirigente, diputado nacional y vicegobernador del MPN nunca impulsó en décadas.

Todo el sistema energético está puesto en función de la exportación. Razones suficientes para expropiarlo de conjunto bajo control obrero. Solo así un país exportador de gas, tendrá redes domiciliarias en cada hogar.

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