La gira de Massa por los Estados Unidos no solo dejó algunas fotos cipayas, sino que también permitió al ministro un contacto directo con el Fondo Monetario y conocer de primera mano los intereses del organismo y, en última instancia, del tesoro norteamericano. No es casualidad entonces que pocas horas después de su regreso y frente a la presentación del proyecto de presupuesto 2023 el ministro haya sugerido una revisión de una cuestión esencial para las arcas del tesoro.

Se trata de los gastos tributarios, que no son otra cosa que el cálculo de la plata que el Estado deja de recaudar por beneficios impositivos que aplican en un 99% a la clase capitalista. A lo largo y ancho del país existen diversos regímenes impositivos que representan beneficios fiscales para distintos sectores por un monto que llegó este año al 2,67% del PBI, más que el déficit fiscal primario.

El proyecto de presupuesto no propone una reducción de los mismos y mucho menos una eliminación, sino que se calculan para este año en un 2,49% por el crecimiento del producto de un año al otro. La novedad consiste en que se presentó una “separata” donde se destacan particularmente estos beneficios que alcanzan desde la exención de ganancias de los jueces hasta la promoción industrial de Tierra del Fuego.

El solo hecho de esta presentación particular generó gran revuelo en los medios de la burguesía que se puso en alerta frente a la posibilidad de que se estudien cambios en su parasitismo estatal. Es que la estructura tributaria argentina se sostiene sobre impuestos regresivos para financiar estos subsidios directos e indirectos al capital que, junto con el pago de la deuda, implican dos de los mayores gastos estatales.

La crisis económica es tal que estas dos erogaciones y sus beneficiarios (por un lado el capital financiero, por el otro la burguesía nacional) podían convivir sin mayores rispideces, pero cuando los recursos escasean como en la actualidad las tensiones aumentan. Es que el FMI fue muy claro en que el ajuste fiscal no puede dilatarse y Massa estaría dispuesto a cumplir con el mandato.

El presupuesto 2023 contempla un déficit primario del 1,9% del PBI tal como pautaba el acuerdo con el FMI elaborado por Guzmán y firmado por la totalidad del régimen político con distintos grados de complicidad. Por si no alcanzaba con los tarifazos y los recortes, el expresidente de la Cámara de Diputados, ahora pone en cuestión alguno de los privilegios del empresariado nacional.

La posición del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en el Congreso ha sido denunciar sistemáticamente este sistema impositivo y particularmente los gastos tributarios, uno de los elementos más nefastos del presupuesto nacional. Ahora bien, es claro que en el eventual caso que se redujera (la eliminación la descartamos) sería para destinar ese “ahorro” al pago de la deuda y por pura voluntad del FMI.

Al mismo tiempo, advertimos acerca de que los empresarios que pasarían a tributar lo que hoy no tributan querrán  descargar esa nueva carga aumentando los precios y sin modificar su rentabilidad, dejando a los consumidores en peores condiciones de la que se encuentra actualmente casi la mitad de los trabajadores ocupados que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

El debate recién comienza y lo interesante, con independencia de su resultado, es que la agudización de la crisis intensifica los choques no solo entre las clases sociales sino también al interior de ellas. La burguesía y sus partidos se verán obligados a blanquear los lobbys empresariales que defienden y hasta quienes los financian.

Por nuestra parte, los trabajadores debemos rechazar un presupuesto de ajuste como el que se ha planteado. Es la ratificación del acuerdo hambreador con el FMI cuya injerencia es cada vez mayor de la mano de un peronismo que ha abandonado todo tipo de reivindicación popular. El Partido Obrero rechazará en el Congreso y en las calles la aplicación esta nueva confiscación a la clase trabajadora.

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