El gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2023 junto con una separata con la estimación de los gastos tributarios del año que viene, los cuales ahora están en la mira dado que chocan con las metas fiscales del FMI. Los mismos contemplan, por un lado, beneficios fiscales dirigidos fundamentalmente a las patronales, que, de reducirse, serán trasladados a los precios, y, por otro, la eliminación o disminución de la alícuota del IVA sobre ciertos bienes y servicios, cuya reposición o aumento implicaría un enorme golpe al consumo popular.

Se proyecta que en 2023 las rabajas fiscales existentes le costarán al Estado más de $3,6 billones, el equivalente a 2,5 puntos del PBI. El FMI le encomendó a Massa achicar ese gasto, comenzando por los $1.737.193 millones que dejarán de recaudarse como resultado de la quita del IVA que rige sobre determinados artículos, como los medicamentos, o servicios, como educación; y la reducción de la alícuota de dicho tributo sobre la compra de ciertos alimentos (carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas) por ejemplo. Al tratarse de un impuesto al consumo, en caso de que el gobierno decida terminar con esas exenciones o incrementar las alícuotas reducidas, el golpe al bolsillo de las mayorías será brutal. De este modo, la “presión impositiva” del país recaerá con más fuerza sobre la población trabajadora, que, a fin de cuentas, es la que paga con impuestazos y ajuste las metas fiscales dictadas por el Fondo.

En segundo lugar, también se hallan bajo la lupa los regímenes de promoción que involucran a patronales de diferentes rubros, los cuales incluyen “incentivos” tales como la reducción de contribuciones a la Seguridad Social, del pago de Ganancias y del IVA. Por ejemplo, en 2023 dejarían de ingresar al fisco $23.563 millones debido al régimen de promoción industrial, $58.074 millones por el régimen de promoción a la actividad minera, $519.720 millones en el caso de las ventajas impositivas destinadas a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, $53.036 millones por lo que dejan de tributar las tecnológicas y así podríamos continuar. Las prebendas mencionadas alcanzan a grandes firmas como las mineras Barrick Gold y Pan American Silver, la electrónica BGH en territorio fueguino, los “unicornios” Globant y OLX, entre otras. Lo cual nos permite ver el carácter profundamente regresivo del sistema tributario del país.

Como sabemos, la austeridad fiscal que demanda el rumbo fondomonetarista afecta fundamentalmente a los trabajadores pero también supone choques con cierto sector de la clase capitalista, debido al síndrome de la “sábana corta” propio de un Estado en bancarrota. La contradicción llega a tal punto, que, entre tanto Massa se compromete a reducir las ventajas impositivas a las empresas, también le ofrece nuevos beneficios a las ramas de exportación, como las petroleras, mineras y automotrices, para estimular la generación de divisas en función de cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada por el Fondo.

Sin embargo, como impera el secreto comercial, estas exenciones o rebajas impositivas jamás se tradujeron en una disminución del precio final de los productos, y, si se reducen dichas prerrogativas, las patronales no dudarán en trasladar esos mayores costos sobre los consumidores, horadando todavía más el bolsillo popular. Lo mismo va a suceder con el Consenso Fiscal recientemente aprobado, que habilita la suba de impuestos provinciales como Ingresos Brutos.

A esta política ajustadora le oponemos el planteo de eliminar impuestos al consumidor como el IVA y la cuarta categoría de Ganancias que grava el salario, y como contrapartida reponer los aportes patronales y fijar impuestos progresivos y permanentes al gran capital y las grandes riquezas. También se debe proceder a la apertura de los libros de las empresas para evitar que trasladen el costo fiscal a los precios que pagamos los consumidores finales. Esa recaudación se opone por el vértice a la finalidad de complacer al FMI, ya que apunta a volcar los recursos a la satisfacción de las necesidades sociales y al desarrollo del país, en el marco de una reorganización social dirigida por los trabajadores.