Después de haber rendido cuentas al FMI en Estados Unidos y de comprometerse a cumplir con las metas de ajuste fiscal del programa, la cartera que conduce Sergio Massa dejó trascender a los medios algunas proyecciones del proyecto de Presupuesto 2023 que se presentará en los próximos días en el Congreso. En lo esencial constituye una confesión de que se vienen nuevos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores, y de la incapacidad del gobierno para resolver los problemas del país.

Para respetar la meta del Fondo de bajar el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI, se despacharía otro guadañazo por $500 mil millones al presupuesto para el año que viene. El anticipo de quiénes lo pagarán ya lo tuvimos estas semanas con una segmentación tarifaria que finalmente quitó subsidios a casi la mitad de los usuarios, con los efectos del recorte en los fondos para Discapacidad, la baja de 40 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo por cobrar una miserable beca de estudio, la poda en Conectar Igualdad, la paralización de la obra pública y de la construcción de viviendas.

A eso hay que sumar el ajuste oculto por la vía de la inflación. En el texto, el gobierno proyecta que el año actual termine con índices en torno al 95%, pero ya definieron que no se van a actualizar las partidas de gastos que quedaron en promedio con una variación de apenas el 62%. Otra vía para licuar las erogaciones es el robo continuo a los jubilados, a los cuales les impusieron una movilidad desindexada de la inflación, y lo mismo sucede con las paritarias a la baja de los empleados públicos. En paralelo la suba de precios les reporta otro negocio por la vía de una mayor recaudación de impuestos como el IVA, tributo al consumo que representa el mayor ingreso del Estado.

La previsión de inflación del proyecto de Presupuesto 2023 es del 60%, que sería acompañada a la par por la devaluación del peso para cerrar diciembre del año próximo con un dólar a $270. Si estas cifras se desmadran (recordar que este año los precios triplicaron la proyección oficial) los trabajadores perderemos más aún, a diferencia de los capitalistas que compran bonos del Tesoro atados al dólar y la inflación; por eso es previsible que los intereses de deuda se encuentren subestimados.

Tampoco dirá nada del déficit cuasi fiscal, es decir el del Banco Central, cuando -mientras ajustan a la población trabajadora- los intereses pagados a los bancos por las Leliq sumarán 3,2 billones de pesos para fines este año: casi el triple que los gastos en personal. Es el resultado de la política de suba de tasas que dicta el FMI.

El resultado de este combo de ajuste, inflación, devaluación y bicicleta financiera será un estancamiento de la actividad económica (el PBI crecería 2%, menos que el crecimiento vegetativo de la población) y del consumo privado, e incluso un desplome de la inversión. Lo único que crecería serían las exportaciones, un 7,1% (estimuladas con beneficios cambiarios que suman presión inflacionaria y devaluatoria), contra importaciones estancadas, lo cual augura más tendencias a la recesión para juntar los dólares para pagar la deuda. Por eso el proyecto viene con el reconocimiento de movida de que no va a bajar la desocupación, una confesión de que atacan al movimiento piquetero y a los beneficiarios de planes sociales cuando no ofrecen ninguna vía para la creación de trabajo genuino.

Que tamaño ajuste no es indoloro ni siquiera para sus promotores lo reveló rápidamente la liga de gobernadores peronistas, que elevaron una carta advirtiendo el impacto de los tarifazos que se vienen por los recortes de subsidios (especialmente en el transporte), los recortes en las transferencias a las provincias y el freno a la obra pública. Les preocupa el humor popular que esto suscite en un año electoral, pero actúan a cuenta de los intereses de las oligarquías provinciales y grandes empresas; lo demuestra que pactaron por unanimidad, con los mandatarios de Juntos por el Cambio, un Consenso Fiscal que factura el ajuste en los giros de Nación a la población trabajadora, vía impuestazos como en Ingresos Brutos.

Queda claro que pretenden que seamos los trabajadores los que continuemos pagando la crisis, en función de sostener un rumbo que no resuelve ninguno de los problemas del país, sino que los agrava mientras seguimos pagándole al FMI. Como le enrostró Romina Del Plá a Manzur en Diputados, es un hoja de ruta calcada del fracasado mandato macrista. Esta orientación, que cuenta con el aval explícito del kirchnerismo, deja a la Argentina más expuesta al viento en contra que sopla a nivel internacional, con una economía mundial marchando a la recesión y la suba de tasas de la FED que amenazan con depreciar los precios de las materias primas y propiciar nuevas fugas de capitales.

Para defender los salarios y las jubilaciones, la educación y la salud, el derecho a la vivienda y a un trabajo genuino, el único camino es enfrentar este ajuste del gobierno, la oposición derechista y el Fondo. Contra la entrega de la burocracia sindical de la CGT y las CTAs, sigamos peleando por un paro nacional y un plan de lucha, siguiendo el ejemplo de la Unidad Piquetera, el Sutna o la docencia.