Políticas

30/8/2023

Gobernadores e intendentes, peronistas y opositores, rechazan pagar el bono a los trabajadores estatales

Mientras aplauden los beneficios a los capitalistas, siguen ajustando los salarios.

Mandatarios.

Varios mandatarios provinciales decidieron no pagar el bono de $60.000 anunciado por el ministro Sergio Massa para los trabajadores del sector público y del privado con el objetivo de “reducir” el impacto de la devaluación y la inflación acumulada sobre el poder adquisitivo de los salarios. Han hecho primar la disciplina fiscal exigida por el FMI y la clase capitalista.

Entre las provincias que han adoptado este rumbo se encuentran Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán. Se trata de provincias gobernadas tanto por peronistas como por macristas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que tampoco pagará el bono.

Al respecto, Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Partido Obrero-FITU, señaló que “sería importante que los sindicatos de trabajadores de la Ciudad dirigidos por el peronismo convoquen a un paro general por la reapertura de paritarias y por el bono correspondiente y dejen de hacerle el juego a Juntos”.

Algunos gobernadores dicen que carecen de fondos para afrontar el pago del bono. Carlos Sadir, ministro de Hacienda de Jujuy, señaló que, en todo caso, precisaría “ayuda” para pagarlo. Otros sostienen que no haría falta pagar el bono ya que los acuerdos paritarios suscriptos alcanzarían para hacerle frente a la inflación.

Entretanto, provincias como Chubut, Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego todavía debaten qué hacer. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, dispuso la creación de un fondo para asistir a los municipios del conurbano que declararon no poder pagar el bono. La medida llegó después de que los intendentes de Juntos por el Cambio ejercieran presión en ese sentido.

Kicillof dijo que, como ya estaba acordado un 15% de incremento salarial para los estatales bonaerenses, solamente se pagará el diferencial en los casos que corresponda; una demostración de la estafa que significa un bono absorbible por paritarias.

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Los mandatarios hacen primar el ajuste reclamado por el FMI y la clase capitalista. Esto, en un cuadro en el que, según Empiria Consultores, en febrero las provincias registraron su mayor superávit primario desde 2004. Tuvieron 18 trimestres consecutivos de superávit y siete de resultados financieros positivos. Mientras tanto, han venido ajustando los salarios y presupuestos como los de salud y educación.

Mendoza y Córdoba, dos de las provincias que rechazan el pago del bono, fueron algunas de las jurisdicciones de “mejor performance fiscal”. El alza en la recaudación se debe principalmente al aumento de ingresos por impuestos como Ingresos Brutos (el cual se termina trasladando al precio final de las mercancías) y Sellos, que representan el 80 por ciento de lo que recaudan las provincias.

En este contexto, el gobierno de Cristina Kirchner y Sergio Massa viene recortando las transferencias a las provincias para reducir el déficit fiscal como pide el Fondo. Por lo tanto, en este marco, será muy difícil que otorgue una “ayuda” económica a aquellos gobernadores e intendentes que la reclaman demagógicamente.

Los gobernadores han adoptado la misma posición que cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Desde la UIA dijeron que “que el camino para las discusiones salariales son los acuerdos paritarios”. Es que utilizan las paritarias como un terreno para imponer rebajas salariales más pronunciadas en complicidad con la burocracia sindical.

Es una doble vara, ya que cuando los trabajadores llevan sus verdaderos reclamos a la mesa de negociación, como en el caso del Sutna, las patronales piden la intervención del Estado para inclinar la cancha a su favor y bloquear medidas de fuerza.

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El bono de $60.000, que se pagará en dos cuotas, es una medida tomada por el Frente de Todos para tratar de aminorar el impacto de la devaluación sobre los ingresos de los trabajadores. Forma parte de una política de intervencionismo estatal cuyo objetivo es encubrir la orientación antiobrera del oficialismo. Con todo, las contradicciones sociales se profundizarán aún más al calor del agravamiento de la crisis capitalista.

Por otro lado, se trata de un monto completamente miserable, que además será absorbido por las próximas paritarias. Por ejemplo, si a un sector de trabajadores le corresponde el mes próximo un aumento de $20.000, el bono que recibirá será de $10.000. De este modo se redondea una cuota.

La clase trabajadora tiene que deliberar cómo hacer para organizar una lucha por salarios que cubran el costo de vida y estén indexados a la inflación para defenderse del ajuste de los capitalistas y sus gobiernos. Hay que superar a las burocracias sindicales cómplices de los patrones.

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