El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, afirmó en una charla en la Universidad de San Juan que la inflación -que asciende al 50% interanual- “no es solamente responsabilidad del Estado, es una responsabilidad colectiva”. Con dicha aseveración, el ministro buscó hacer un llamado de atención a los sindicatos y los empresarios.

Guzmán hizo, sin embargo, un reconocimiento a los primeros. “De un lado de la mesa, los representantes de los trabajadores actuaron con una capacidad de coordinación muy clara y efectiva, y fueron en la línea de lo que establecía la ley de Presupuesto”. Se refería a las mesas de coordinación de precios y salarios formadas a comienzos de año, que establecieron techos a las paritarias. Efectivamente, la burocracia sindical se acopló rápidamente a la pauta oficial del 29%, basada en el dibujo oficial sobre las expectativas inflacionarias para 2021, que quedó tan lejos de la realidad (el propio gobierno reconoce ahora que la inflación no bajará del 42 o 43% este año) que algunas paritarias se debieron reabrir para compensar parte de la pérdida. Guzmán reconoce abiertamente que el gobierno busca limitar los sueldos, con el concurso de la burocracia de los sindicatos.

¿Qué ocurre con los empresarios? Según el ministro, “del otro lado de la mesa faltó coordinación, faltó capacidad de conducción y alineamiento con un proceso colectivo de estabilización” (todas las citas son de Infobae, 6/8). En otras palabras, mientras los sueldos se contienen, los grupos empresarios han aumentado los precios sin mayores restricciones. Por ejemplo, los lácteos subieron un 41% solo entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, según un informe de Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores). La carne, un 40% en el primer semestre, y en junio  acumulaba un aumento interanual del 90%. Para el mismo período, la vestimenta y el calzado treparon un 65%.

Aquí entra en juego la “responsabilidad del Estado” en la inflación, que ha sido cómplice de este proceso. Y las medidas que tomó, como la limitación de las exportaciones de carne, restringida a unos pocos cortes, apenas se siente en los mostradores. Según BAE (2/8), en julio la baja de la media res en las carnicerías fue de 2,7%. Mientras tanto, el gobierno le concedió a los supermercadistas el fin del programa Precios Máximos.

Por otra parte, con el pago de la deuda externa, el gobierno cede reservas en dólares, lo que contribuye a una depreciación del peso y tiende a incentivar el proceso inflacionario.

Contra lo que afirma Guzmán, los trabajadores -que volverán a perder poder adquisitivo este 2021- no tienen ninguna responsabilidad en el proceso inflacionario sino que son sus víctimas. La lucha salarial es un intento de contrarrestar la pulverización de los ingresos. Hoy en Argentina el salario mínimo ($28.080) apenas supera la canasta de indigencia y muchos trabajadores ganan sueldos que están por debajo de la canasta de pobreza (66 mil pesos).

Frente a los gobiernos que nos han llevado a esta situación, impulsemos una salida por izquierda.

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