El gobernador jujeño Gerardo Morales ganó algo de protagonismo en los medios de comunicación y redes sociales no solo por el encarcelamiento de luchadores piqueteros y dirigentes políticos sino también por un curioso tuit en que promociona las ventajas de invertir en su provincia al magnate Elon Musk.

El empresario multimillonario australiano, propietario entre otras firmas de la fabricante de autos eléctricos Tesla, se quejó desde su cuenta de Twitter porque los precios internacionales del litio se quintuplicaron en los últimos meses y deslizó que su compañía podría tener que empezar a extraer y procesar directamente el mineral (fundamental para las baterías). Aprovechando la ocasión, Morales le respondió invitándolo a Jujuy a interiorizarse en las posibilidades que le ofrece para invertir en el rubro. Lo hace cuando una decena de comunidades originarias se movilizan contra las explotaciones ilegales que proliferan en la zona del paraje Tanques en Susques, afectando la disponibilidad de agua. Este remate de los activos de la provincia y el país a las multinacionales es una verdadera política de Estado.

De hecho, ejecutivos de la propia Tesla estuvieron el mes pasado en Catamarca para recorrer, junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el vicegobernador de la provincia Rubén Dusso, las instalaciones de una de las dos explotaciones de litio ya activas en nuestro país. Se trata del proyecto que opera en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, donde la norteamericana Livent produce carbonato de litio que en parte vende a la empresa de Musk. La mayor parte de lo producido, sin embargo, provee a BMW, que cuenta con participación accionaria. Muy cerca de allí se alista el proyecto Kachi, en manos de la australiana Lake, que viene de firmar un acuerdo con Ford que prácticamente recepcionaría todo lo extraído.

Otro proveedor de Tesla es la canadiense Neo Lithium, que avanzará con el proyecto Tres Quebradas también en Catamarca. Esto luego de una escandalosa aprobación en la Legislatura de las actas compromiso suscritas por el gobierno provincial peronista de Raúl Jalil con la minera (y con la australiana Galaxy Resources para el emprendimiento Sal de Vida) que unifica en una irrisoria alícuota del 3,5% de la facturación los impuestos que estas deberán pagar por todo concepto -como regalías mineras, fideicomisos de infraestructura, aportes adicionales y responsabilidad social empresaria. A eso nos referimos cuando hablamos de remate.

En el Jujuy de Morales funciona el otro proyecto activo, Olaroz, propiedad mayoritaria de la australiana Orocobre pero con un cuarto de participación accionaria de Toyota, que es la que efectivamente procesa industrialmente el litio… en su planta de Fukushima, Japón. El Estado jujeño es socio testimonial de este comercio colonial, a través de la empresa pública Jemse.

El caso sirve para mostrar que lo que tanto el gobierno nacional como los gobernadores del NOA presentan como un curso de desarrollo no es más que una cesión de las reservas de minerales a pulpos mineros que abastecen a las grandes automotrices. De la cadena de valor apenas aportamos el primer eslabón, y ello cargando con los costos ambientales y sociales. Para colmo, como confesaban los papers oficiales ya antes del alza de litio, “Argentina hoy percibe un precio unitario por tonelada exportada que se encuentra por debajo del promedio mundial” (documento del CEP XXI de octubre pasado, dependiente de la cartera de Producción).

Este saqueo tiene muy poco de amigable con el ambiente, muletilla de los capitalistas de sector y de los mandatarios oficialistas y opositores. El proceso que se lleva a cabo en nuestro país para producir salmuera litio genera grandes cantidades de residuos químicos y consume enormes cantidades de agua para los tanques de evaporación; se calcula que se emplean diez toneladas de agua para producir una de litio. Además afecta fuertemente los salares y humedales (Jujuy ya habilitó 900.000 hectáreas como zona de explotación).

Tampoco hay sustentabilidad económica, como demuestra el “bono verde” en dólares que emitió Gerardo Morales en Nueva York en 2017 para la construcción del parque solar Caucharí, el cual debió ser refinanciado estirando cinco años su vencimiento pagando una tasa usuraria del 8,3% anual. Sobre las posibilidades de un proceso de industrialización para la fabricación de baterías, los ejecutivos de las grandes firmas presentes en el país lo descartan de plano, algo ya apreciable en los acuerdos con las automotrices.

Lo que describimos en el único rubro en que efectivamente se concretan inversiones en Argentina. Pero eso, claro, tiene su costo. Según reconocen los voceros de las empresas, estas se destrabaron después de que el gobierno decretara la posibilidad de repatriar parte de los dividendos al exterior a los pulpos mineros, sorteando el cepo cambiario. Ahora alertan sobre las posibilidad de faltante de gas en invierno, ya que se trata de una rama de alto consumo energético; abren la puerta a que los cortes de suministro se descarguen sobre la población para preservar su operaciones, e incluso a arrancar algún precio subsidiado (el gobierno de San Juan ya comenzó a subvencionar el carbón).

Esta es la orientación que imprime todo el régimen político a la minería del litio. Por eso cuando Juan Grabois se indigna por el “cipayismo” de Gerardo Morales (recordando que Musk insinuó en 2020 su apoyo el golpe en Bolivia por el interés en el mineral) debería hacer extensiva la acusación al propio gobierno nacional y los gobernadores del Frente de Todos. Para darle un curso diferente hace falta nacionalizar bajo control obrero el recurso, para abrir paso a un proceso de industrialización y desarrollo planificado, y que contemple tanto el cuidado del ambiente como el derecho a veto de las comunidades afectadas. Es un horizonte que escapa a la entrega nacional al FMI.