En los últimos días trascendió un informe periodístico donde se mostraba un grupo de mujeres originarias de comunidades del Oeste formoseño. En el mismo aparecen mujeres embarazadas que en el marco de la pandemia y bajo las medidas decretadas por el gobierno, prefieren esconderse en el monte, en condiciones totalmente carentes de todo, incluso del escaso alimento con el que sobreviven en sus hogares. Prefieren aguantar así hasta el nacimiento de su bebé.

Las denuncias de estas mujeres, y de la comunidad, es el temor a ser separados de sus bebés por alguna razón sanitaria, bajo las condiciones impuestas del protocolo por el Covid-19. También denuncian la práctica de cesáreas de forma compulsiva y autoritaria por parte de un sistema sanitario violento contra las mujeres.

Sucede que el gobierno había dispuesto en el pasado el esquema de los centros de aislamientos masivos y compulsivos, en el que bastaba ser sospechado de contacto para ser traslados a estos centros. En varias oportunidades, grupos numerosos de las comunidades llegaron a ser trasladados hasta 500 km de distancias de sus pueblos, separadas de las familias, una situación que las llena de angustia y desesperación. En la entrevista hay testimonios de embarazadas que llevan meses escondidas.

La noticia fue desmentida por el gobierno, pero a la población le consta de los manejos de este régimen, sobre todo a la población originaria, que viene sufriendo las penurias y miserias de un gobierno que sostiene los beneficios de terratenientes y sojeros a costa del brutal empobrecimiento de la población originaria y campesina.

Las políticas represivas del gobierno de Insfrán contra los originarios también son bien conocidas, sobran las denuncias sobre los manejos y abusos por parte de la policía.

Es en esta atmósfera en la que se mueve la población oprimida de Formosa, que tuvo otro episodio repudiable el pasado 5 de marzo, cuando se desató una brutal represión a manifestantes en la ciudad de Formosa por parte de este régimen de hambre.

Exigimos la conformación de una comisión independiente de originarios, Derechos Humanos y organizaciones sociales para investigar las denuncias y las condiciones en las que están estas comunidades.