Mientras Massa se encuentra en Estados Unidos rematando los recursos nacionales para atraer divisas al país, en aras de cumplir con la meta de reservas impuesta por el FMI, se encargó de dejar armada la hoja de ruta para cumplir con la meta de déficit fiscal y de restricción de la emisión monetaria que también impone el organismo. La misma se vale de la bola de nieve de deuda en pesos y del recorte en los gastos del Estado. Lo que significa que, mientras le pagan enormes intereses usurarios a la banca, pasan la guadaña para achicar la erogación fiscal destinada a esferas públicas fundamentales como son la salud, la educación y la vivienda.

Solamente durante agosto se pagaron intereses de deuda por $344.540 millones, es decir casi el triple de lo que gastó el Estado Nacional en salarios del mes de julio. Es decir que mientras todos los defensores del ajuste se quejan de la cantidad de empleados públicos y le atribuyen la responsabilidad del rojo fiscal, con esa plata se le podría pagar a tres plantas del Estado.

Recordemos además que el gobierno tiene muy restringida la emisión, por lo que acá tiene un rol fundamental el recorte en los gastos fiscales que anunció Sergio Massa semanas atrás. Allí el ministro de Economía dispuso una reducción de $210 mil millones que incluye un recorte de $20 mil millones que estaban presupuestados para obras en recursos hídricos, cuando en Argentina 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable; $50 mil millones en educación; $10 mil millones en salud; $30 mil millones del Programa Conectar Igualdad; $15 mil millones en infraestructura escolar y $50.000 millones en Vivienda, entre otros. Los detalles del Presupuesto 2023 que trascendieron están en la misma sintonía.

 

Queda claro que el ajuste fiscal lo va a pagar la población trabajadora con sus condiciones de vida. A esto se suma la segmentación tarifaria que impuso el gobierno para viabilizar el recorte de subsidios, en línea con las metas fiscales, lo que termina por asestar un golpe mortal a los ingresos de los trabajadores que ya ven derruido su salario frente a la imparable inflación.

Mientras tanto, los intereses para la banca y los fondos de inversión no solo que siguen aumento (se acercan al 100%) sino que se les ofrecen tasas más altas y vencimientos más cortos en pos de refinanciar estos compromisos impagables y lograr la meta de cubrir el déficit. Este crecimiento de la bola de nieve de deuda en pesos es lo que financia actualmente al recorte en la emisión, la cual en agosto fue reabsorbida colocando nuevos Pases y Leliqs por $290 mil millones para pagar esos intereses, agravando aún más la hipoteca. Esta también se verá reforzada por el dólar soja, puesto que el beneficio a los sojeros depende de una mayor emisión.

Así, se profundiza la recesión y crecen las chances para licuar el caudal de deuda en pesos por medio de una mayor devaluación, lo que podría desatar una hiper inflación. Además esto chocaría con que el 82% de los bonos del Tesoro (financiado por el Banco Central) está indexado a la inflación o al dólar, con lo que se dispararía el costo usurario de esa deuda. En cambio, los salarios no tienen ningún tipo de reaseguro.

El gobierno está absolutamente condicionado a cumplir con las exigencias usurarias del capital financiero y seguir a rajatabla el sendero del ajuste que reclama el Fondo, lo que genera un desmadre en materia de deuda. El rescate a los especuladores a costa de mayores penurias para la población es constante. A los que hay que ajustar es a los usureros de la banca nacional, el FMI y el capital financiero internacional, repudiando la deuda usuraria.