La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto Consenso Fiscal 2022, firmado entre el Ejecutivo nacional y gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición. El Frente de Todos logró en el recinto una mayoría que incluyó el voto positivo de varios legisladores de Juntos por el Cambio, de las provincias donde implementarán los impuestazos que se desprenden de este pacto. Como denunció Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, es otra de las leyes a medida del ajuste que el gobierno acordó con el FMI, para reducir los giros desde el Estado nacional a los distritos y comprometerlos en los recortes del gasto público.

Este nuevo pacto fiscal da vía libre a que las provincias avancen en el aumento de impuestos, como Ingresos Brutos, a los Sellos, el Inmobiliario Urbano. Es una “presión tributaria” que recaen sobre la población trabajadora, porque se traslada a los precios de los productos, de los alquileres, se aplica a la vivienda única, y como enfatizó Del Plá: “¿Quiénes pagan los impuestos? Los empresarios y los amigos del poder los evaden todo el tiempo, son los trabajadores y los pequeños comerciantes lo que van a pagar esto”.

La ley permite a los gobernadores endeudarse en moneda extranjera con organismos multilaterales de crédito, al tiempo que fija un tope al gasto de los Estados provinciales, “cuando el sotck de deuda en dólares de las provincias va en crecimiento, empeora con la devaluación, y todo esto en un cuadro de ajuste cada vez mas grave”, sentenció la dirigente docente y legisladora del PO. Además, como el límite a las erogaciones estatales es establecido en relación al PBI, la tendencia a la recesión económica y las presiones devaluatorias implicarán mayores recortes de presupuesto.

 

Esta profundización del carácter regresivo del régimen tributario -que a nivel nacional tiene su pilar en el IVA que grava va todos los consumidores-, se da cuando las finanzas distritales muestran superávits a fuerza de deprimir los salarios de los empleados públicos, como expresan las huelgas docentes y estatales de sur a norte del país. Los impuestazos vienen ahora a compensar el recorte en las transferencias a las provincias, pero a ello se suma la poda en obra pública y en los subsidios a los servicios públicos (que traerá nuevos tarifazos, empezando por el transporte). Con este Consenso Fiscal los gobernadores, que protestan porque el Presupuesto 2023 de Massa y los Fernández agrava esta orientación, revelan que les preocupan los bolsillos de los empresarios y concesionarias, pero no dudan en facturar las consecuencias a los trabajadores.

La ley, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado (donde los legisladores responden en forma directa a los mandatarios provinciales), tuvo ahora el apoyo de radicales e incluso del PRO oriundos de Jujuy, Corrientes y Mendoza, sea por el voto favorable o por la abstención. El voto negativo del resto de Juntos por el Cambio fue entonces demagogia para la tribuna. También esto fue denunciado por Romina Del Plá, al señalar que Larreta no solo aplica la misma política sino que incluso creó nuevos gravámenes, “como el impuesto a las tarjetas de crédito, que los trabajadores usan hasta para pagar en el supermercado. Es una impostura”.

Milei, por su parte, montó todo un show para mostrarse como un enemigo de la presión tributaria, abandonando el recinto tras una pequeña riña con otros diputados. Actúa como vocero de los empresarios que no quieren pagar ni siquiera los aportes patronales que corresponden a sus trabajadores, presionando por una reforma laboral y previsional, al tiempo que postula la reducción drástica del gasto público a fuerza de privatización de la educación y la salud, pero nada dice de los intereses multimillonarios que se le pagan a los bancos. En definitiva, defienden la libertad de los capitalistas para evadir al fisco a costa de arrasar con los derechos de la población.

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